Legislativo

El Parlamento abierto con la diputada local Brissa Arroyo Martínez llegará también a las colonias y tenencias de Morelia, así como en el interior del estado, porque aquí escuchamos a todas las voces para ser llevadas al Legislativo.

Así lo informó en Conferencia de Prensa, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, quien afirmó que “se trata de traspasar las cuatro paredes del Congreso, es salir a escuchar sus propuestas pero también construir juntas y juntos comunidad”.

La Congresista local, Presidenta del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría del Legislativo, explicó que diversas organizaciones de la sociedad civil le han expresado su preocupación por las adolescentes y jóvenes en el sentido de que deben ser más escuchados para evitar que se inclinen por conductas poco favorables.

En ese contexto anunció que estará recorriendo las colonias y tenencias de Morelia, centros educativos y también algunos municipios del interior del estado, como ya se hizo en Charapan.

Y como parte de su agenda social estará este martes recorriendo la Aldea, y en próximos días inaugurará su Casa de Atención Ciudadana, en esta ciudad de Morelia que se ubicaría en Calle del Trabajo 169 Zona Centro.

Arroyo Martínez pormenorizó que en el ámbito legislativo propuso en la sesión pasada una iniciativa para tipificar como delito el ocultamiento de bienes a quien transfiera o adquiera bienes en el ocultamiento de la pareja afectando así el patrimonio común.

“Esta iniciativa forma parte de una agenda conjunta que hemos realizado con siete compañeros más de diferentes fracciones parlamentarias, y que cada una de ellas presentó una iniciativa para fortalecer los derechos de las mujeres”, abundó la Congresista.

En su intervención, Edgar Alejandro Castillo Salinas Secretario Técnico del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría, habló respecto a los trabajos que se vienen realizando con perspectiva de derechos humanos y los avances con el Centro de Justicia Integral para Mujeres (CJIM).

De esta forma, la diputada Brissa Arroyo reiteró que “estamos legislando en serio, y queremos que nuestro Parlamento abierto esté al alcance de la ciudadanía, escuchar a todas las voces y hacerlas ley”.

Cabe señalar que se ha propuesto en el
Pleno del Congreso cambiar el nombre de Comité de Atención Ciudadana y Gestoría por Comité de Participación ciudadana y vinculación social.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, reconoció la trayectoria y el desempeño de las servidoras públicas del Poder Legislativo, a quienes también agradeció que contribuyan sustancialmente a mejorar la vida de las michoacanas.

En un encuentro especial con ellas, la legisladora de Morena expuso que las y los 40 diputados de esta 76 Legislatura «quisimos convivir con ustedes antes de que terminara el mes en el que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, que es una fecha para reflexionar, para recordar la importancia que tenemos las mujeres en la sociedad y nuestro derecho a alcanzar la igualdad sustantiva».

Agregó que las y los diputados «estamos tres años y nos vamos, pero en el caso de ustedes les ha tocado contribuir en la redacción marcos normativos para los derechos de las mujeres que tiene que ver con reformas y leyes generales para eliminar el acoso, el hostigamiento sexual en las áreas de trabajo y todo tipo de violencias, así como en los temas en materia familiar, es decir, todo ha pasado por las manos de ustedes y el trabajo que realizan en el Congreso contribuye sustancialmente a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de Michoacán».

Por esa razón, puntualizó la ex funcionaria federal y especialista en políticas públicas con perspectiva de género, se coincidió con Rogelio Vargas Andrade, secretario general del Sindicato Único de Empleados al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), en la importancia de «reunirnos toda la equipa de mujeres del Congreso, para reconocer el esfuerzo y el trabajo que ustedes hacen de manera cotidiana, desde la querida compañera que le toca la limpieza, hasta la que redacta las gacetas, las que están al pendiente del funcionamiento de la Mesa Directiva y otras más a cargo del área de finanzas; todas somos muy importantes para que este trabajo funcione».

También estuvieron presentes el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora y las diputadas Teresita de Jesús Herrera, Sandra Arreola, Adriana Campos, Nallely Pedraza, Guiliana Bugarini, Emma Camacho, Sandra Garibay, Jaqueline Avilés, Melba Albavera y Diana Esponoza.

La diputada local Brissa Arroyo Martínez, presentó una iniciativa para tipificar como delito la violencia patrimonial para quien oculte, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros sin el consentimiento de la pareja, afectando así el patrimonio común.

En la máxima tribuna del estado, la Congresista argumentó que es fundamental para la salud de nuestras relaciones la transparencia en la gestión de nuestros bienes y recursos dentro de la sociedad conyugal.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, explicó que la violencia económica y patrimonial, entendida como cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la mujer, es una realidad que perpetúa y acrecienta la desigualdad estructural entre mujeres y hombres.

En particular, abundó, existen las implicaciones al ocultar, transferir o adquirir bienes a nombre de terceros sin el consentimiento de la pareja. O incluso se manifiesta cuando, al tener una dependencia con su cónyuge o concubino, se le impide a la mujer tomar decisiones sobre la economía del hogar.

La ocultación de bienes no solo afecta el patrimonio común, también crea un ambiente de desconfianza y resentimiento que puede llevar a la ruptura de la relación.

“La violencia patrimonial, en cualquiera de sus formas, es inaceptable, porque tiene repercusiones en nuestros hijos y en la sociedad en su conjunto. Debemos ser conscientes de que nuestras acciones tienen un impacto más allá de nosotros mismos”, agregó.

En la iniciativa con proyecto de decreto se propone adicionar la fracción XXII al artículo 218 del Código Penal para el Estado de Michoacán, de conformidad con la siguiente: A quién en perjuicio de la sociedad conyugal o patrimonio común, generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera, a nombre de terceros, bienes sin autorización expresa del cónyuge, concubina o concubino.

Esta iniciativa fue también respaldada por las diputadas: Ana Belinda Hurtado Marín, Adriana Campos Huirache, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, Diana Mariel Espinoza Mercado, Sandra María Arreola Ruiz, Ana Vanhessa Caratachea Sánchez y María Itzé Camacho Zapiain.

Gracias al trabajo coordinado entre los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, en breve, en el Pleno del Congreso del Estado se estará votando el dictamen para ratificar la conformación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como modificaciones a la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán.

Así quedó de manifiesto durante el encuentro que sostuvieron los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Vicente Gómez Núñez, así como el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla con el coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros, María Fernanda Ortiz Hernández, directora de Asuntos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán y Nora Chávez, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Vicente Gómez Núñez reconoció la labor decidida de quienes integran la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXVI Legislatura para abordar los temas pendientes y lograr la integración del dictamen que permitirá la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, así como una reforma a la Ley de Protección Civil, que establece, entre otros aspectos, que la Coordinación Estatal de Protección Civil y las coordinaciones municipales de Protección Civil deberán prestar los servicios de los cuerpos de bomberos ante cualquier situación de emergencia.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) agradeció el respaldo de los diputados Juan Antonio Magaña de la Mora, Carlos Alejandro Bautista Tafolla y Guillermo Valencia Reyes y de quienes integran la mesa técnica para lograr concretar los dictámenes que serán votados por quienes conforman la LXXVI Legislatura.

El diputado, Carlos Alejandro Bautista expresó que con la conformación de los dictámenes se da una muestra de que el trabajo colaborativo con todos los sectores brinda buenos resultados e invitó a la construcción de leyes tomando en cuenta la voz de todos los sectores de la sociedad.

En este sentido, el coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros agradeció la visibilización del Sistema de Protección Civil y recalcó que las reformas a la ley eran requeridas para lograr cambios favorables y se puedan adecuar los reglamentos y transitorios a las necesidades actuales.

Mientras que María Fernanda Ortiz Hernández, directora de Asuntos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, refirió que se logró una buena coordinación para adecuar los marcos normativos y mostró su disposición a seguir trabajando para modificar los ordenamientos legales que se requieran.

Finalmente, Nora Chávez, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, indicó que se tenía más de un año buscando la conformación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual estará integrado por nueve personas de la sociedad civil, desde el ramo turístico, académico, la iniciativa privada y las comunicades indígenas, entre otros.

La diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado presentó una iniciativa ante el Pleno de la LXXVI Legislatura Local para reformar la Constitución y garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todas las personas.

La propuesta de la diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es reformar el artículo 2º de la Constitución Política del Estado de Michoacán mediante la adición de un segundo párrafo, para garantizar este derecho a las y los michoacanos.

Si bien el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La nueva reforma a la Constitución Local busca ampliar este derecho a todas las personas, sin importar su situación familiar o socioeconómica.

La vivienda digna y adecuada deberá cumplir con criterios de durabilidad, seguridad, sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal y ubicación en zonas con acceso a servicios públicos básicos. Además, se debe respetar la diversidad cultural y arquitectónica de las comunidades.

La diputada Grecia Aguilar Mercado destacó que el derecho a la vivienda no debe estar condicionado a la capacidad económica de las personas, sino que debe ser un derecho fundamental garantizado por el Estado. También señaló que la iniciativa busca abordar los errores del pasado, en los que la vivienda se convirtió en un negocio y no en un derecho social.

Según estimaciones sólo el 11% de los michoacanos pueden adquirir una vivienda, esto debido a los bajos salarios y a los altos costos en la misma.

De acuerdo con la CONAVI, en Michoacán se construyen dos mil 400 casas al año; sin embargo, solo 266 mantienen precios aceptables para la mayoría del sector poblacional que nos es derechohabiente del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

El estado cuenta con cerca de cuatro millones 748 mil 846 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que solamente 522 mil 373 cuentan con casa propia o tienen la posibilidad para hacerlo. Sin embargo, para cumplir con la demanda según refiere la CONAVI se requiere la construcción de 274 mil nuevas.

Por tal razón, Grecia Aguilar dijo que la Bancada Naranja presenta dicha propuesta con la que reafirma en la Constitución del Estado el concebir a la vivienda social como un derecho de todas y todos.

«Toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. digna, la cual deberá cumplir con criterios de durabilidad, seguridad, sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal adecuada a las necesidades de las personas con discapacidad, ubicadas en zonas con acceso a servicios públicos básicos de salud, educación, transporte adecuado y eficiente, además de cercanía a fuentes de trabajo y espacios públicos».

En el Congreso del Estado de Michoacán, la diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, integrante de la Septuagésima Sexta Legislatura, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución local y expedir la Ley de Revocación de Mandato en la entidad.

La propuesta busca adicionar un artículo 10 Bis y modificar el artículo 55 de la Constitución Política de Michoacán, con el objetivo de establecer el mecanismo de revocación de mandato para el titular del Ejecutivo estatal.

La legisladora destacó que esta medida es un derecho inalienable de la ciudadanía y una herramienta fundamental para evaluar a los gobernantes a la mitad de su mandato.

Isauro Hernández resaltó que la revocación de mandato ya es una realidad a nivel federal, luego de ser incluida en la Constitución del país como parte del proyecto de la Cuarta Transformación. En ese sentido, subrayó la importancia de armonizar la legislación estatal con esta medida para permitir que los michoacanos también puedan decidir si su gobernador o gobernadora debe continuar en el cargo.

La diputada argumentó que, con este mecanismo, se podría haber evitado que exmandatarios estatales incurrieran en presuntos actos de corrupción y desvíos millonarios, haciendo referencia al exgobernador Silvano Aureoles. Asimismo, hizo un llamado a sus compañeros legisladores a actuar con responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, asegurando que el pueblo debe tener la facultad de “poner y quitar” a sus gobernantes.

Finalmente, la iniciativa fue presentada al Pleno del Congreso y se espera que sea analizada en comisiones antes de su posible aprobación. De ser avalada, Michoacán se sumaría a las entidades que han adoptado este mecanismo como parte de su marco legal, fortaleciendo la democracia y la rendición de cuentas en el estado.

Más allá de partidos y discursos políticos, ocho integrantes de la 76 legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, impulsaron en sinergia ocho iniciativas que refuercen los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, familiar, deportivo y social con el objetivo de cerrar brechas de género.

Las congresistas Vanhe Caratachea (PAN), Sandra Arreola (PVEM), Belinda Hurtado (Grupo Parlamentario), Itzé Camacho (Morena), Brissa Arroyo (PRDM), Grecia Aguilar (MC), Diana Mariel Espinoza (PT) y Adriana Campos Huirache (PRI) presentaron una serie de reformas de ley en la Sesión Ordinaria celebrada en el Palacio Legislativo el día 26 de marzo.

Cada una de las ocho legisladoras, expuso desde desde la tribuna del pleno, iniciativas de decreto realizada en conjunto por diputadas que llevaran una agenda con perspectiva de género, a la par de sus comisiones y grupos parlamentarios, esto con la finalidad de trabajar para erradicar las formas diversas de violencia contra niñas y mujeres, de sus necesidades reales y la urgencia de cambiar la forma de hacer política en el país.

Vanhe Caratachea propuso garantizar que las trabajadoras puedan realizarse estudios médicos preventivos sin afectar su salario o días de descanso. Itzé Camacho presentó una iniciativa para prohibir preguntas discriminatorias en entrevistas de trabajo sobre estado civil, embarazo o maternidad, mientras que Brissa Arroyo planteó tipificar como delito el ocultamiento de bienes, al considerarlo una forma de violencia económica y patrimonial que restringe la autonomía femenina. Grecia Aguilar, por su parte, busca fomentar la equidad de género en el deporte, asegurando apoyos y becas para niñas, adolescentes y mujeres.

En materia de justicia y derechos laborales, Sandra Arreola propuso reformar el Código Penal de Michoacán para equiparar la tentativa de feminicidio con el feminicidio consumado, evitando que estos casos sean minimizados como lesiones calificadas o violencia familiar. Diana Espinoza planteó reconocer la misoginia como un factor clave en la violencia de género. Adriana Campos Huirache busca garantizar dos descansos de media hora para mujeres en periodo de lactancia y la instalación de lactarios en los centros de trabajo, mientras que Belinda Hurtado propuso que los gobiernos municipales gestionen estrategias para apoyar la lactancia materna con espacios adecuados.

“Las mujeres hemos abierto caminos, roto estereotipos, luchado contra la discriminación para lograr apertura de espacios en la toma de decisiones”, afirmó Teresita Herrera Maldonado, coordinadora de diputados del PAN en Michoacán, durante su participación en el 2ndo Encuentro de Mujeres Electas en Michoacán, organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Desde su posición en el congreso del Estado, Herrera Maldonado destacó el avance de las mujeres en la política y otros ámbitos de decisión.

“Vamos abriendo camino, permitiendo que las generaciones futuras cumplan sus sueños, que el relevo generacional se dé, tiene que ver con la frase de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que nos dice: El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Así que, digamos creyendo en los sueños, que con voluntad y perseverancia se hacen realidad”.

Durante su participación en el panel, reconoció la importancia de encontrar coincidencias y fomentar el respeto, sin importar el origen partidista, lo que enriquece el trabajo de las mujeres en los diferentes espacios de representación.

Tere herrera detalló que desde el Congreso del Estado las mujeres “son portavoz de la ciudadanía y defienden diferentes ideologías, lo que no les resta valía por sus pensamientos”.

“Nuestra ideología no nos hace ni más, ni menos mujeres, en esa diversidad. Hoy representamos a la ciudadanía que ha confiado en nosotros y que es nuestra responsabilidad alzar la voz por quienes confiaron en nosotros”.

La diputada panista reiteró su compromiso de continuar trabajando por una patria ordenada y generosa, y una vida mejor, más justa para todas y todos.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura exhorta a los 112 ayuntamientos del Estado de Michoacán de Ocampo y al Concejo Mayor de Cherán a observar y cumplir cabalmente con la presentación de las cuentas públicas, que debe hacerse ante el Congreso del Estado a más tardar el 31 de marzo.

A propuesta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, las y los legisladores invitaron a los municipios y al Concejo mayor a cumplir con lo dispuesto en el artículo 123 fracción III de la Constitución del Estado, así como el artículo 42 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

Conforme al Acuerdo, las y los diputados definieron que en estricto apego y cumplimiento de lo mandatado en el marco Constitucional y legal, los ayuntamientos y el Concejo Municipal, así como, como entes obligados en la rendición de cuentas, deben observar la ley con estricto apego para evitar ser sancionado por la falta de observancia a la misma.

Ante la cercanía de la fecha de entrega de las cuentas públicas, el Congreso del Estado instó a los entes fiscalizables a cumplir a cabalidad con sus obligaciones dispuestas por el marco jurídico en la materia, para que entregues éstas en el Poder Legislativo, a fin de que pueda vigilarse el cumplimiento de las mismas.

Cabe destacar que el artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, establece que el Gobernador del Estado presentará cada año al Congreso, a más tardar el 30 de abril, la Cuenta Pública de la hacienda estatal correspondiente al ejercicio fiscal próximo anterior.

Solamente se podrá ampliar el plazo de presentación hasta por treinta días naturales cuando medie solicitud del Gobernador y a juicio del Poder Legislativo.
Por su parte, los ayuntamientos, concejos municipales y las comunidades o consejos indígenas y ciudadanos deberán presentar la Cuenta Pública al Congreso a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente.

Conforme a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución del Congreso del Estado aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como revisar, fiscalizar y dictaminar las cuentas públicas de las haciendas municipales y de los Concejos municipales con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la fiscalización superior.

Ante el aumento de padecimientos como trastornos de ansiedad y depresión, que llegan en muchas ocasiones al suicidio, el diputado local, Alejandro Iván Arévalo Vera, presentó una iniciativa a fin de garantizar atención tanatológica en instituciones educativas e instancias públicas.

En la máxima tribuna del estado, el legislador por el distrito local de Zacapu, detalló que “de acuerdo con las cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud en 2022, cada año se suicidan cerca de 700 mil personas en todo el mundo, mientras que en México, en 2023, se registraron 8 mil 837 suicidios, siendo las juventudes de entre 15 y 29 años de edad, los que tienen mayor registro de suicidios”, aseveró.

El diputado local señaló que con base en estas cifras, se requieren acciones inmediatas, motivo por el cual se necesita generar acciones efectivas para poder contrarrestar estos números, y aseguró que la tanatología es una ciencia que previene la comisión de suicidios.

Por ello, indicó que con esta propuesta de iniciativa lo que se busca es que se trabaje de manera coordinada en este tema y la tanatología sea promovida en instituciones educativas e instancias públicas como es el SDIF, que la educación tanatológica forme parte de la educación integral del individuo y con ello pueda enfrentar sucesos como pérdidas, separaciones, divorcios, o la muerte de un familiar cercano, toda vez que el mal manejo de las emociones puede provocar trastornos emocionales y en muchos casos hasta suicidios.

Cabe destacar que, la promoción y aplicación de una educación y conocimientos tanatológicos constituye una necesidad primordial para el bienestar, no sólo individual y familiar, sino también comunitario y el que se brinde en las instituciones públicas y educativas, puede ser un instrumento poderoso que incidiría de manera decisiva en el futuro económico, social y cultural de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Por último, el diputado Iván Arévalo señaló que “el trabajo coordinado entre instituciones generara un estado de bienestar a la población y sobre todo a los educandos que no cuenten con más recursos que la escuela misma.”