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La coordinadora de diputados del PAN en Michoacán, la diputada Teresita Herrera Maldonado, propuso la creación de una Comisión Especial de evaluación y seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La legisladora destacó la necesidad de implementar mecanismos que brinden certeza sobre los el avance y los resultados que se obtienen del Plan anunciado por el Gobierno Federal, así como de la aplicación de los recursos públicos.

“El Grupo Parlamentario de Acción Nacional registramos una propuesta de acuerdo para que se integre una Comisión Especial, para la evaluación y seguimiento del Plan Michoacán, la cual, de manera abierta y transparente, esté informando a la ciudadanía de las acciones que se están realizando, de las estrategias y los avances que se tienen, pero también para que sea conductor y canalizador, en la fiscalización de los recursos públicos estatales que son empleados para este Plan”, explicó.

“El mensaje que enviemos en este momento, como Congreso a la sociedad, no debe polarizarnos más, sino el de propiciar un puente de diálogo que permita transitar a construir verdaderas soluciones duraderas, no temporales. Un Plan no debe ser rígido o inflexible, por el contrario, debe tener la posibilidad de ser modificado en cualquier etapa de su implementación, porque más recursos públicos, no implican necesariamente mayor éxito, cuando la sociedad es dejada de lado”, profundizó la coordinadora parlamentaria.

Tere Herrera detalló que esta Comisión, propuesta por los diputados del PAN, también podrá llamar a los funcionarios estatales para informar sobre los resultados obtenidos, lo que permitirá tener una evaluación real, objetiva y actualizada.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, al recibir el paquete económico para el ejercicio 2026, por parte del Poder Ejecutivo, adelantó que comenzarán con los trabajos de revisión y análisis para dictaminar un paquete fiscal en beneficio de las y los michoacanos.

Ante la presidenta de la Junta de Coordinación Política y el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, la legisladora recibió el proyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la mano del Secretario de Finanzas, Luis Navarro García, ante quienes destacó la sana relación que existe entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

“Hoy será nuestra tarea empezar a analizar, a dictaminar para que este paquete sea en beneficio de nuestro estado. Nuestro papel como Congreso del Estado de Michoacán es cuidar que el presupuesto de las y de los michoacanos se siga ejerciendo como hasta hoy, con responsabilidad”, detalló.

Explicó que seguirán escuchando las exigencias de la ciudadanía en la búsqueda de contribuir en beneficio de ésta, y que en los próximos días estarán informando acerca del detalle del contenido del paquete económico, bajo un proceso transparente, a la vista de todas y de todos los michoacanos.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Alfredo Anaya Orozco, reconoció el trabajo responsable y cuidadoso que ha venido haciendo la administración estatal. Agradeció la puntual entrega del paquete fiscal 2026 y puntualizó que seguirán trabajando a favor del Estado de Michoacán.

El Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda mencionó que el proyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos es un paquete muy bien balanceado, sin déficit, sin deuda pública, que contempla incrementos importantes en áreas sustanciales de la administración.

Por su parte, el Secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro detalló que el paquete fiscal para el ejercicio 2026 contempla recursos por el orden de los 107 mil 887 millones de pesos, con un incremento superior al 9 por ciento con respecto del ejercicio actual.

Agradeció a las y los diputados de la 76 legislatura por el voto de confianza otorgado a la administración estatal para la contratación de obras multianuales, las cuales han sido cubiertas conforme a lo proyectado, lo que les llevará en el 2026 a contar con un presupuesto más cómodo que permitirá invertir recursos en otras áreas.

Explicó que en el presupuesto de egresos 2026 se contemplan incrementos importantes a la Secretaría de Educación, a los Subsistemas Educativos, a la infraestructura educativa y deportiva; así como a diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial.

Agregó que la composición del presupuesto la lograron gracias a la recaudación local, con la implementación del gobierno digital “y eso ayuda a darle una mayor respuesta a los ciudadanos en obras, acciones y programas”.

Durante la entrega también estuvieron presentes las y los legisladores: Belinda Iturbide Díaz, Adriana Campos Huirache, Melba Edeyanira Albavera Padilla, Sandra Arreola Ruíz, Grecia Aguilar Mercado, Brissa Arroyo Martínez, Reyes Galindo Pedraza, Marco Polo Aguirre Chávez, Baltazar Gaona García, Vicente Gómez Núnez, José Antonio Salas Valencia, Antonio Carreño Sosa, Alfonso Chávez Andrade y Juan Pablo Celis Silva.

Madres buscadoras y colectivos para la localización de personas desaparecidas podrán otorgar digna sepultura a sus seres queridos, sin trámites engorrosos y sin órdenes judiciales, pues tras la iniciativa de la diputada de extracción morenista Belinda Iturbide Díaz, el Registro Civil podrá emitir certificados de defunción seis meses después de la muerte de la persona, situación que no ocurría en la entidad.

Y es que tras la aprobación que hiciera hoy el Congreso de Michoacán, fueron reformados el artículo 118 del Código Familiar de Michoacán y la Ley Orgánica del Registro Civil en su artículo 20, para que sean eliminados los obstáculos administrativos que impedían la expedición de actas de defunción si la persona tenía más de seis meses de muerta.

Este plazo de seis meses, provocaba que cuando los restos de una persona desaparecida se localizaran después de mucho tiempo, las familias no pudieran obtener el acta de defunción y por ende, el permiso en el cementerio municipal para un entierro digno, ya que sin este documento en los camposantos no se permitía dar sepultura.

Antes de la reforma aprobada por la 76 Legislatura Local del Congreso de Michoacán, el Código Familiar sólo permitía el levantamiento del acta respectiva por orden de una autoridad judicial, además se generaba revictimización, bajo el argumento de que realizaban el trámite seis meses después de lo marcado en la ley, lo cual impedía dar sepultura y se alargaba el proceso del duelo, por un formalismo legal.

De esta manera, la Fiscalía o autoridad investigadora solicite la expedición del acta de defunción por el hallazgo de un cadavér o restos humanos, el Registro Civil la expida sin tomar en cuenta la limitación de seis meses.

La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, presentó una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que los programas asistenciales dirigidos a niñas, niños, adolescentes y mujeres que padecen cáncer, así como a sus familias, queden establecidos de manera permanente en la Constitución Política del Estado de Michoacán.

La propuesta, que reforma el quinto párrafo del artículo 2°, busca que estos apoyos no dependan de la voluntad del gobierno en turno, sino que se conviertan en una obligación del Estado, asegurando su continuidad sin importar los cambios políticos o administrativos.

Durante su exposición de motivos, la legisladora señaló que en México se registran alrededor de 7 mil nuevos casos de cáncer infantil y adolescente al año, mientras que entre mujeres se detectan cerca de 20 mil casos anualmente, siendo el cáncer cervicouterino y el de mama los más agresivos y con mayor mortalidad.

En el caso de Michoacán, recordó que el Programa para Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer ha atendido a 430 menores, con una inversión superior a 23 millones de pesos, mientras que el Programa para el Bienestar de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino ha destinado más de 97 millones de pesos para apoyar a 1,800 mujeres en 110 municipios.

Afirmó que estos apoyos, consistentes en cuatro mil pesos mensuales, representan un respaldo fundamental para las familias, pues permiten cubrir gastos básicos como traslados a hospitales, alimentación durante la atención médica y necesidades esenciales derivadas del tratamiento oncológico. “No son ocurrencias: son programas que salvan vidas y dan esperanza”, subrayó.

Isauro Hernández explicó que ambos programas tienen sustento en diversos instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil impulsada por la OMS, así como en legislación nacional como la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Sin embargo, advirtió que en Michoacán estos apoyos no cuentan aún con un respaldo constitucional que garantice su permanencia a largo plazo.

La diputada llamó a sus compañeros legisladores a dejar claro en la Constitución la obligación del Estado de proteger y acompañar a quienes enfrentan el cáncer, independientemente de colores partidistas o ideologías. “Plasmar estos programas en nuestra Constitución es un acto de responsabilidad humana y política. Debe ir más allá de un gobierno”, expresó.

La iniciativa establece que el Estado deberá garantizar programas asistenciales para mujeres, niñas, niños y adolescentes con cáncer y para sus familias, además de promover el desarrollo físico, moral, intelectual, social y económico de la población.

De aprobarse la reforma, el Congreso deberá adecuar la legislación secundaria en un plazo máximo de 90 días. El decreto también será remitido a los ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cherán para su análisis y votación, como lo establece la ley. La propuesta fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen.

Con la finalidad de promover el reencuentro familiar entre personas migrantes y sus seres queridos, sin imponer obligaciones administrativas ni presupuestales que pudieran resultar inviables para los municipios, el Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán.

De esta forma es que la Comisión de Asuntos Migratorios promoverá, en conjunto con la Secretaría del Migrante, mecanismos de apoyo para la reunificación familiar, sin que ello implique la creación de una nueva estructura u organismo.

En el dictamen presentado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y a la Comisión de Migración, se establece que “el reencuentro familiar entre personas migrantes y sus seres queridos, representa una necesidad legítima y una acción prioritaria para garantizar los derechos de quienes han tenido que migrar”.

Es importante señalar que estos Centros Municipales de los Migrantes, cuentan también con atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento integral, para las personas migrantes y sus familiares en Michoacán.

“Las niñas y los niños son el centro de nuestra sociedad; debemos garantizarles cuidados en todo momento, incluso cuando su mamá o papá se encuentran trabajando”, apuntó Antonio Salas Valencia, diputado por el distrito IX con cabecera en Los Reyes.

Al hacer uso de la tribuna, Salas Valencia expresó que con esta iniciativa que presenta, se propone que las madres y padres que laboran en el sector gobierno cuenten con un espacio seguro, ya sea en su centro de trabajo o cerca de éste, donde sus hijas e hijos puedan ser atendidos mientras concluyen su jornada laboral.

“Proponemos crear condiciones reales para que las madres trabajadoras, y también los padres, cuenten con espacios de cuidado para sus hijas e hijos en edad escolar, mientras cumplen con su jornada laboral. Con ello, apoyamos a las familias, protegemos a nuestras niñas y niños y contribuimos a romper la brecha laboral entre mujeres y hombres”.

El diputado panista explicó también que la falta de espacios educativos, con horarios extendidos, para hijos de madres trabajadoras, amplía la brecha que existe en materia laboral entre mujeres y hombres, pues son ellas quienes dedican más horas al cuidado familiar y quienes, con mayor frecuencia, sacrifican su crecimiento profesional para cumplir con estas responsabilidades.

“La falta de espacios de cuidado infantil para hijas e hijos en edad escolar sigue siendo una barrera para que las mujeres continúen ascendiendo, capacitándose y consolidando su desarrollo profesional. Por eso, esta iniciativa es profundamente humana, necesaria y justa”.

Recalcó que esta iniciativa acerca a las mujeres, niñas y niños hacia la justicia, la protección adecuada y la creación de políticas públicas específicas a sus necesidades.

El diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura, presentó una iniciativa para reformar el artículo 155 del Código Penal del Estado, con el objetivo de actualizar y fortalecer la figura del delito de peligro de contagio, garantizando con ello una protección efectiva de la salud individual y colectiva.

El legislador ecologista subrayó que el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política, es un bien jurídico fundamental que el Estado tiene el deber ineludible de tutelar. Sin embargo, la legislación penal actual requiere ser adecuada para sancionar conductas que, por su gravedad, merecen una respuesta proporcional y contundente.

“La iniciativa se centra en tres ejes fundamentales para brindar máxima protección a los más vulnerables. No podemos permitir que nuestra ley permanezca débil frente a agresiones graves a la salud”, afirmó el Diputado Espinoza Villa.

Los tres ejes centrales de la reforma son un Incremento de la Penalidad Base para el delito de peligro de contagio, reconociendo la gravedad de poner en riesgo la salud de otro con conocimiento de padecer una enfermedad grave e incurable en período infectante.

Agravante por Contagio Doloso, que incrementa la pena hasta en una mitad cuando el agente actúe con la intención expresa de transmitir la enfermedad y el contagio se produzca y la protección especial para Grupos Vulnerables, son parte de la propuesta de reforma.

“Es inaceptable que la ley no sancione con mayor severidad a quien se aprovecha de la debilidad o la incapacidad de defensa de otro. Cuando la víctima es una niña, un niño, una persona con discapacidad cognitiva o un adulto mayor cuya fragilidad los expone a consecuencias catastróficas, el Estado está obligado a defenderlos primero y con la máxima energía”, explicó el diputado del PVEM.

Espinoza Villa hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores para apoyar esta iniciativa, que busca, desde un enfoque de protección a los más vulnerables y de responsabilidad, dotar a Michoacán de un marco jurídico robusto que garantice que la vida y la salud sean verdaderamente protegidas.

“Esta reforma no criminaliza la enfermedad; protege. Protege a la infancia, protege a las personas mayores, protege a las personas con discapacidad y protege la confianza ciudadana en nuestro sistema de salud. Porque la salud no es negociable, la dignidad no es opcional y la protección de los más vulnerables no admite retrasos”, concluyó.

Que se reconozca la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es la propuesta de reforma que presentó la diputada Vanessa Caratachea.

“La capacidad jurídica es el punto de partida para el goce real y efectivo de todos los derechos humanos. Negar la capacidad jurídica equivale a negar la vida civil de una persona”, manifestó en tribuna la legisladora.

Esto, porque el Código Civil del estado mantiene una mirada tutelar hacia las personas con discapacidad, cuando los tratados internacionales y la misma normativa general del país reconoce a las personas con discapacidad mayores de edad como personas con capacidad jurídica, es decir, que pueden realizar actos jurídicos y son sujetos de derechos y obligaciones.

“Una visión que etiquetó, que excluyó, que redujo a las personas con discapacidad a sujetos de protección, negándoles la posibilidad de decidir sobre su patrimonio y su propia vida. Esa visión ya no tiene cabida en el Michoacán del siglo XXI”, destacó la diputada del PAN.

La propuesta es reformar el artículo 22 de dicho código para establecer que “ninguna persona podrá ser privada de su capacidad jurídica por motivo de discapacidad” lo que no quiere decir, aclaró Vanessa Caratachea, que se les esté dejando desamparados.

“Introduce un sistema de apoyos y salvaguardas judiciales, que permitirá acompañar a quienes lo requieran, sin sustituir su voluntad ni anular su autonomía”, explicó.

La diputada de La Piedad señaló que no se trata únicamente de una armonización de ley, sino de un cambio de paradigma, pues se reconocen los derechos civiles de las personas con discapacidad.

Es además, agregó Vanessa Caratachea, una obligación legal, puesto que en 2023 se publicó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la obligación de que los congresos locales reformaran su propia normativa antes de 2027.

La diputada local y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Emma Rivera Camacho, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en Michoacán, en medio del debate público respecto a la posible implementación de la revocación de mandato para el Ejecutivo estatal.

Rivera Camacho subrayó que la participación directa de la ciudadanía en la evaluación de sus gobiernos es una prioridad que el movimiento de la Cuarta Transformación ha impulsado desde sus orígenes. Recordó que la revocación de mandato se consolidó como un ejercicio democrático durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y forma parte de las herramientas diseñadas para ampliar la voz de las y los ciudadanos en la toma de decisiones.

“La revocación de mandato es un mecanismo que fortalece el poder ciudadano. Como movimiento, siempre hemos promovido instrumentos que permitan a la sociedad evaluar el desempeño de sus autoridades y participar activamente en los asuntos públicos”, expresó.

La legisladora informó que en la Comisión de Puntos Constitucionales ya se encuentran dos iniciativas en análisis relacionadas con este mecanismo. Agregó que se han sostenido diversas reuniones para conocer las posturas de las fracciones parlamentarias, donde la mayoría coincide en que la participación ciudadana debe seguir siendo un eje del trabajo legislativo.

“Llegará el momento de discutir y dictaminar estas propuestas. Hemos tenido avances importantes en la mesa técnica y existe un reconocimiento general de que la participación ciudadana es parte de una agenda democrática que debemos seguir fortaleciendo”, afirmó.

Respecto a la temporalidad que establece la Constitución para la aplicación de este tipo de ejercicios, Rivera Camacho precisó que no sería posible implementarlo en la administración estatal actual, pues la ley solo permite realizarlo durante los primeros tres meses posteriores al tercer año de gobierno. Aclaró que este punto será parte del análisis que realice la Comisión.

Finalmente, Rivera Camacho reiteró que desde el Congreso del Estado continuará trabajando en reforzar y ampliar las herramientas de participación ciudadana, con el compromiso de que Michoacán avance hacia un modelo democrático más abierto, incluyente y cercano a la gente.

El Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por el diputado Juan Pablo Celis, del Grupo Parlamentario de Morena, para establecer en la legislación local la Indemnización Patrimonial por Viudez, una figura que reconoce jurídicamente el valor del trabajo doméstico y de cuidados realizado dentro del hogar.

La reforma permitirá que cónyuges y concubinos sobrevivientes que dedicaron su vida a las labores del hogar tengan derecho a recibir hasta el 50% de los bienes del patrimonio de familia y del haber hereditario, garantizando protección económica y seguridad jurídica a miles de michoacanas y michoacanos.

El legislador destacó que la medida busca corregir una injusticia histórica, ya que las tareas del hogar y el cuidado de personas dependientes han sido tradicionalmente invisibilizadas y no contaban con reconocimiento patrimonial en caso de viudez.

“El trabajo en casa sí vale, sostiene familias y merece ser protegido. Esta reforma es un principio elemental de justicia económica y dignidad para quienes cuidaron toda una vida”, declaró Juan Pablo Celis.

La nueva disposición coloca a Michoacán a la vanguardia nacional en materia de derechos familiares, pues actualmente la ley solo contemplaba compensaciones por cuidados en casos de divorcio bajo régimen de separación de bienes, dejando sin protección a quienes quedaban en viudez tras años dedicados al hogar.

Celis señaló que la reforma está alineada con los principios del humanismo mexicano impulsado por la Cuarta Transformación, que plantea poner a las personas en el centro de las políticas públicas y construir un marco legal más justo y sensible a las realidades de las familias.

“No hay democracia plena sin igualdad dentro de los hogares. No hay justicia si quienes sostuvieron a sus familias quedan en el abandono. Hoy legislamos para que el cuidado deje de ser invisible”, afirmó.

El diputado aseguró que esta reforma representa un paso firme hacia la igualdad sustantiva, pues reconoce el cuidado como un trabajo con valor económico y social, y reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan los derechos de las familias michoacanas.