Legislativo

La Libertad de Expresión permite el debate de ideas, la crítica constructiva y la construcción de consensos, es por ello que en este día el Comité de Comunicación Social de la 76 Legislatura Local del Congreso de Michoacán reconoce a las y los periodistas y profesionales de los medios de comunicación por su labor.

Y es que “la labor de los y las periodistas, es fundamental para una sociedad informada y democrática, y para la transparencia y progreso social”, aseguró Belinda Iturbide Díaz, presidenta del Comité.

“A nombre del Comité de Comunicación Social de la 76 Legislatura”, señaló Iturbide Díaz, “expreso nuestro más sincero reconocimiento a los profesionales de los medios de comunicación, pues con su pluma construyen una sociedad libre e inclusiva”.

Por ello, abundó, “en este día relevante, recordamos que para la 76 Legislatura Local, el acceso a la información siempre será nuestra bandera, pues es un derecho humano básico, constitucional y fundamental, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

“Para cambiar el presente y futuro de Michoacán es necesario fortalecer el núcleo de toda sociedad, que es la familia”, aseveró Teresita Herrera Maldonado, diputada presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Familia en el Congreso del Estado.

Al realizar el primer foro para la construcción de la Ley de la Familia en el Estado de Michoacán, en el municipio de Hidalgo, la legisladora Tere Herrera detalló que “esta ley busca devolverle a la familia el lugar central que debe tener en la construcción de un Michoacán más fuerte y más justo”.

“Lamentablemente la familia hoy sufre un gran ataque, no solamente en su conformación, sino en su relevancia en la vida de una sociedad. Identificamos que gran parte del problema que vive una sociedad, como violencia, migración, inseguridad, delincuencia y en general la destrucción del tejido social se debe a que por décadas se descuidó el tema de la familia”.

Ante representantes del DIF municipal, de instituciones gubernamentales, directores de escuelas, padres de familia, señaló que “estos importantes diálogos se realizarán en diferentes puntos del estado para escuchar a la población y enriquecer la propuesta de Ley, en donde se dé voz a las necesidades de las niñas, niños, jóvenes, adultos mayores”.

“A través de estas mesas de trabajo queremos fortalecer y enriquecer con sus propuestas este proyecto de Ley que ya tiene un avance. La idea es llevar a cabo al menos 5 foros en todo el estado”.

Por su parte, la presidenta municipal de Hidalgo, Jeovana Alcantar Baca, destacó la relevancia de este esfuerzo legislativo y adelantó que, de aprobarse, Michoacán se convertiría en el cuarto estado del país en contar con una Ley de la Familia.

“Queremos seguir fomentando los valores en nuestros jóvenes, que tengan un lazo y soporte fuerte en nuestras familias, que son un refugio de amor y protección para todos”.

La realización del foro es un primer paso hacia el enriquecimiento de una legislación que prioriza la protección y desarrollo de las familias, con una visión incluyente y de largo plazo.

Ante la alarmante falta de atención médica en las escuelas públicas, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Abraham Espinoza Villa, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de Michoacán, con el objetivo de establecer la obligatoriedad de espacios de enfermería en todas las escuelas de educación básica, en beneficio a más de 900 mil estudiantes.

Señaló que el 90% de las 11 mil escuelas en Michoacán no cuentan con enfermería ni personal capacitado en primeros auxilios, lo que deriva en la falta de atención adecuada en casos como desmayos, crisis asmáticas o alergias quedan sin atención inmediata, violando el derecho a la salud (Artículo 4º Constitucional).

«No podemos normalizar que una niña se desmaye en clase sin ayuda, o que un niño con asma espere minutos críticos para ser atendido. La salud no es un privilegio: es un derecho que debemos garantizar desde las aulas.», explicó el diputado.

Destacó que organismos como la OMS y la UNESCO respaldan estas medidas, ya que la salud escolar impacta directamente en el rendimiento académico y la inclusión social.

Espinoza Villa subrayó que la propuesta adiciona el Artículo 72 Bis a la Ley de Educación, estableciendo una implementación progresiva de enfermerías en coordinación con las secretarías de Educación y Salud, las cuales deben tener personal capacitado para desarrollar funciones como atención de emergencias y primeros auxilios, detección temprana de problemas físicos y emocionales y promoción de hábitos saludables (nutrición, higiene, vacunación).

La iniciativa se alinea con la Estrategia Nacional Integral de Vida Saludable, que ya prohíbe la venta de comida chatarra en cooperativas escolares. Sin embargo, Michoacán da un paso adelante al institucionalizar la enfermería escolar como política pública.

Con el objetivo de profesionalizar y fortalecer las capacidades técnicas de los Institutos Municipales de Planeación, el diputado Hugo Rangel, en coordinación con el Colegio Nacional de Economistas, Filial Michoacán, presentará una iniciativa de reforma para eliminar el requisito de residencia mínima en el municipio como condición para aspirar a la titularidad de dichos institutos. La propuesta busca sustituirlo por el criterio de ciudadanía michoacana en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, permitiendo así el acceso de perfiles capacitados, sin importar su lugar de origen.

Actualmente, la fracción I del artículo 193 de la Ley Orgánica Municipal establece que para ser titular del Instituto se requiere ser originario del municipio o haber residido en él al menos dos años, lo cual limita la posibilidad de incorporar a profesionales con alta especialización en planeación, administración pública o finanzas. “El propósito de esta reforma es abrir paso a los mejores perfiles técnicos disponibles, eliminando obstáculos innecesarios que restringen el talento y la experiencia que tanto requieren los municipios para planear con eficacia su desarrollo”, señaló el legislador.

La iniciativa se fundamenta en el principio de libertad del trabajo consagrado en el artículo 5° constitucional, y toma como referencia otros cargos relevantes dentro de la administración pública municipal que no exigen requisitos de residencia, como las titularidades de Obras Públicas, Tesorería o Contraloría. Asimismo, responde a una demanda planteada reiteradamente por el Colegio Nacional de Economistas, que ha insistido en la necesidad de contar con perfiles especializados en la gestión de presupuestos públicos bajo el modelo de presupuesto basado en resultados, el cual requiere competencias técnicas avanzadas, uso de datos, metodologías evaluativas y planeación estratégica.

Con esta modificación, se busca alinear el marco normativo a los principios de eficiencia, igualdad de oportunidades y mérito profesional, asegurando que el perfil de quien encabece el IMPLAN esté definido por sus capacidades y no por su lugar de residencia. La propuesta mantiene intactos los requisitos de independencia, honorabilidad y experiencia técnica establecidos en la ley, reafirmando así el carácter apartidista y técnico de los Institutos Municipales de Planeación, cuya función es fundamental para impulsar un desarrollo territorial equilibrado y sostenible.

Al presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafo al Artículo 39 Quarter de la Ley de Salud del Estado de Michoacán, en materia de registro de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, el legislador por Movimiento Ciudadano recordó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este padecimiento es de las principales amenazas a la salud global.

De hecho, expresó en tribuna, es la segunda causa de muerte en el mundo. En 2022, se registraron cerca de 20 millones de nuevos casos y más de 9.7 millones de muertes por esta enfermedad, de acuerdo con cifras oficiales. Ello, aunado a que se estima que más de 53 millones de personas seguían con vida cinco años después de haber sido diagnosticadas.

Por lo anterior, expresó Toño Carreño, es fundamental el seguimiento que se dé desde las instancias de salud, a quienes han sido diagnosticados, para, con ello, disminuir la tasa de mortalidad entre niños y jóvenes michoacanos.

Las cifras son preocupantes, abundó el legislador, ya que uno de cada nueve hombres y una de cada 12 mujeres, mueren a causa de esta enfermedad. Lo más alarmante es que cerca del 70 por ciento de los fallecimientos por cáncer, ocurren en países de ingresos medios y bajos, donde el acceso a tratamientos, diagnóstico oportuno y seguimiento médico suele ser limitado.

Toño Carreño recordó que la atención integral a la salud, fue uno de sus compromisos en campaña y por ello esta es la primera de las iniciativas que presentará en la materia, confiando en que se apruebe en el pleno, dada la gran importancia de contar con ese padrón y sobre todo que sea confiable por ser una herramienta esencial para dar respuestas sanitarias más equitativas.

Tras recordar que en 2018 se creó el Registro Nacional de Cáncer y su reglamente, el legislador destacó la importancia de consolidarlo en el ámbito estatal, porque sería una herramienta fundamental para la planeación y asignación eficiente de los recursos públicos, destinados a la atención oncológica en Michoacán.

Finalmente, advirtió que se redirigirán los esfuerzos gubernamentales hacia los municipios con mayor incidencia de los distintos tipos de cáncer, promoviendo así una distribución equitativa y basada en evidencia de los recursos disponibles.

El vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán Vélez, reconoció la recién aprobada ley enfocada en prevenir, atender, sancionar y erradicar el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito deportivo, mediante la implementación de mecanismos claros de denuncia, atención y capacitación, como parte de una política pública integral.

Con esta reforma, se establece como obligación legal para las autoridades competentes diseñar e implementar programas y políticas públicas que aseguren un entorno deportivo seguro, libre de violencia y verdaderamente inclusivo, en todos los niveles desde el deporte amateur hasta el profesional.

“El deporte debe ser un espacio de formación, superación y bienestar. No podemos permitir que se convierta en un entorno de violencia, miedo o abuso, especialmente para niñas, niños, adolescentes y mujeres”, afirmó Barragán.

Barragán recordó que en los últimos años han salido a la luz denuncias de deportistas víctimas de acoso por parte de entrenadores, personal administrativo o compañeros, sin que existan protocolos claros para actuar, enfrentando muchas veces revictimización o impunidad.

“Las denuncias de atletas en disciplinas como gimnasia, natación o fútbol, tanto en instituciones públicas como privadas, muestran que esta problemática está presente, pero no siempre visible. Esta reforma busca cambiar eso desde la raíz”, puntualizó.

Finalmente, el diputado Juan Carlos Barragán celebró que esta reforma se enmarca en el “tiempo de mujeres” que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la transformación se traduce en acciones concretas para garantizar entornos seguros y dignos para todas.

El diputado local Baltazar Gaona García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal de Michoacán y tipificar el delito de “sumisión química”. Con esta propuesta, busca combatir una modalidad de violencia silenciosa que actualmente carece de un castigo específico en la legislación estatal.

Gaona García expresó su preocupación por la creciente incidencia de este fenómeno y la impunidad que lo rodea. “Es hora de llamar a las cosas por su nombre: la sumisión química es un crimen. Hoy damos un paso firme para visibilizar y castigar esta forma de violencia que ha permanecido en la sombra de la impunidad por demasiado tiempo”, afirmó el legislador petista, al destacar la importancia de hacer visible y sancionar este delito para proteger a posibles víctimas.

¿Qué es la sumisión química? Este término se refiere a la administración de sustancias psicoactivas a una persona sin su consentimiento, con el propósito de anular su voluntad o consciencia y así facilitar la comisión de delitos subsecuentes como abuso sexual, violación, secuestro o robo . En otras palabras, el agresor droga a la víctima para dejarla indefensa y perpetrar otro delito grave aprovechando dicha vulnerabilidad.

Diversos reportes apuntan a un aumento de casos de sumisión química, especialmente en entornos de entretenimiento nocturno. Bares, antros y discotecas se han identificado como los principales espacios de riesgo, donde los delincuentes adulteran bebidas o administran drogas a sus víctimas sin que estas lo adviertan .

Según estimaciones, alrededor del 66% de las víctimas de estas prácticas son mujeres, y entre el 80% y 90% de esos casos derivan en agresiones sexuales , lo que enciende las alarmas sobre una problemática que afecta principalmente a jóvenes.

Actualmente, Michoacán carece de una tipificación específica para sancionar la sumisión química. Los ataques bajo esta modalidad suelen procesarse de manera limitada bajo otras figuras delictivas, lo que dificulta castigar adecuadamente a los responsables.

La iniciativa establece penas de 6 a 10 años de prisión, así como multas económicas significativas para quien resulte culpable de este nuevo delito . Las disposiciones incluyen, además, agravantes: por ejemplo, si la sumisión química es realizada por personal de establecimientos que expenden bebidas alcohólicas (como empleados de bares o clubes) aprovechando su posición, la pena podría incrementarse en una proporción importante.

Gaona García concluyó que visibilizar y castigar la sumisión química no solo fortalecerá la protección de las mujeres y de la población vulnerable, sino que también enviará un mensaje disuasorio a los agresores: en Michoacán no habrá tolerancia para quienes cometan este delito.

Con el objetivo de promover un tránsito seguro, ordenado y consciente en el estado de Michoacán, el diputado Iván Alejandro Arévalo Vera presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado. Esta propuesta busca establecer una regulación efectiva sobre el derecho de vía y, en general, sobre el uso adecuado de las vías públicas en el territorio estatal.

La iniciativa tiene como propósito principal garantizar la fluidez en la movilidad urbana y rural, a través de una gestión responsable del espacio público. Además, se busca atender una problemática persistente: la presencia de vehículos abandonados y chatarrizados en la vía pública, que no solo generan desorden, sino que también representan un foco latente de infección y un riesgo para la salud pública.

“El desorden en nuestras calles afecta tanto la seguridad vial como el entorno en el que vivimos. Con esta reforma queremos prevenir accidentes, cuidar nuestro entorno y proyectar una imagen de limpieza y orden para nuestras comunidades”, señaló el legislador.

Dicha propuesta busca establecer un marco normativo que regule de manera eficiente el uso y aprovechamiento del derecho de vía, promoviendo un entorno saludable, la seguridad vial, la accesibilidad y la sostenibilidad en las vías públicas del estado y municipios. Además, se pretende armonizar la legislación local con las disposiciones federales y generales en materia de movilidad y seguridad vial.

Para finalizar Arévalo Vera hizo un llamado a sus compañeras y compañeros del Congreso del Estado para analizar a fondo esta iniciativa y sumarse al esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los michoacanos mediante políticas públicas que promuevan la seguridad, el orden y el bienestar colectivo.

Ante el incremento sostenido de temperaturas extremas en gran parte del país, el diputado Hugo Rangel Vargas presentó un exhorto de urgente y obvia resolución al Pleno del Congreso del Estado, en el que demanda a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud y al Instituto de Infraestructura Educativa de Michoacán a garantizar el mantenimiento y operatividad de los bebederos de agua potable en las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como la instalación de nuevos bebederos en aquellos planteles que actualmente no cuenten con ellos.

La medida, enfatizó, tiene como objetivo preservar el derecho constitucional a la salud de niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran particularmente vulnerables ante fenómenos climáticos que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, han superado los 45 grados en diversas regiones del país, incluyendo Michoacán.

El legislador subrayó que la gravedad de la actual ola de calor no puede subestimarse ni tratarse como una contingencia menor. En ese sentido, sostuvo que las autoridades deben actuar conforme al marco normativo vigente, que establece de manera explícita la obligación de dotar a las escuelas de infraestructura suficiente y funcional para el acceso al agua potable.

Citó textualmente el artículo correspondiente de la Ley General de Infraestructura Educativa, el cual establece que “se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar”, así como lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley General de Educación.

“El agua potable es un derecho humano. En este contexto climático, no garantizar su acceso en los espacios escolares constituye una forma de omisión grave y una vulneración directa a los derechos de la infancia”, enfatizó Rangel Vargas.

Además de hacer énfasis en el sustento legal, el diputado alertó sobre el carácter preventivo de su propuesta. Recordó que las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias federales ante las olas de calor —como evitar la exposición prolongada al sol, consumir agua aún sin sentir sed y no realizar actividades físicas extenuantes durante las horas pico— dependen directamente de que las escuelas cuenten con las condiciones mínimas de infraestructura para que esas medidas sean realmente implementables.

En este sentido, señaló que “el exhorto no busca generar una carga adicional, sino hacer efectiva una obligación preexistente que hasta ahora ha sido ignorada o postergada por la inercia burocrática”.

Finalmente, Hugo Rangel subrayó que este exhorto se alinea con los esfuerzos recientes por erradicar la venta de alimentos ultraprocesados en planteles escolares y zonas limítrofes, en la búsqueda de entornos educativos verdaderamente saludables.

“No podemos permitir que las escuelas se conviertan en zonas áridas, sin agua ni alimentos dignos, donde se niegue a niñas, niños y adolescentes lo más elemental para vivir y aprender. Es hora de construir escuelas que cuiden la vida, no que la pongan en riesgo”, concluyó.

Una reforma que otorgue atribuciones a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Michoacán, para que promueva programas tendientes a fomentar la participación de las mujeres rurales y su autosuficiencia alimentaria, fue lo que propuso Belinda Iturbide Díaz, diputada local de extracción morenista.

Lo anterior tras señalar, que en Michoacán las mujeres, ocupan el 13.3 por ciento de la mano de obra de las actividades agropecuarias, a pesar del limitado acceso a recursos productivos y de financiamiento, y a la necesidad urgente de incorporar a las nuevas generaciones al campo, sobre todo si quienes se dedican a ello cuentan con más de 45 años de edad.

Ante tal situación, la diputada por el Distrito de Puruándiro presentó una iniciativa para reformar la fracción XXV y adicionar la fracción XXVI, al artículo 27, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán, y que la Sader pueda diseñar e implementar, coordinado con el Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, políticas públicas para el desarrollo integral del campo.

Ello con énfasis en la participación activa de las mujeres rurales, la incorporación transversal de la perspectiva de género y la promoción de la autosuficiencia alimentaria, “pues el objetivo es reconocer y fortalecer la participación activa de este sector poblacional en los procesos de desarrollo rural, garantizando su acceso a recursos, capacitación y espacios de decisión”, apuntó Iturbide Díaz.

Finalmente, la diputada de la 76 Legislatura Local señaló que la autosuficiencia alimentaria es un objetivo estratégico que garantiza la seguridad alimentaria y el bienestar de la población, misma que fortalece la capacidad productiva del campo michoacano, promueva prácticas agroecológicas y sostenibles que permitan satisfacer las necesidades alimentarias locales y reduzcan la dependencia de importaciones.