Legislativo

Avanza en el Congreso Local de la 76 legislatura la iniciativa de Nuevas Masculinidades que presentó la diputada local Brissa Arroyo, esto de que fuera avalada por las Comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género, y de Salud y Asistencia Social de la 76 Legislatura.

El dictamen procedente fue firmado por las legisladoras y legisladores de las comisiones unidas para posteriormente pasarla al Pleno para una segunda lectura y su votación.

Fue el 28 de noviembre de 2024 cuando la diputada Brissa Arroyo dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 2° y fracción VI al artículo 17 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo; asimismo, se adiciona la fracción X al artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.

Tiene el objetivo de sensibilizar a las instituciones para que capaciten y orienten a hombres jóvenes y adultos, sobre las nuevas masculinidades, con la finalidad de deconstruir los roles y estereotipos de género aprendidos, buscando visibilizar y desnormalizar la masculinidad tradicional.

Impulsar, fomentar y promover la capacitación y orientación sobre las nuevas masculinidades, permitirá a hombres y hombres jóvenes expresar su masculinidad mediante prácticas respetuosas, igualitarias y sanas en las relaciones familiares, laborales y sociales.

Lo anterior, propone un enfoque evolutivo e inclusivo del concepto de masculinidad, desafiando las tradicionales nociones rígidas y estereotipos asociados al género masculino. Pues la masculinidad puede incorporar cualidades como la empatía, la sensibilidad y la colaboración.

Las Diputadas y los Diputados que integran las Comisiones Unidas, coincidieron en la importancia de impulsar acciones y políticas públicas para capacitar a las personas servidoras públicas en materia de nuevas masculinidades, como un eje fundamental para la prevención de la violencia de género.

Es importante mencionar que además de la iniciativa de la diputada Brissa Arroyo Martínez también se analizó en conjunto una iniciativa relacionada que presentó la diputada Giulianna Bugarini.

La diputada Eréndira Isauro Hernández presentó ante el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 80 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, con el objetivo de establecer un enfoque diferenciado en la atención médica a mujeres privadas de libertad.

Esta propuesta fue acompañada por la diputada de Morena, Anabet Franco Carrizales y el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, integrante de la Representación Parlamentaria.

Durante su intervención, Isauro Hernández remarcó la urgencia de atender a las 360 mujeres que actualmente se encuentran en el sistema penitenciario estatal, garantizando su acceso a servicios médicos adecuados y con enfoque de género. “Es necesario que las mujeres privadas de su libertad tengan servicios e infraestructuras diferentes para satisfacer sus necesidades particulares y garantizar su plena protección y posible reinserción social”, expresó.

La propuesta busca cerrar la brecha legal que persiste en el sistema penitenciario y dar un paso hacia una legislación más justa y humanista, acorde a la realidad actual.

Subrayó que, aunque hombres y mujeres tienen los mismos derechos ante la ley, existen diferencias biológicas y de salud que requieren atención especial, particularmente en temas de salud ginecológica y prevención del cáncer.

Señaló que el cáncer de mama y el cervicouterino son de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas, con 24,896 fallecimientos en 2024, según datos del INEGI.

Es fundamental que el Estado Mexicano y en Michoacán se implementen políticas públicas integrales para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia, brindándoles el apoyo necesario para su desarrollo y bienestar, por lo que la diputada Adriana Campos Huirache propuso modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el objetivo de abrazar desde el marco jurídico a los menores en situación de orfandad.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, señaló la urgencia de garantizar los derechos fundamentales de la infancia y adolescencia en el estado, que incluya disposiciones sobre la protección y restitución de derechos de menores que han perdido a sus padres, priorizando el acogimiento familiar y evitando, en la medida de lo posible, la institucionalización.

Recordó que, en Michoacán, la violencia feminicida ha dejado a numerosos niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, por lo que es apremiante que la Ley los proteja y vele por ellos.

«Los niños, las niñas y los adolescentes en México se han convertido en víctimas invisibles de la ola de violencia y feminicidios que azotan a México, ya que, si bien no son las víctimas directas de estos actos despreciables, son víctimas indirectas quienes, al quedarse sin sus padres por alguna de estas dos causas, quedan huérfanos, viviendo o sobreviviendo en un entorno hostil, difícil y adverso», sostuvo la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en México más de 628 mil niños de 6 a 17 años abandonaron los estudios por falta de recursos económicos. Esto se da principalmente en los hermanos mayores, quienes se ven forzados a dejar los estudios para trabajar y apoyar a sus hermanos, lo que genera limitado acceso a oportunidades educativas y formación profesional.

Otro impacto que genera la orfandad es la vulnerabilidad económica y social, ya que al perder al proveedor o al jefe de la familia, la falta de ingresos disminuye, aumentando la pobreza y con ello viene la incapacidad de pagar servicios básicos en la vivienda, por lo que empiezan a carecer de agua, luz, y a acumular deudas de todo tipo; esto obliga a los niños y adolescentes huérfanos a aceptar empleos mal pagados, sin prestaciones e informales, que los pone en riesgo de explotación laboral o trata de personas.

Además, una consecuencia de la orfandad es el alto riesgo que tienen los menores de involucrarse en actividades delictivas, ya que, sin apoyo familiar o institucional, pueden ser reclutados por grupos del crimen organizado. Lo que hace que a su vez se genere un círculo vicioso, peligroso y triste, donde los niños y adolescentes repiten el fenómeno de violencia o feminicidio por necesidad, sentido de pertenencia o reproducción de patrones.

El diputado de Uruapan 14 Norte, Conrado Paz Torres, propuso dotar de personalidad jurídica a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, a fin de fortalecer a las instituciones responsables de cuidar los derechos de las infancias más vulnerables en la entidad.

Conrado Paz indicó que con esta modificación legal se le reconoce a la Procuraduría su capacidad y responsabilidad jurídica, logrando con ello que los trámites que deban realizarse ante los órganos jurisdiccionales, sean más ágiles y permitan restituir a los menores sus derechos vulnerados, garantizándoles un entorno más seguro y digno.

Paz Torres explicó que esta personalidad jurídica, es esencial para que esta institución pueda gestionar recursos, celebrar convenios, presentar acciones legales y ejercer sus atribuciones sin depender exclusivamente de otros órganos administrativos».

«Todo niño que llega a la tutela del estado o a la intervención de la Procuraduría de Protección, es una niña, niño o adolescente que ha sido víctima de algún delito. Si todos estos niños son víctimas de conductas delictuosas cometidas en su agravio, tenemos aún más la obligación de generarles condiciones de seguridad y bienestar para su mejor desarrollo», explicó.

El Diputado por Uruapan aseguró que dentro de la agenda legislativa que impulsa están contempladas acciones que tiendan a la reconstrucción del tejido social, por lo que esta propuesta legal busca que en Michoacán ningún niño o niña quede sin la protección del estado.

Así, Conrado Paz Torres reafirmó su propósito de fortalecer todas las áreas institucionales necesarias para que las y los niños de Michoacán, particularmente aquellos en mayor.

Para garantizar una alimentación adecuada a las niñas, niños y adolescentes, y para que en Michoacán se destinen mayores recursos y se emprendan más acciones encaminadas a fortalecer programas de alimentación infantil, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta iniciativa, presentada en conjunto con varias compañeras diputadas integrantes de la LXXVI Legislatura Local, tiene como finalidad que la alimentación infantil se atienda de manera integral y se mejoren también los apoyos que se entregan en los paquetes alimenticios a las familias de menores ingresos, y en las escuelas se lleve registro de talla y peso de las y los alumnos que permita detectar y actuar a tiempo.

La diputada local dijo que el problema del sobrepeso, además de afectar a la salud, afecta a miles de alumnos que son víctimas de bullying, por lo que se debe atender de manera integral y ayudar a las y los niños y adolescentes para que tengan una vida saludable.

Este sector de la población, señaló la diputada de la bancada de Movimiento Ciudadano, está siendo atacado por una enfermedad silenciosa y que a simple vista en ocasiones no permite ver sus estragos.

Y recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, implementó la prohibición de comida de bajo valor nutricional en las escuelas, la conocida comida chatarra, lo cual es positivo. Sin embargo, un problema que existe es cómo garantizar que las familias tengan los recursos para dar una alimentación sana y adecuada a sus hijos cuando no se tiene lo suficiente, y es necesario generar los mecanismos para ayudar a quienes no cuentan con los recursos.

Recordó que se estima que el 31 por ciento de las niñas y niños tienen sobrepeso y el 22 por ciento padece obesidad, lo cual debe alertar a todas y todos, más a Michoacán, cuando en el 2023 la entidad ocupó el primer lugar a nivel nacional en obesidad infantil.

Grecia Aguilar llamó a actuar inmediatamente para atender el problema que se tiene en Michoacán, tras recordar que en el estado se tienen 63 mil niñas y niños en situación de desnutrición y 123 mil padecen anemia, y más de la mitad de la población de este sector viven en pobreza.

Por ello, con esta reforma se establece que las autoridades en materia de salud e infancia deberán prestar a las familias los servicios de atención nutricional que brinden apoyo profesional para fortalecer la educación alimentaria y combatir enfermedades asociadas a la desnutrición.

Con el objetivo de fortalecer la tipificación del delito de maltrato animal, ampliar las conductas sancionadas, endurecer las penas para los agresores y establecer la obligación de reparar el daño en caso de que el animal sobreviva, el diputado Víctor Manríquez González presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos y Protección para los Animales en el Estado de Michoacán y el Código Penal del Estado, con el objetivo de castigar con mayor severidad la crueldad y garantizar cero impunidad en casos de maltrato.

En sesión presentó la iniciativa en la que plantea incorporar un apartado específico sobre maltrato y crueldad animal en la Ley de los Derechos y Protección para los Animales en el Estado y modificar el artículo 311 del Código Penal, para aumentar las penas para quienes cometan actos de maltrato animal, sancionar de manera más severa la reincidencia en este delito, establecer la obligación de reparación del daño y incluir agravantes en los casos en que derive en la muerte del animal tras un prolongado sufrimiento.

El maltrato animal no solo es una conducta reprobable desde el punto de vista moral, sino también un fenómeno con profundas implicaciones en la seguridad y la salud pública. Diversos estudios han demostrado que la violencia contra los animales está vinculada con la violencia social en general, incluyendo el maltrato infantil y la violencia de género, sostuvo el diputado de Movimiento Ciudadano.

Víctor Manríquez recalcó que Michoacán no puede quedar rezagado en esta materia, por lo que urge fortalecer el marco normativo estatal para garantizar la protección y el bienestar de los animales, estableciendo sanciones proporcionales a la gravedad de los actos de crueldad y asegurando la reparación del daño en los casos en que el animal logre sobrevivir.

Esta reforma no solo representa un avance en la defensa de los derechos de los animales, sino también una medida clave para fomentar una cultura de respeto, empatía y responsabilidad social. Al proteger a los seres más vulnerables, estamos construyendo una sociedad más justa, ética y solidaria.

Víctor Manríquez subrayó que con estas reformas se busca proteger a los animales y promover una sociedad más justa y solidaria. La propuesta es un paso importante hacia la construcción de un Michoacán más compasivo y responsable con los seres vivos.

Recordó que en nuestro país mueren al año más de 60 mil animales por maltrato, por lo que urge resolver los vacíos legales en las normas vigentes para castigar a quienes atentan y aportar a la protección de los animales.

Con la finalidad de reconocer, prevenir y atender la violencia digital en Michoacán, el legislador por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez, presentó una iniciativa para garantizar una educación digital equitativa y herramientas tecnológicas seguras para la niñez y adolescencia.

Al hacer uso de la tribuna, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), dio a conocer que de acuerdo a datos de la UNICEF, alrededor del 50 por ciento de las niñas y los niños de seis a 11 años tienen acceso al internet; en tanto que el porcentaje en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años es de hasta el 94 por ciento.

En ese sentido, estableció que si bien el uso del internet tiene importantes beneficios para el desarrollo de la niñez y adolescencia como la socialización, el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y el entretenimiento; también implica riesgos que se deben atender como lo son el ciberacoso, ciberbullying, sexting, sextorsion, grooming, phishing y el robo de identidad.

Ante sus homólogos de la LVXXl legislatura del Congreso de Michoacán, planteó diversas modificaciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, a fin de reconocer la violencia digital y atender las problemáticas que de ella derivan y que pueden provocar graves afectaciones en la niñez y adolescencia.

La propuesta, implica identificar la violencia digital como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual, o aquello que cause daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad; además de daño psicológico o emocional en cualquier ámbito de la vida privada de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, la iniciativa establece la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en la implementación de campañas de concientización y capacitación dirigidas a los docentes, las familias y los servidores públicos en torno a este fenómeno en el estado.

De igual manera, se establece la creación y fortalecimiento de políticas públicas para la prevención de la violencia digital y para contar con herramientas legales que permitan hacer frente a los retos y problemáticas que se pudieranpresentar en todos los entornos de convivencia.

El legislador petista conminó a sus homólogos a hacer propia la propuesta, para proteger la integridad y los derechos de la niñez y adolescencia michoacana.

Vicente Gómez aprovechó para agradecer la asistencia del alumnado de plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM) Cemsad 62, plantel San Rafael Tecario y a su director, Valdwin Iván León González.

Con la finalidad de dar mayor certeza y pluralidad al trabajo en comisiones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reestructuración de las comisiones de: Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, de Desarrollo Social, Protección a la Niñez y Adolescencia, la de Puntos Constitucionales, así como el Comité de Comunicación Social.

De esta forma, la Comisión de Asuntos Electorales y de Participación Ciudadana, quedó conformada por: las diputadas y diputados, Diana Mariel Espinoza Mercado, presidenta; Juan Carlos Barragán Vélez, Fabiola Alanís Sámano, Víctor Manuel Manríquez González y Octavio Ocampo Córdova, integrantes.

En tanto, la Comisión de Desarrollo Social, será presidida por el diputado Octavio Ocampo Córdova e integrada por las diputadas: Emma Rivera Camacho y Ana Belinda Hurtado Marín; la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia, será presidida por la legisladora Ana Vanessa Caratachea Sánchez y como integrante queda el diputado Víctor Manuel Manríquez González.

La Comisión de Puntos Constitucionales, quedó establecida con la diputada Emma Rivera Camacho, como presidenta e integrada por las y los diputados, David Martínez Gowman, Reyes Galindo Pedraza, Eréndira Isauro Hernández y Octavio Ocampo Córdova.

Por su parte, el Comité de Comunicación Social, será presidido por la diputada Belinda Iturbide Días e integrado por las y los legisladores: Abraham Espinoza Villa, Baltazar Gaona García, Alfonso Janitzio Chávez Andrade, Grecia Jennifer Aguilar Mercada y Adriana Campos Huirache.

Ante el panorama que enfrentan el 99% de los organismos de agua potable en los municipios, los cuales están quebrados y mal operados, el diputado Alfredo Anaya Orozco, presentó ante el Congreso del Estado una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán.

El integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista (GPPVEM), señaló que esta iniciativa tiene como propósito establecer la obligación de que los organismos operadores de agua potable y alcantarillado municipales realicen, de manera anual, un diagnóstico integral sobre su situación operativa, técnica, administrativa y financiera.

“Hoy enfrentamos una crisis hídrica y financiera. El 99% de los organismos operadores en el país están técnicamente en quiebra, y cerca de la mitad del agua se pierde antes de llegar al consumidor. Esta situación exige decisiones legislativas responsables que promuevan una gestión más eficiente, transparente y sostenible del recurso hídrico”, señaló el legislador.

Para atender esta problemática en la iniciativa propone que se realice un diagnóstico anual que deberá contener el estado actual de la infraestructura y funcionamiento del organismo operador, así como las necesidades de inversión en infraestructura hídrica y una estimación de costos para mantenimiento, ampliación y mejora de los servicios, “y lo que se les está pidiendo, es la información básica, la inversión necesaria y el ingreso mínimo que ocupan para operar en números negros”, acotó.

Anaya Orozco explicó que con esta iniciativa se busca fortalecer la transparencia y rendición de cuentas y mejorar la eficiencia operativa de los organismos operadores.

“Este es un paso necesario para garantizar que cada michoacano tenga acceso seguro, equitativo y continuo al agua potable. La información es poder, y sin diagnósticos actualizados es imposible tomar decisiones acertadas”, concluyó el diputado.

Con el propósito de hacer frente a la violencia física contra las mujeres, la diputada local Itzé Camacho presentó en el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa para implementar el programa “Botón Rosa”, el cual permite la atención de emergencias por parte de elementos de seguridad.

De acuerdo con la iniciativa, presentada en conjunto con el diputado Juan Carlos Barragán, el programa Botón Rosa consiste en un dispositivo de geolocalización vinculado directamente con la autoridad municipal, lo que permite la atención inmediata por parte de la patrulla más cercana, con un tiempo de respuesta menor a cinco minutos.

“Esta iniciativa que presentamos busca justamente eso: reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para incorporar mecanismos tecnológicos como el Botón Rosa en el marco normativo estatal, de forma que puedan implementarse en coordinación con los municipios y con respaldo legal, operativo y presupuestal”, agregó la congresista desde la tribuna.

La legisladora recordó que, durante su periodo como presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, el municipio formaba parte del listado de localidades con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Michoacán, junto con Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Morelia, Zamora, Maravatío, Zitácuaro, Los Reyes, Tacámbaro, Huetamo y Sahuayo.

Sin embargo, destacó que en los últimos dos años no se ha registrado ningún caso de feminicidio en Lázaro Cárdenas, mismo que se convirtió en el primer municipio en abandonar el listado de localidades con dicha alerta, hecho que atribuyó en parte a la implementación del programa Botón Rosa.

Con base en este precedente, la legisladora expresó su intención de convertir esta medida municipal en un modelo replicable a nivel estatal, especialmente en los municipios que cuentan con Alerta de Género.

Sostuvo que esta propuesta no nace en un escritorio, sino desde la experiencia adquirida durante su gestión en el municipio de Lázaro Cárdenas.

“La tecnología bien aplicada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, añadió.

“Cuando la tecnología se integra en una política pública con enfoque humano y de género, entonces estaremos verdaderamente avanzando hacia un estado más seguro, más justo y más digno para todas”, concluyó.