Legislativo

El diputado Hugo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del PT, refirió que “ante los múltiples casos de arbitrariedad cometidos por agentes de tránsito en Michoacán y los vacíos legales que permiten prácticas discrecionales”, es que presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado.

Remarcó que su propuesta busca establecer límites precisos a la remisión de vehículos al depósito, prohibiendo que los reglamentos estatales y municipales operen al margen de la norma general y dejando atrás un sistema permisivo con los abusos cotidianos.

En tribuna, el legislador señaló que “los ciudadanos se enfrentan a un estado de indefensión frente a prácticas viciadas que han normalizado el abuso como forma de gestión pública”. Por ello, la iniciativa incorpora un catálogo claro de causales que justifican la remisión de un vehículo, excluyendo toda posibilidad de interpretación arbitraria por parte de los cuerpos de seguridad vial. Además, se establecen obligaciones para preservar los objetos contenidos en los vehículos y responsabilidades patrimoniales en caso de daño o pérdida, cerrando así el paso a la impunidad institucional.

Otro eje central de la reforma, explicó, tiene que ver con la recaudación por los servicios de arrastre y depósito. Actualmente, estos cobros no siempre se transparentan ni se enteran debidamente a la Secretaría de Finanzas y Administración. La iniciativa plantea que sea esta dependencia, y no operadores externos o instancias municipales, la responsable de recibir dichos ingresos, con tarifas autorizadas previamente por el Congreso en la Ley de Ingresos del Estado.

“La ley vigente no protege lo suficiente al ciudadano, y sus omisiones han sido terreno fértil para la corrupción”, afirmó el legislador. Lo que está en juego no es un ajuste técnico, sino la necesidad de impedir que el sistema de tránsito siga operando como mecanismo de extorsión disfrazado de legalidad. “Nuestra tarea aquí, desde el Congreso del Estado es garantizar certidumbre jurídica al pueblo michoacano y frenar el abuso como política pública”, concluyó Hugo Rangel.

La Septuagésima Sexta Legislatura, aprobó ampliar el plazo hasta el día 31 de mayo, para que las y los contribuyentes michoacanos realicen sus pagos de los derechos fiscales, sin más cargas impositivas.

El plazo establecido anteriormente en la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, para el cobro de los derechos, era el día 30 de abril, es decir, durante los primeros cuatro meses del año, sin embargo, las y los legisladores locales decidieron ampliar este término hasta el próximo 31 de mayo.

El dictamen presentado señala que “el comportamiento recaudatorio por los trámites realizados ante las oficinas administradoras y receptoras del SATMICH, por concepto de trámites y pago de derechos vehiculares, del 01 de enero al cierre del mes de marzo se atendieron 909,317 trámites, con una recaudación acumulada de, mil nueve millones, seiscientos ochenta y tres mil, ciento cuarenta y ocho pesos; siendo que el 69% de los pagos se realizaron en línea y 31% en ventanilla”.

Con ello también se beneficiará a las y los michoacanos concesionarios y refrendan su compromiso para la prestación del servicio de transporte público en el Estado de Michoacán.

El vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán, presentó una iniciativa de reforma al artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, con la que propone que solo puedan aspirar a la gubernatura quienes hayan sido previamente electos mediante el voto directo para un cargo de elección popular.

Desde tribuna, Barragán indicó que “gobernar Michoacán requiere carácter, experiencia, legitimidad y, sobre todo, cercanía con el pueblo”.

Afirmó que “el cargo más alto del estado no puede estar en manos de quien nunca ha enfrentado las urnas ni ha sido evaluado por la ciudadanía”.

“Este no es un requisito excluyente, es una garantía de compromiso con el pueblo. Se trata de gobernar con conocimiento real del territorio, de sus comunidades, sus dolores y sus esperanzas”, señaló.

El legislador respaldó su propuesta citando al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada y la transformación se construye desde abajo”, mencionó.

Barragán enfatizó que “quienes han ganado una elección conocen el valor de escuchar, dar la cara y rendir cuentas, virtudes indispensables para quien encabece el Poder Ejecutivo estatal”.

“Hoy también es tiempo de mujeres, pero no solo es tiempo de mujeres, es tiempo de transformación, de resultados, y de gobernar con experiencia probada y legitimidad real”, expresó.

La propuesta busca fortalecer la democracia en Michoacán y asegurar que las decisiones más importantes del estado “estén en manos de liderazgos legítimos, formados en la calle y no en la comodidad de la burocracia política”.

Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó ante el pleno una iniciativa para que aquellos funcionarios públicos y particulares que cometan faltas administrativas graves, sean inhabilitados definitiva o permanente.

Lo anterior, lo planteó durante la sesión de este miércoles en el recinto legislativo michoacano, donde explicó que esta iniciativa se contempla en la Ley de Responsabilidades Administrativas, con la que se pretende frenar y sancionar los casos de corrupción e impunidad en el estado, derivado de la alta incidencia que se ha registrado en los últimos tiempos en este sentido.

«La “Muerte Cívica» a funcionarios y políticos corruptos, ha sido un tema prioritario para al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, ya que representa la materialización institucional de uno de los principales compromisos de la Cuarta Transformación: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, señaló.

Agregó que la corrupción en Michoacán, es uno de los principales problemas públicos que deben ser atendidos con particular urgencia, ya que no solo representa una conducta inmoral por parte de políticos, funcionarios, servidores públicos y contratistas gubernamentales; sino que también trae consigo graves implicaciones políticas, económicas y sociales que debilitan el Estado de derecho, profundizan la pobreza y la desigualdad, e incrementan las violaciones a los derechos humanos.

El líder parlamentario petista, refirió que esta entidad, los casos de corrupción también representan una de las principales preocupaciones y malestares sociales, que se ha imbricado con otra serie de problemas arraigados en el contexto económico, social y político, y que deben combatirse con normas y procedimientos adecuados, reto que reposa primeramente en abatir la impunidad.

«Sostenemos con firmeza que una persona que accede al honor de representar la voluntad de la ciudadanía desde un espacio público, y quebranta con sus acciones la confianza que deviene con tal encomienda, debe verse despojado de la posibilidad de continuar dañando la integridad del servicio público y de las instituciones que tanto esfuerzo ha costado edificar, pues dicho sea de paso, el servicio público representa un alto honor para cualquier funcionario público, y no, por el contrario, un derecho irrenunciable para malos ciudadanos», acotó Reyes Galindo.

México es considerado, a nivel mundial, como uno de los destinos con mayor número de casos de explotación infantil, tanto sexual como laboral, y al ser Michoacán una zona turística con gran afluencia de visitantes cada año, se vuelve necesario y urgente legislar para salvaguardar los derechos de los menores de edad.

Así lo consideró la diputada integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Diana Mariel Espinoza Mercado, quien anunció la presentación de la iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado de Michoacán, para adicionar el artículo 115 Bis, en el que se plantea que todos los hoteles, moteles y centros de descanso, estarán obligados a acreditar que, cualquier menor que ingrese a estos espacios, estará acompañado por un familiar directo o, bien, un tutor legal, además de que serán obligados a denunciar cualquier caso que signifique la posible comisión de un delito.

“La industria hotelera en Michoacán tiene un gran potencial para influir positivamente en los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la entidad, por lo que su participación, nos ayudará a promover e implementar prácticas para combatir la explotación sexual y laboral infantil”, expresó.

Con esta modificación, señaló la diputada, se refrenda el compromiso de priorizar y privilegiar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Michoacán.

El diputado local, Alfredo Anaya Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presentará una iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 105 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado.

La iniciativa tiene como objetivo prohibir el uso de porta placas, micas polarizadas u otros accesorios que obstruyan la visibilidad de las placas vehiculares, incluyendo los códigos QR y la entidad federativa que las expidió.

Según el legislador, esta medida es urgente y necesaria para mejorar la seguridad pública, facilitar el control vehicular y garantizar la legalidad en la identificación de automotores.

“Las placas deben estar siempre visibles para apoyar las labores de vigilancia, tránsito y seguridad. Su obstrucción afecta la efectividad de cámaras de videovigilancia y sistemas de reconocimiento, y obstaculiza las investigaciones ante hechos delictivos”, destacó el diputado Anaya.

La propuesta contempla sanciones específicas para quienes incumplan la norma, además de dotar a las autoridades de tránsito de facultades para exigir el retiro inmediato de los accesorios no permitidos.

Con esta reforma, se busca alinear la legislación estatal con prácticas internacionales y reforzar el Estado de derecho en temas de movilidad.

La iniciativa será presentada para su análisis en la próxima sesión del Pleno del Congreso.

Este viernes se llevó a cabo el Segundo Parlamento Infantil 2025, del Distrito 12 de Hidalgo, que organizó la diputada Belinda Hurtado Marón, esto “con el firme compromiso de seguir impulsando la participación activa de la niñez en los asuntos públicos”.

En este espacio las voces, ideas y sueños de las niñas y los niños de los municipios de Hidalgo, Indaparapeo, Zinapécuaro, Queréndaro, distrito fueron “escuchados y valorados”, remarcó la diputada local.

La legisladora destacó la importancia de abrir espacios para que las infancias puedan expresarse libremente y proponer soluciones desde su visión, ya que, aseguró, «ellos son nuestro presente y nuestro futuro para la construcción de un mejor estado».

“Es la segunda vez que realizamos este Parlamento Infantil con el objetivo de dar una plataforma a las expresiones de nuestras niñas y niños, por esa razón nos dimos a la tarea de seleccionar entre las y los mejores alumnos de distintos centros educativos de los diferentes municipios y comunidades de nuestro distrito, y gracias al trabajo coordinado con padres, maestros y directivos, pudimos convocar a niñas y niños que se preocupan por su entorno y qué quieren ser parte de las decisiones que tomen, así como proponer sus ideas, sus experiencias, sueños y metas, y ahora lo vemos materializado en este Segundo Parlamento Infantil del distrito de Hidalgo”, expresó la diputada Belinda Hurtado.

El Segundo Parlamento Infantil 2025 convoca a niñas y niños de todo el Distrito 12 de Hidalgo a participar, aportando propuestas e inquietudes sobre los temas que más les interesan y afectan, fortaleciendo así una cultura de participación democrática desde temprana edad.

La diputada reiteró su compromiso con la infancia y con el desarrollo de políticas públicas incluyentes que reflejen sus necesidades, aspiraciones y derechos.

Con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio de las y los michoacanos ante el creciente número de delitos cibernéticos, el diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, anunció que presentará una iniciativa de reforma al artículo 218 del Código Penal del Estado de Michoacán.

El legislador explicó que la transformación digital, acelerada por la pandemia de COVID-19, ha dado paso a nuevas formas de fraude que actualmente no están claramente contempladas en la legislación estatal.

“La realidad digital ha superado al marco legal vigente. Necesitamos actuar con visión y responsabilidad para proteger a la población”, afirmó Espinoza Villa.

La iniciativa busca tipificar delitos como la suplantación de identidad digital, las transacciones ilícitas mediante plataformas tecnológicas y el envío de comunicaciones electrónicas falsas, prácticas que han generado pérdidas superiores a los 14 mil 500 millones de pesos en 2024 a nivel nacional, con proyecciones de hasta 17 mil 400 millones para 2025.

El diputado destacó que Michoacán registra 4 mil 209 delitos de fraude por cada 100 mil habitantes, y que nueve de cada diez personas han sido víctimas o blanco de intentos de extorsión digital.

La propuesta incluirá la incorporación de tres nuevas fracciones al artículo 218 del Código Penal para establecer sanciones específicas a quienes cometan fraudes por medios digitales, usurpen identidades o difundan mensajes falsos con fines delictivos.

Finalmente, Espinoza Villa hizo un llamado a las y los integrantes del Congreso del Estado a sumarse a esta propuesta, al señalar que “actualizar el marco legal no es solo un acto de justicia, sino una necesidad impostergable para garantizar la seguridad y confianza digital de la ciudadanía”.

La Diputada Local por Morena y Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Michoacán, Emma Rivera Camacho, respaldó las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum respecto a la iniciativa de reformas en materia de telecomunicaciones, en las que dejó claro que “en ningún momento se plantea la censura”.

Rivera Camacho subrayó que Morena ha sido históricamente un movimiento que defiende las libertades, particularmente la libertad de expresión, y reiteró que no existe ni existirá intención de limitar el derecho de la ciudadanía a expresarse libremente. “Nuestro movimiento nació combatiendo el autoritarismo y la represión. Sería absurdo e incongruente pensar que hoy, desde el poder, pretendamos censurar”, apuntó.

Asimismo, reconoció el compromiso democrático de la presidenta Sheinbaum, quien admitió que algunos artículos de la iniciativa podrían requerir ajustes en su redacción, y expresó plena disposición para corregirlos durante el proceso legislativo. “Ese es el espíritu de la Cuarta Transformación: abrirse al debate, corregir si es necesario y fortalecer las leyes en beneficio del pueblo”, añadió.

Finalmente, Emma Rivera Camacho señaló que desde el Congreso del Estado de Michoacán darán puntual seguimiento al análisis de la minuta que sea enviada, acompañando la construcción de una legislación moderna, clara y respetuosa de los derechos fundamentales. “Vamos a garantizar que ninguna ley pueda ser malinterpretada como intento de censura. Morena legisla con el pueblo y para el pueblo”, concluyó.