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Con la finalidad de establecer medidas concretas para evitar que las niñas, niños y adolescentes que son o han sido víctimas de violencia directa o indirecta, convivan forzosamente con sus agresores o los agresores de sus progenitoras, el Pleno de la 76 Legislatura aprobó diversas reformas al Código Familiar para el estado de Michoacán.

Con esto, se constituye una acción positiva en beneficio de las mujeres y las infancias michoacanas, que evita la revictimización de aquellas que han sufrido violencia y se les obliga a convivir con quien ejerce violencia en su contra.

De esta forma se estableció que “durante el divorcio, no se otorgará la guardia y custodia de hijas e hijos menores de edad a la persona integrante del matrimonio, cuando existan elementos que permitan concluir que existe violencia contra de alguno o algunos de los integrantes del núcleo familiar; parta acreditar cualquier conducta violenta se podrán ofrecer y admitir cualquier medio de prueba que no sea ilícito que hagan presumir la existencia de un riesgo que pueda dañar la integridad física o mental de las hijas e hijos”.

En ese mismo sentido, también se especificó que la patria potestad se perderá cuando se cometan conductas de violencia familiar o violencia vicaria, en contra de quien se ejerce la patria potestad o contra quien ejerza la guardia y custodia de los menores de forma temporal o definitiva decretada por la autoridad competente.

Las y los diputados locales, aprobaron diversas modificaciones a la Ley Por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en Estado de Michoacán así como al Código Penal, por lo que la violencia obstétrica, ya se encuentra en el marco legal de Michoacán, con la finalidad de proteger los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Con estas reformas, también se reconoce que la violencia contra los derechos reproductivos limita el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva.

Con esto, la 76 Legislatura construye un marco normativo que garantice los servicios de salud desde una perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género, así como la atención médica profesional, respetando las necesidades específicas, usos, costumbres y decisiones de las mujeres bajo los principios de interculturalidad y debida diligencia.

El dictamen aprobado señala que la violencia obstétrica se refiere a “toda acción u omisión realizada por el personal de salud en el ámbito público o privado, que tenga por objeto la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres o personas gestantes; se asocia al maltrato físico o psicológico y se expresa por un trato deshumanizador o denigrante, procedimientos innecesarios, negligencia, discriminación, abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo la pérdida de la autonomía y capacidad de decidir de manera libre e informada sobre sus cuerpos y sexualidad”.

De la misma forma se estipula que en materia de violencia obstétrica, se deberán desarrollar y aplicar acciones y programas que fomenten la atención integral, en un ámbito de dignidad y respeto hacia las mujeres y personas gestantes durante el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas, así como el acceso de las mujeres a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de hijos y, en su caso, los métodos anticonceptivos que deseen utilizar; de igual forma se instrumentarán políticas transversales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia obstétrica.

El diputado Hugo Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa para reconocer formalmente en la Ley Orgánica la práctica de la suscripción de iniciativas, con el fin de fortalecer la responsabilidad política entre legisladoras y legisladores, mejorar la colaboración entre fuerzas parlamentarias y agilizar el trabajo de dictaminación en comisiones.

Durante su intervención, Rangel Vargas destacó que la suscripción de iniciativas —acto mediante el cual diputadas y diputados manifiestan su adhesión a una propuesta presentada en tribuna— es una práctica cotidiana cargada de democracia, diálogo y corresponsabilidad, pero que hoy carece de un marco formal que garantice que los temas respaldados avancen con prontitud y claridad dentro del proceso legislativo. Esta figura, recordó, da vida a principios: entendimiento político y los acuerdos entre legisladores, indispensables para colocar el interés ciudadano por encima de cualquier postura partidista.

El legislador del PT subrayó que suscribir una iniciativa implica adquirir una responsabilidad social y política frente a la ciudadanía, pues quien firma expresa su voluntad de respaldar el tema y acompañarlo en todas las etapas del proceso legislativo. Por ello, formalizar esta figura permitirá que el respaldo público de los distintos grupos parlamentarios se refleje en un trabajo más ordenado, transparente y colaborativo dentro de las comisiones.

Finalmente, Hugo Rangel sostuvo que esta reforma busca convertir una práctica cotidiana en un compromiso tangible que fortalezca la vida parlamentaria, acelere la dictaminación y favorezca el consenso entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Con ello, dijo, se garantiza que las iniciativas acompañadas por diversas voluntades avancen con mayor responsabilidad y respondan a las necesidades y prioridades de la ciudadanía michoacana.

Desde la máxima tribuna del Congreso, el diputado del PRD, Octavio Ocampo presentó una iniciativa que impulsa la necesidad urgente de humanizar la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual.

La iniciativa propone adicionar un párrafo al Artículo 65 de la Ley de Atención a Víctimas de Michoacán para establecer que, en estos casos tan sensibles, las víctimas tendrán derecho a ser asesoradas preferentemente por una Asesora Jurídica. Es un cambio que ofrece un primer paso seguro y con perspectiva de género para miles de michoacanas que hoy temen denunciar.

El diputado Ocampo expuso el doloroso contexto que obliga a esta reforma, toda vez que tan solo en 2023 se contabilizaron 524 violaciones sexuales y más de 500 abusos, con la abrumadora mayoría, más del 80%, recayendo sobre mujeres y niñas.

El problema, enfatizó, no es solo la incidencia del delito, sino la revictimización que sufren en el proceso judicial. El legislador señaló que, «La violencia sexual en Michoacán no son incidentes aislados, es una problemática grave y compleja que afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, y sus consecuencias son devastadoras.» La falta de sensibilidad, el prejuicio y la frialdad institucional convierten el acceso a la justicia en un calvario, lo que explica la alta cifra negra de mujeres que, por miedo y estigmatización, deciden guardar silencio antes que enfrentar otro trauma en los juzgados.

La esencia de la propuesta reside en la empatía. Ocampo explicó que, dadas las profundas afectaciones psicológicas y el dolor que implica revivir un ataque sexual, muchas víctimas se sienten inherentemente más seguras y comprendidas al tener el acompañamiento de una profesional de su mismo género. No se trata de una exclusión, sino de un reconocimiento de la necesidad humana de la víctima: garantizar que el asesoramiento legal sea no solo competente, sino también libre de cualquier prejuicio y con un enfoque que priorice su dignidad. Es un mandato que, recordó, está alineado con compromisos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado a dar atención especializada y con perspectiva de género.

Al someter la iniciativa a consideración, el legislador insistió que la justicia, la seguridad y la dignidad de las mujeres debe ser la prioridad absoluta de la 76 Legislatura. La reforma, que simplemente añade al Artículo 65 que «Las mujeres que hayan sido víctimas de delitos sexuales, tendrán derecho a ser asesoradas preferentemente por una Asesora jurídica», es el mecanismo para erradicar las prácticas revictimizantes. El diputado cerró su intervención con un llamado frontal a sus pares, urgiendo a legislar «en contra de la impunidad» y a asegurar que las víctimas de delitos sexuales en Michoacán se sientan, por fin, acompañadas en todo momento por un sistema que las ve y las escucha.

A través de una reforma que busca adicionar y armonizar, diversas disposiciones dentro de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, el diputado Reyes, Galindo Pedraza, busca que se implementen restricciones de tránsito para camiones que transportan más de 10 mil litros de material peligroso.

Lo anterior lo planteó en el pleno del Congreso de Michoacán, donde el líder del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, expuso la necesidad de específicar disposiciones que regulen aspectos relacionados con horarios, rutas, condiciones técnicas, señalización o capacitación relacionadas con el transporte de materiales peligrosos.

Al argumentar que dicha omisión genera un vacío legal que pone en riesgo la integridad de las personas y del entorno, al no establecer límites claros ni obligaciones preventivas para quienes prestan este tipo de servicios; situación en la que esta entidad en su compromiso con la seguridad pública, la protección civil y el bienestar de su población, enfrenta un reto que requiere atención urgente y responsable: la regulación estricta del transporte de materiales peligrosos en su territorio.

“En México, el transporte terrestre de derivados de petróleo implica un alto nivel de riesgo para los operarios, conductores y habitantes de las zonas por las que transitan estos servicios logísticos. Particularmente, en el Estado de Michoacán la mayor parte del traslado de materiales peligrosos se realiza por medio de transporte terrestre, atravesando zonas urbanas y rurales en las que la densidad poblacional y la falta de medidas preventivas adecuadas incrementan significativamente el potencial de daño ante cualquier accidente”, expuso el legislador.

En ese contexto, explicó que en esta reforma se pretende establecer horarios específicos de circulación para vehículos que transporten materiales peligrosos, restringiendo su tránsito en zonas urbanas a únicamente entre las 20:00 y las 08:00 horas, salvo casos de emergencia debidamente justificados, así como obligar a las unidades a contar con señalización visible y sistemas de seguridad certificados, garantizando que el traslado cumpla con normas técnicas y ambientales vigentes.

Además de coordinar con las autoridades de protección civil la elaboración de rutas seguras y protocolos de actuación inmediata ante siniestros o fugas, capacitar y certificar a los operadores de transporte especializado para asegurar que cuenten con los conocimientos necesarios en materia de prevención, reacción y manejo de contingencias; y establecer sanciones ejemplares en caso de incumplimiento, priorizando la seguridad y la prevención por encima del interés económico.

Por último, Reyes Galindo enfatizó que esta reforma no pretende obstaculizar la actividad económica, sino garantizar que la movilidad en Michoacán se realice con responsabilidad y bajo criterios de seguridad integral, ya que es deber del Estado proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad de sus habitantes, previniendo los riesgos, antes de que se conviertan en tragedias.

Al reconocer la importancia del turismo digital, la 76 Legislatura reguló su operación con criterios de equidad y responsabilidad, reformando la Ley de Turismo del Estado, para promover la formalidad económica y fortalece la competitividad del sector turístico de Michoacán.

Al adicionar el capítulo denominado del Registro Turístico y la Estancia Turística eventual, a dicha ley, se incorporan disposiciones que establecen las obligaciones de los anfitriones y de las plataformas tecnológicas, así como los mecanismos de registro, supervisión y responsabilidad compartida.

El dictamen elaborado por la Comisión de Turismo, precisa que en los últimos años ha surgido una nueva modalidad de hospedaje mediante plataformas tecnológicas que conectan a oferentes de inmuebles con turistas o visitantes; práctica que aunque legítima, ha operado en la informalidad, dejando fuera del control de las autoridades aspectos esenciales en materia de protección civil, seguridad, higiene y fiscalización.

Por lo anterior, las y los diputados integrantes de la 76 Legislatura celebraron la propuesta impulsada por el diputado Antonio Salvador Mendoza Torres, mediante la cual se crean los Padrones de Anfitriones y de Plataformas Tecnológicas, a cargo de la Entidad responsable del Gobierno Digital y de la Secretaría de Turismo del Estado, lo que constituye una herramienta fundamental para la transparencia, control y formalización del sector.

Este registro permitirá identificar a los prestadores del servicio, verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y protección civil, y facilitar la supervisión fiscal y administrativa; para lo cual, la Secretaría de Turismo del Estado y la Dirección General de Gobierno Digital Michoacán, tendrán un plazo de 180 días naturales para realizar las acciones correspondientes al desarrollo de los sistemas electrónicos por medio de los cuales podrán registrarse los Anfitriones y las Plataformas Tecnológicas.

Cabe destacar, que las nuevas disposiciones legales no generan impacto presupuestal adicional significativo, toda vez que las nuevas funciones asignadas podrán ser desarrolladas con los recursos humanos, materiales y financieros existentes en dichas instituciones.

Las y los integrantes de la 76 Legislatura aprobaron establecer en la Constitución Política del Estado, que toda persona tiene el derecho humano a vivir en una sociedad libre de corrupción y buena administración, a la fiscalización, y a la rendición de cuentas públicas.

Lo anterior, en sesión extraordinaria, con 26 votos a favor aprobaron el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, el cual contenía la propuesta presentada por el diputado David Martínez Gowman, que tiene el principal objetivo de plasmar en el artículo 2° de la Carta Magna del Estado, el reconocimiento constitucional a dicho derecho humano.

Dicha adecuación, a decir de las y los legisladores, se traduce en un tema práctico para las políticas legales, y primordial para la ética jurídica de las autoridades con la ciudadanía; ya que, el referir la fiscalización y rendición de cuentas, permite que la ciudadanía sea partícipe y fortalece la democracia.

“El reconocer este derecho implicará democratizar la lucha anticorrupción. Si la corrupción es un problema sistémico, la solución debe ser igualmente amplia, permitiendo que cualquier persona pueda exigir jurídicamente su derecho a la no corrupción, bajo la aplicación del derecho internacional”, precisa el dictamen avalado por el Pleno de la 76 Legislatura.

Esta reforma ayudará al combate de delitos considerados como corrupción, tal es el caso de: el abuso de autoridad, abuso de confianza, conflictos de intereses, enriquecimiento ilícito, fraude, información privilegiada, malversación de fondos, manipulación de licitaciones, sobornos, y tráfico de autoridad.

“La corrupción daña las instituciones y gobierno, debilita el núcleo social e incentiva la apatía de las personas, cuando existe un desvió de recursos, esto produce inoperatividad en las políticas públicas, lo que resulta en afectación a los derechos fundamentales de la sociedad, como es la educación, salud y seguridad”, coincidieron las y los legisladores.

Cabe señalar que el decreto será enviado a los ayuntamientos del Estado y al Concejo Mayor de Cherán, para que emita el resultado de su votación, y de ser aprobatorio el resultado, hacer la declaratoria oficial de la misma.

Las y los diputados del Congreso del Estado reformaron diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de armonizar el marco jurídico referenciado en la misma, para que se establezca en las definiciones como autoridades registrales y catastrales a los presidentes municipales en la entidad.

De igual forma, para establecer diversas precisiones en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, particularmente en lo que se refiere a las denominaciones del citado ordenamiento; la sustitución de la Ley de Catastro del Estado de Michoacán de Ocampo, ya abrogada, como consecuencia de la nueva Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán.

Las diputadas y diputados integrantes de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Deuda Pública sometieron a consideración del Pleno Legislativo diversas reformas para la sustitución en todos aquellos artículos que refieren a la Dirección de Catastro, por el Instituto Registral y Catastral.

En atención a la homologación del marco normativo municipal con el estatal y federal de la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Michoacán de Ocampo, votaron a favor de derogar el concepto de “Corridas de Toros” del Impuesto sobre Espectáculos Públicos, del Título Segundo de los Impuestos Sobre los Ingresos, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Finalmente, las y los legisladores aprobaron una reforma el artículo 5°, fracción V, de la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, para definir que las autoridades registrales y catastrales son el Gobernador del Estado, el Secretario de Finanzas y Administración, el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, el Director de Catastro, el Director del Registro Público de la Propiedad, Coordinadores Regionales, los Presidentes Municipales de la Entidad y demás autoridades con funciones registrales.

Durante la presentación del libro “Dinámicas Familiares Morelianas Contemporáneas”, en el que se da cuenta de la forma de vida de familias que habitan la capital michoacana, la diputada Teresita de Jesús Herrera destacó la importancia de los datos que éste aporta, lo que lo convierte en una herramienta para legislar con datos, con realidad y con perspectiva humana.

“Este libro es una herramienta para académicos, autoridades municipales, estudiantes, legisladores y organizaciones civiles. Pero también es un recordatorio que detrás de cada cifra hay un nombre, una historia, un sueño y un reto cotidiano. Si los escuchamos con seriedad, podremos construir políticas públicas que realmente transformen la vida de las personas”, señaló la presidenta de la Comisión de la Familia.

En la presentación del libro editado por la Universidad Vasco de Quiroga, con apoyo del Congreso del Estado y el DIF Morelia, precisó que aun cuando la familia es ese espacio donde todo empieza y el refugio en los momentos difíciles, es también el lugar donde se sienten con más fuerza las desigualdades, los silencios y los retos que como sociedad se tienen pendientes.

“Este libro no sólo habla de carencias, también habla de esperanza. Desde la Comisión de la Familia del Congreso del Estado, este trabajo nos confirma algo fundamental: defender a las familias no puede quedarse en discursos; significa, sobre todo, escuchar y actuar”.

Ante las legisladoras Ana Belinda Hurtado Marín, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, Adriana Campos Huirache y Sandra Olimpia Garibay Esquivel, la rectora de la Universidad Vasco de Quiroga, Lydia Nava Vázquez destacó que el libro muestra la realidad que viven las familias morelianas, y que con él, se busca contribuir con la generación de las políticas públicas de desarrollo, orientadas a una mejor calidad de vida, “y sobre todo, que en conjunto, podamos solucionar los problemas que enfrentan las familias”.

La coordinadora del libro, Flor de María Tavera Ramírez, detalló que el trabajo de investigación se llevó a cabo por 33 jóvenes estudiantes de distintas escuelas de la UVAQ, a un total de 406 familias morelianas, cuyos resultados fueron plasmados en seis capítulos. “Lo más valioso de esta obra es que reconoce que todas las familias importan, sus luchas, sus logros, sus cambios, sus silencios y sus esperanzas”.

Explicó que el libro visibiliza realidades que pocas veces se investigan con rigor, al hacerlo de manera metodológica; humaniza la política pública al colocar a las familias en el centro y hace propuestas de políticas públicas que permiten atender las necesidades actuales de las familias; además de que abre puerta a nuevas investigaciones y proyectos comunitarios.