Legislativo

El presidente de la Comisión de Bienestar Social de la 76 Legislatura local, Octavio Ocampo, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reconocer en la Constitución Política del Estado de Michoacán el Derecho al Cuidado como un derecho humano.

“No podemos seguir permitiendo que el cuidado sea una carga invisible. El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar este derecho como base de justicia social”, expresó el legislador durante su intervención en tribuna.

Al presentar la propuesta, Ocampo Ocampo retomó datos del INEGI que evidencian la sobrecarga que enfrentan las personas cuidadoras, particularmente las mujeres. En México, las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, frente a las 13.8 horas que dedican los hombres.

Esta diferencia de 25.9 horas semanales impacta directamente en la autonomía económica de las mujeres, limita su participación en el mercado laboral y profundiza las brechas de género, explicó. En Michoacán, “esta situación se refleja en múltiples comunidades donde el trabajo de cuidado recae desproporcionadamente en mujeres sin que exista respaldo institucional”.

El legislador explicó que esta carga de trabajo no reconocida afecta no solo a quienes brindan cuidados, sino también a las personas en situación de dependencia, es decir, niñez, personas adultas mayores o con discapacidad, quienes muchas veces no reciben atención adecuada debido a la falta de políticas públicas.

La iniciativa busca establecer una base jurídica para el diseño de un sistema estatal de cuidados, bajo el principio de corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la comunidad.

La propuesta legislativa del diputado del PRD plantea adicionar un último párrafo al artículo segundo, que reconoce los derechos fundamentales, y al artículo segundo bis, que establece los principios de la política social del Estado. De aprobarse, el Estado tendría la obligación de garantizar este derecho mediante políticas públicas, programas y servicios accesibles, universales y con perspectiva de género.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Igualdad Sustantiva para su análisis.

Con el firme compromiso de garantizar la seguridad de las y los michoacanos, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, con el objetivo de facilitar la denuncia del delito de extorsión mediante el uso de herramientas tecnológicas.

“Miles de negocios han sido forzados a cerrar sus puertas por miedo o por no poder pagar el impuesto criminal que representa la extorsión. Esto no puede seguir ocurriendo en un Estado de derecho”, subrayó la legisladora priista en la Tribuna de la LXXVI Legislatura Local durante la sesión celebrada este día.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dijo que la tasa de extorsión a nivel nacional aumentó un 60% en la última década, y en Michoacán el crecimiento fue de más del 400%, al pasar de 0.92 a 5.92 víctimas por cada 100 mil habitantes entre 2014 y 2024.

Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE) reveló que en los últimos años más del 96% de las extorsiones no se denuncian, lo que evidencia una alarmante «cifra negra» y una falta de respuesta institucional.

Por ello, Adriana Campos propuso esta reforma para que por Ley, se diseñen aplicaciones electrónicas para que las víctimas del delito de extorsión puedan denunciar este ilícito de forma sencilla y anónima.

Además de que la información que se genere será compartida con los órganos e instancias que integran el Sistema Estatal para efectos de inteligencia e investigación.

Esta medida, recordó, ya ha sido implementada en otras entidades como Ciudad de México, Sonora, Zacatecas y Chiapas, con resultados prometedores en la recopilación de datos e identificación de patrones delictivos.

“Con esta herramienta, queremos empoderar a la ciudadanía, generar más denuncias, y dotar al Estado de mayor capacidad para actuar contra este crimen que está criminalizando el emprendimiento y la vida productiva de nuestro pueblo”, puntualizó Adriana Campos.

Evidenció que sectores como el autotransporte, comercio minorista y negocios familiares se verían beneficiados con esta medida, al tener un mecanismo eficiente y seguro para denunciar sin temor a represalias.

«Una de las conductas delictivas que más se ha expandido a lo largo de los últimos años es la extorsión, ello debido a la sofisticación tecnológica, a la ausencia de investigaciones y sanciones y a la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de la procuración de justicia, lo que redunda en una casi inexistente cultura de la denuncia. Por eso es urgente actuar y fortalecer la norma».

En Michoacán, la perspectiva de género debe ser tomada en cuenta para la creación de políticas públicas y estrategias que garanticen el acceso a derechos y oportunidades para hombres y mujeres de manera equitativa, señaló la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Mariel Espinoza Mercado.

Durante la presentación de la iniciativa para reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Michoacán, la legisladora local indicó que esta herramienta permitirá reducir la brecha de desigualdad entre géneros, al tiempo que eliminará la opresión y se construirá una sociedad “en la que las personas tengan el mismo valor”.

“La presente iniciativa atiende a la armonización en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres como un derecho humano fundamental, esencial para el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la promoción de la salud, la educación la cultura, y el bienestar de todos para generar armonía en la familia, en un estado de tranquilidad y paz”, comentó.

Espinoza Mercado refirió que esta propuesta de reforma, también permitirá fortalecer el poder de decisión de las michoacanas, valorar de manera justa el trabajo de hombres y mujeres, y modificar estructuras sociales que mantienen viva a la desigualdad.

La propuesta, turnada a las comisiones correspondientes busca modificar las fracciones I y II del artículo 17, la fracción I del artículo 27, el primer párrafo, y sus fracciones I, II, III, IV, VIII y X, del artículo 35, de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo.

Calificando, el primer año de la 76 Legislatura, como activo, comprometido, productivo y que ha respondido a la ciudadanía, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora presentó el informe de actividades que da conclusión a su periodo al frente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; a su vez que el pleno aprobó la conformación de la nueva Mesa Directiva.

En Sesión Ordinaria, el legislador informó que durante su encargo la actividad del Pleno fue intensa y productiva, “durante el período del 14 de septiembre de 2024 al día de hoy, el Congreso celebró un total de 67 sesiones: una Constitutiva, cinco Solemnes, 21 Ordinarias, 40 Extraordinarias, y se realizó un Acto solemne”, enumeró.

Magaña de la Mora, precisó que fueron presentadas 669 iniciativas; 313 dictámenes producto de la labor de Comisiones; 10 informes recibidos; 106 propuestas de acuerdo; 59 posicionamientos formulados por las y los diputados sobre diversos temas; 5 denuncias de juicio político presentadas a las que se dio el trámite de ley; 190 decretos emitidos; y se aprobaron 199 acuerdos.

Asimismo, agradeció y reconoció el desempeño de sus homólogos Ana Vanessa Caratachea Sánchez, Belinda Iturbide Díaz, Juan Carlos Barragán Vélez y Vicente Gómez Núñez quienes lo acompañaron en la conducción y trabajos de la Mesa Directiva del Congreso del Estado en este período de su primer año.

Paralelamente, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura eligió a la diputada Giulianna Bugarini Torres como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, al diputado Abraham Espinoza Villa, vicepresidente; así como se nombró a los diputados Diana Mariel Espinoza Mercado, Alfonso Janitzio Chávez Andrade y Alejandro Iván Arévalo Vera, en la primera, segunda y tercera secretaria, respectivamente.

Dicha integración de la Mesa Directiva entrará en funciones a partir del 15 de Junio del año 2025, y que culminará el 15 de febrero del año 2026, teniendo en cuenta que dicho órgano representa al Congreso del Estado, cuida la efectividad del trabajo legislativo.

El diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, sostuvo un encuentro con representantes de distintos colectivos LGBTTTIQ+ con el objetivo de trazar una ruta legislativa conjunta que permita retomar iniciativas detenidas en legislaturas pasadas y replantear otras, en el marco de una agenda de derechos humanos aún pendiente.

“Tenemos condiciones parlamentarias para seguir avanzando. Ya pusimos la primera piedra con la reforma constitucional al artículo 1º”, señaló el legislador.

Durante la reunión se acordó priorizar la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión en Michoacán, sin perder de vista la necesidad de una reforma integral en materia de derechos LGBTTTIQ+, que garantice el reconocimiento pleno y la protección jurídica de las diversidades sexuales y de género.

El diputado petista también apuntó que, ante la coyuntura nacional por la reforma al Poder Judicial, es necesario revisar a fondo las áreas de oportunidad para fortalecer las acciones afirmativas, particularmente en la reconfiguración de los órganos electorales, donde históricamente se ha relegado la representación de las disidencias sexuales.

Como parte de los acuerdos, se instalarán mesas técnicas de trabajo entre el Congreso y las organizaciones civiles para avanzar en la construcción de un marco normativo que reconozca, garantice y no vulnere más los derechos de una comunidad que ha sido sistemáticamente invisibilizada.

“Este no es un gesto de inclusión, es una deuda histórica que estamos obligados a saldar”, concluyó Hugo Rangel.

La Diputada, Nalleli Pedraza Huerta, al celebrar el avance en Michoacán de la entrada del Gobierno Digital, calificó como “una de las reformas más trascendentales y necesarias para la modernización de la administración pública de nuestro estado”.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, donde se envió una comunicación al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para agilizar la entrada de esta reforma, la legisladora mencionó que “no es solo un ajuste administrativo, sino que representa una aliciente para garantizar la transparencia en la administración pública, la cercanía con la ciudadanía y la modernización de procesos”.

“El Gobierno Digital es el enemigo natural de la opacidad; es indispensable que todas las entidades públicas logren digitalizar sus procesos, administrar los recursos a través de plataformas transparentes, y dejar una huella digital rastreable”, refirió.

Pedraza Huerta, señaló estar convencida de que la reforma en cuestión refuerza el principio de un gobierno que le sirva al pueblo y no que se sirva del pueblo, por lo que consideró es un acto de justicia social.

“Es urgente construir un puente digital que conecte al gobierno con cada rincón de Michoacán, garantizando que el acceso a los servicios públicos sea un derecho real y no un privilegio para quienes viven cerca de las oficinas gubernamentales”, explicó la legisladora.

Aseveró que esta iniciativa “permitirá al estado atraer inversiones, para generar empleos de calidad y para que las y los jóvenes encuentren oportunidades en su tierra, ya que simplificará la apertura de empresas, agilizará la obtención de permisos y licencias, y posicionará a Michoacán como una entidad a la vanguardia, lista para competir en la economía del conocimiento”.

Finalmente, la Diputada Nalleli Pedraza reiteró que la próxima entrada en vigor de esta reforma, permitirá eficientar los procesos y mecanismos administrativos, para así “otorgar resultados, honestidad y un Gobierno que esté a la altura de las necesidades del pueblo michoacano”.

Las y los legisladores michoacanos establecieron la necesidad de implementar programas de capacitación sobre nuevas masculinidades para que ésta se ejerza de manera consciente, respetuosa y equitativa, a fin de prevenir y erradicar la violencia de género.

Las comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género, así como la Comisión de Salud y Asistencia Social, sometieron a consideración del Pleno Legislativo diversas reformas a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, todas para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Con su aprobación, se pretende erradicar roles y estereotipos de género que promueven la desigualdad entre mujeres y hombres, impulsando la creación de programas y campañas de sensibilización sobre la masculinidad y la violencia de género dirigidos a la población masculina.

Dichos programas y campañas deben difundir información sobre las construcciones sociales de la masculinidad y sus consecuencias, fomentar la reflexión crítica sobre los roles y expectativas de género, y promover la participación de los hombres en la prevención de la violencia de género.

Con las reformas aprobadas, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de las dependencias competentes, deberá diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento a los programas de capacitación y a las políticas públicas en materia de nuevas masculinidades, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Para tal efecto, podrá coordinarse y auxiliarse de instituciones académicas, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la materia, a fin de garantizar la imparcialidad, neutralidad y apego al rigor técnico y científico en el diseño de los contenidos.

Con la reforma, se impulsará el conocimiento y la práctica de nuevas masculinidades, mediante programas, campañas y procesos de formación y capacitación que se adapten a los contextos institucionales y sean efectivos y accesibles para las personas servidoras públicas de las instituciones en el estado.

El diputado local David Martínez Gowman presentó, ante el Congreso del Estado, una propuesta para reformar el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de la Función Registral Catastral para dar certeza jurídica en el procedimiento de compra-venta de inmuebles.

Estas reformas, explicó el legislador, garantiza que el comprador pueda adquirir una propiedad sin deudas ocultas; protege al inversor al reducir el riesgo financiero al asegurar que no hay cargas sobre el inmueble; y proporciona mayor transparencia en la transacción con lo que se proporciona confianza entre las partes involucradas en la compra-venta o cualquier traslación de inmuebles.

De hecho, estos son algunos requisitos comunes en la mayoría de las instituciones financieras para la aprobación de créditos hipotecarios, explicó David Martínez, al resaltar que además, busca agilizar los procedimientos judiciales civiles evitando la aglomeración de expedientes, donde, en la mayoría de los casos, se tiene mucho tiempo sin resolver.

El legislador, emanado del Partido Verde indicó que con la aprobación de estas reformas, en el Congreso del Estado, se busca agilizar los procesos y evitar el uso de artimañas legales y corrupción que retrasen la impartición de justicia.

Asimismo, el diputado, en la máxima tribuna de Michoacán, explicó: “la legislación civil debe atender las necesidades de la sociedad, la cual esta en un constante cambio y la prioridad debe ser, legislar para que los ordenamientos jurídicos se vayan transformando, atendiendo vacíos jurídicos, que en la práctica, como abogado, lo percibo constantemente; veo como las personas gastan tiempo, dinero y esfuerzo en trámites enredosos. Por ello, debemos reformar nuestros ordenamientos para brindar a los michoacanos certeza jurídica, transparencia y rendición de cuentas”.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura, aprobó el contenido del cuarto informe financiero trimestral del ejercicio presupuestal 2025 de este Congreso del Estado de Michoacán.

Dicho informe, fue presentado en un primer momento por parte de la secretaría de Administración y Finanzas de este Congreso del Estado al comité de Administración y Control, posteriormente y luego de un extenso análisis, este comité concluyó que dicho informe era aprobado y enseguida se turnó a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de esta 76 Legislatura.

Importante destacar que durante el estudio y análisis que realizó el comité de Administración y Control de este Poder Legislativo, sostuvieron una reunión con el titular de la secretaría de Administración y Finanzas, Alejandro Estrada Salinas, a fin de resolver algunas cuestiones que surgieron durante este trabajo, mismas que fueron aclaradas en forma y tiempo.

Con este informe, la Septuagésima Sexta Legislatura, reitera su compromiso con el buen manejo de los recursos públicos asignados, así como con la transparencia y claridad en las finanzas del Poder Legislativo.

Con el objetivo de reducir y atender a los daños y perjuicios debidos a los efectos adversos del cambio climático, las y los diputados aprobaron, por unanimidad, reformar el Código de Desarrollo Urbano del Estado, para crear acciones encaminadas al cuidado y la conservación del arbolado urbano.

A través del dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, se adicionó la fracción I Bis al artículo 2, las fracciones XXIV Bis y XXIV Ter al artículo 13, y la fracción XXIX Bis al artículo 277 y se adiciona el artículo 277 Bis, a dicha normativa.

En este sentido, con la reforma se establece el concepto de arbolado urbano, para de esta manera señalar los alcances que tendrán la protección y regulación de este concepto en el código.

Además, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, tendrá la atribución de asesorar y apoyar técnicamente a las autoridades municipales en la planeación, elaboración, capacitación, operación y ejecución de los programas municipales de arbolado urbano; así como, evaluar los mismos.

Ahora, los ayuntamientos podrán planificar, coordinar, y fomentar un manejo sustentable del arbolado urbano, para así, expedir reglamentos, elaborar e implementar un plan de manejo de los mismos.

De igual forma, podrán celebrar convenios de coordinación, colaboración y asistencia técnica, establecer y operar un registro municipal de prestadores de servicios en materia de arbolado urbano, promover la capacitación y realizar estudios técnicos.

Finalmente, el Pleno de la 76 Legislatura coincidió que los árboles urbanos proporcionan múltiples beneficios para las ciudades y sus habitantes, desempeñan un papel importante en el aumento de la biodiversidad urbana, proporcionando plantas y animales con un hábitat, alimentos y protección favorables, por lo que es indispensable cuidarlos y protegerlos.