Legislativo

Las y los diputados integrantes de la 76 Legislatura, aprobaron por unanimidad la reestructuración de las Comisiones de Asuntos Electorales y de Participación Ciudadana; de Desarrollo Social; y de Puntos Constitucionales, todas del Congreso del Estado de Michoacán.

En la propuesta de acuerdo elaborada por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, se establece que en la Comisión de Asuntos Electorales y de Participación Ciudadana, seguirá como presidenta la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, pero se suma a la misma, como integrante, el diputado Helder Valencia Soto.

En lo que respecta a la Comisión de Desarrollo Social, el nuevo presidente será el diputado Helder Valencia Soto y seguirá integrada por las diputadas Emma Rivera Camacho y Ana Belinda Hurtado Marín.

En tanto en la Comisión de Puntos Constitucionales, la presidencia continuará a cargo de la diputada Emma Rivera Camacho y se suma a la misma, el diputado Helder Valencia Soto en vez del diputado con licencia Octavio Ocampo Córdova.

De esta forma, la 76 Legislatura ratifica el compromiso de darle continuidad al trabajo que se realiza en comisiones y con ello garantizar la legalidad en los dictámenes que sean presentados ante el Pleno.

Con el firme compromiso de avanzar hacia entornos laborales justos y equitativos para las mujeres, la diputada Itzé Camacho presentó, junto a otras legisladoras, una iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar la fracción I del artículo 11 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.

La propuesta busca reconocer expresamente como violencia laboral cualquier forma de discriminación durante los procesos de contratación, incluyendo preguntas relacionadas con el estado civil, embarazo, planificación familiar, maternidad u otras condiciones personales que no guardan relación con las capacidades profesionales de las aspirantes.

“Preguntas como ‘¿estás casada?’, ‘¿tienes hijos?’ o ‘¿piensas embarazarte?’ siguen presentes en entrevistas laborales, sin que tengan vínculo alguno con la preparación, la experiencia o el desempeño profesional de las mujeres”, denunció la legisladora desde la tribuna.

La legisladora morenista subrayó que estas prácticas, aunque a menudo disfrazadas de rutina o formalidad, constituyen una forma de violencia de género. “Son mecanismos de exclusión que condicionan el acceso al empleo y perpetúan la idea de que la vida personal de las mujeres define su valor profesional”, afirmó.

La iniciativa fue respaldada por las diputadas Belinda Hurtado, Adriana Campos, Brissa Arroyo, Grecia Aguilar, Diana Espinoza, Sandra Arreola y Vanessa Caratachea, consolidando una acción colectiva en favor de los derechos laborales y la dignidad de las mujeres michoacanas.

Con esta reforma, se busca garantizar que en Michoacán el acceso a un empleo se base únicamente en el talento, la preparación y el compromiso, no en aspectos personales ajenos al desempeño profesional.

“En nuestro estado, solo el 39% de las mujeres en edad productiva participan en el mercado laboral, frente a más del 70% de los hombres. Es urgente dejar claro, también en la ley, que este tipo de preguntas no solo son indebidas, sino que representan una forma de violencia laboral. Reconocerlo de manera explícita permitirá a las mujeres identificarlo, denunciarlo y exigir espacios de trabajo respetuosos y libres de discriminación», sostuvo.

“Construir espacios laborales seguros, igualitarios y libres de violencia es responsabilidad de todas y todos. Y empieza por entender que la violencia laboral no comienza en la oficina: puede iniciar mucho antes, con una sola pregunta disfrazada de protocolo”, concluyó.

Bajo la premisa de reducir la burocracia, homologar procesos y fortalecer la transparencia, mediante la digitalización administrativa en todos los niveles de gobierno, en beneficio de la ciudadanía, el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículo 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A través del dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, es como la Septuagésima Sexta Legislatura se sumó a dicha reforma constitucional que busca dar solución a uno de los problemas estructurales en materia de gestión pública y garantizar el acceso a derechos fundamentales.

La Fundamentación refiere que mediante la simplificación administrativa, la homologación de trámites requisitos, se mejora el tiempo de resolución y los procesos de atención, así como, reducir la carga regulatoria.

Asimismo, se establece que el Congreso de la Unión expedirá la Ley Nacional, un modelo de simplificación y digitalización de trámites y servicios, que establezca los principios y obligaciones en dicha materia impulsando las buenas prácticas regulatorias, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades públicas.

Finalmente, el acuerdo que será enviado al Congreso de la Unión señala que con la utilización y expansión de las plataformas digitales, facilitará el acceso a servicios públicos y disminuirá los costos asociados a los trámites presenciales, en beneficio de la ciudanía.

Con el objetivo de contar con una administración pública municipal eficaz, que tenga las herramientas necesarias para llevar las riendas de los gobiernos locales con capacidad técnica y ética, Reyes Galindo Pedraza, propuso que el cargo de secretario de Ayuntamiento, sea ocupado por profesionistas, de preferencia por licenciados/as en Derecho.

Así lo planteó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Pleno del Congreso local, a través de una reforma a la fracción II, del artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en la que se señala que el secretario del ayuntamiento sea un profesionista, preferentemente licenciado en Derecho, con experiencia en responsabilidades afines.

«Este ajuste permitiría profesionalizar aún más este cargo, asegurando que quienes lo desempeñen cuenten con las herramientas académicas y prácticas necesarias para afrontar los retos legales y administrativos que conlleva su función», explicó el líder petista al exponer esta reforma durante la sesión de este miércoles.

Asimismo,destacó que por ser la administración pública municipal una de las instancias de gobierno más cercanas a la ciudadanía, su funcionamiento depende en gran medida de la capacidad técnica y ética de quienes ocupan los cargos clave dentro de su estructura; siendo justamente uno de estos cargos el de secretario del ayuntamiento, cuya responsabilidad abarca funciones administrativas, y normativas fundamentales para el desarrollo del municipio.

Reyes Galindo, explicó que esta propuesta de reforma señala que la Secretaria o Secretario del Ayuntamiento deberá cumplir con los siguientes requisitos:
ser profesionista, con cédula profesional, preferentemente licenciado en derecho, con experiencia en responsabilidades afines; no ser cónyuge o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado o colateral hasta el cuarto grado, o por afinidad dentro del segundo grado, del presidente Municipal.

«Esta disposición busca garantizar que la designación se realice con base en el mérito y no en relaciones personales, fortaleciendo la imparcialidad y transparencia. Al exigir perfiles más capacitados y al limitar los vínculos personales en las designaciones, se da un paso firme hacia la consolidación de una gestión pública eficiente, ética y comprometida con los intereses de la comunidad», acotó Reyes Galindo.

Por último, enfatizó en que con estas modificaciones se busca no solo fortalecer el desempeño del cargo de secretario del ayuntamiento, sino también establecer un estándar que permita a los municipios michoacanos responder con mayor solvencia a las demandas de la ciudadanía.

«La transparencia y la profesionalización son pilares fundamentales de cualquier sistema de gobierno que aspire a ser moderno, eficiente y digno de la confianza de su pueblo», indicó el coordinador petista en el legislativo michoacano.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó el proyecto de acuerdo en relación al informe anual de actividades 2023-2024, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

En dicho proyecto se exhorta al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán a implementar las diversas recomendaciones emitidas en temas como: mujeres; niñas, niños y adolescentes; adultos mayores; comunidad LGBTIQ+; pueblos indígenas y afrodescendientes; víctimas del delito; sector salud; centros de control de adicciones; sector educación; procuración de justicia, fiscalías, Poder Judicial y auxiliares del sistema de justicia; seguridad pública; ayuntamientos; protección y garantía de derechos humanos para periodistas en Michoacán; y mejora administrativa y de gestión interna de la CEDH.

En el dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, se especifica que “con estas recomendaciones, se refuerza la necesidad de que la CEDH no solo actúe como un órgano observador, sino como un agente que impulse acciones y mecanismos estructurales en todos los ámbitos de gobierno para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos e Michoacán”.

En ese sentido, la 76 Legislatura se reiteró como una aliada en el fortalecimiento de la CEDH, además de contribuir con las recomendaciones emitidas por el Pleno para que se conviertan en acciones concretas en pro de las y los michoacanos.

El derecho al libre tránsito es un principio fundamental consagrado en la Constitución, sin embargo, en Michoacán el mismo se ve condicionado por las tarifas excesivas en carreteras de cuota, la falta de rutas alternas viables y un preocupante índice de accidentes e inseguridad en nuestras vialidades, por ello Víctor Manríquez González presentó una iniciativa para garantizar la movilidad de las y los michoacanos, en condiciones justas, accesibles y seguras.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local propuso que se adicione la Ley de Caminos y Puentes del Estado de Michoacán, con el objetivo de que desde la norma se establezcan las bases generales de regulación tarifaria en caso de que las motocicletas y los automovilistas que acrediten, con una constancia expedida por la autoridad municipal correspondiente, su residencia en las localidades cuyos municipios sean colindantes del tramo carretero donde se ubique una caseta de peaje.

Y también para aquellos que demuestren con una constancia laboral o académica la necesidad de movilidad cotidiana en alguna caseta o casetas de peaje, serán acreedores de la reducción del costo o la exención del pago de peajes que determine la Secretaría.

El cobro indiscriminado de peajes vulnera el derecho al libre tránsito cuando no existen rutas alternas o medios de transporte accesibles. Además, la alta tasa de accidentes y la inseguridad en las carreteras de cuota agravan la situación, obligando a los ciudadanos a pagar sin recibir condiciones óptimas de movilidad, sostuvo el líder de la bancada naranja.

En la Máxima Tribuna del Estado resaltó que es responsabilidad del Estado garantizar que las carreteras no sean un obstáculo económico ni un riesgo para la seguridad de quienes las transitan diariamente. Por ello, urge la implementación de un plan tarifario especial que alivie la carga económica de los ciudadanos y permita un acceso equitativo y seguro a la movilidad en Michoacán.

Además del impacto económico que representa para trabajadores, estudiantes y pobladores de municipios cercanos a las casetas, se suma otro problema grave: el alto índice de accidentes en carreteras de cuota, el cobro de peajes no garantiza mejores condiciones viales ni seguridad para los usuarios. Michoacán es una de las entidades con mayor índice de accidentes en carreteras de cuota, especialmente en la Autopista Siglo XXI, donde más del 70% de los siniestros terminan en muertes o lesiones graves.

Ante esta problemática, Víctor Manríquez plantea la creación y aprobación de un plan tarifario especial para usuarios cotidianos de las carreteras de cuota en Michoacán, al reducir o eximir el pago de peajes a trabajadores, estudiantes y residentes que transiten de manera frecuente por estas vialidades. También establecer tarifas preferenciales para quienes carecen de opciones de transporte público o vías alternas.

Así también con esta propuesta el líder de la bancada naranja propone que se garantice la seguridad en las carreteras concesionadas, exigiendo a las empresas concesionarias el cumplimiento de medidas efectivas de mantenimiento y vigilancia. Reducir el índice de accidentes, obligando a las concesionarias a mejorar las condiciones de las carreteras de cuota e impulsar la inversión en transporte público seguro y eficiente, reduciendo la dependencia del transporte privado y los costos para la población.

Toda persona tendrá derecho al cuidado, lo que conlleva al bienestar físico y emocional, con especial enfoque en niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y vulnerabilidad, propuso la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, al presentar una reforma a la Constitución Política del Estado a fin de establecer este derecho.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano resaltó que esta propuesta surge para saldar la deuda histórica que el Estado Mexicano ha tenido con millones de personas, en su mayoría mujeres: el derecho al cuidado.

Grecia Aguilar propone la creación del Sistema Estatal de Cuidados, la profesionalización y regulación de los trabajos de cuidado, políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad, y una base financiera que garantice su progresiva implementación.

Esta es una propuesta para las niñas que cargan con responsabilidades que no les tocan. Para las madres que no pueden acceder al empleo por cuidar solas. Para las personas mayores que viven sin apoyo. Para las personas cuidadoras que necesitan derechos y reconocimiento.

Resaltó que Michoacán tiene hoy la oportunidad de ser pionero en justicia social, de colocar la vida y el bienestar en el centro de sus decisiones legislativas, por ello, resaltó la importancia de que se cristalice y de los beneficios que generaría en miles de michoacanas y michoacanos.

Los cuidados han sido invisibilizados, desvalorizados y cargados de manera injusta sobre los hombros de las mujeres, esta carga ha limitado sus oportunidades educativas, laborales, sociales y políticas. “Ha reforzado desigualdades estructurales y ha perpetuado ciclos de pobreza y exclusión”.

Por ello, Grecia Aguilar propone que en Michoacán el cuidado se reconozca como un derecho humano universal, exigible, interdependiente y garantizado por el Estado y se establezca en la Constitución Local.

“Que se reconozca el valor de quienes cuidan, que se protejan sus derechos laborales y se construya un sistema estatal que distribuya equitativamente esta responsabilidad entre familias, instituciones públicas, sector privado y sociedad en general”.

Esta iniciativa parte de principios sólidos: igualdad, universalidad, progresividad, no regresividad y corresponsabilidad social y de género. Se alinea con tratados internacionales, como la CEDAW, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre Personas Mayores y los compromisos de la OIT.

Expuso que de acuerdo con la ENASIC 2022, más de 58 millones de personas en México requieren cuidados. Y de estas, el 76% de las horas de trabajo de cuidado son realizadas por mujeres. Esta desigualdad no es sostenible.

A fin de que las autoridades locales diseñen y ejecuten, en coordinación con la iniciativa privada, un programa de apoyo para migrantes víctimas de repatriación forzosa y que cuenten con estudios equivalentes a licenciatura o posgrado, a efecto de integrarlos al sector productivo del Estado, lo que significa la atracción de los dreamers o soñadores a la economía de esta entidad Federativa, la diputada Adriana Campos Huirache propuso reformar la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura en la Máxima Tribuna del Estado expuso que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos la situación de los llamados dreamers y sus familias puede volverse aún más inestable, por lo que se debe estar preparado como entidad y tener opciones que brindarles en caso de ser deportados.

La aprobación de una medida de esta naturaleza podría compararse, con la política emprendida por el presidente Lázaro Cárdenas hacia el exilio español en 1939 tras la derrota de la República, toda vez que ésta supuso el enriquecimiento de la vida cultural y económica de México gracias a la valiosa contribución de los republicanos que se asentaron en nuestro territorio.

Adriana Campos recordó que gracias a DACA muchos soñadores han podido acceder a educación de calidad, rompiendo así las barreras que les imponía su origen, lo que en muchos casos ha quebrado los ciclos de pobreza. Si bien es cierto no existen cifras al respecto, tan sólo la organización thedream.us dio a conocer en su informe de 2024 que más de 4000 ex alumnos apoyados por esta institución y por otra de nombre Golden Door se han graduado de universidades de todo Estados Unidos, lo que nos da una aproximación de la forma en que esta política ha favorecido la movilidad social de forma ascendente.

Recordó que siendo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón se reunió en diversas ocasiones con grupos de soñadores, mientras que la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tuvo un encuentro con dreamers en 2022 a quienes les expresó que “son héroes y heroínas porque no solamente sostienen la economía de Estados Unidos, sino en mucho sostienen la economía de México”.

Tales encuentros y declaraciones nos hablan del interés que existe entre un sector de nuestra sociedad por estrechar lazos con esta parte de la diáspora mexicana que en mucho puede contribuir a la prosperidad del país.

A casi una década de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Michoacán, pese a los esfuerzos la violencia contra las mujeres no cede, por lo que es apremiante actualizar y fortalecer nuestro marco legal subrayó la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz González, al presentar ante el Pleno de la LXXVI Legislatura Local una iniciativa para reformar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.

En la Máxima Tribuna del Estado la diputada local integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propuso reforzar las estrategias con las que cuenta el Estado para hacer frente a la violencia que viven las niñas y mujeres.

Sostuvo que es fundamental establecer en la ley la obligación del Estado de elaborar un programa de trabajo específico para atender la alerta de violencia de género o, en su caso, integrarlo al Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género.

“Esta medida no es solo una formalidad, sino un instrumento clave para garantizar que las instituciones cumplan con las obligaciones adquiridas tras la emisión de una alerta de esta naturaleza. Actualmente, la ley no define con claridad esta obligación ni establece los requisitos mínimos que debe cumplir dicho programa”.

Xóchitl Ruíz subrayó que no se puede permitir que la falta de claridad en la legislación se traduzca en omisiones o en acciones insuficientes. Es momento de reforzar el marco normativo, dotar de herramientas efectivas a las instituciones y, sobre todo, asegurar que las mujeres en Michoacán vivan libres de violencia.

El Sistema Estatal deberá crear y conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres por razones de género; así como para garantizar el cumplimiento de las medidas derivadas de la alerta de violencia de género.

Por lo que la diputada plantea que, aunado a ello, el Sistema Estatal tendrá por objeto la creación e instrumentación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres por razones de género, los mecanismos que faciliten la aplicación del Modelo Único de Atención, sus instrumentos, servicios y políticas públicas, así como el programa de trabajo para la implementación de las medidas establecidas en la alerta de violencia de género.

Las acciones del Programa se articulará tomando en consideración: los avances en materia de armonización jurídico-social; la operatividad de las dependencias, entidades y unidades administrativas en la atención de la violencia; en su caso, las medidas establecidas en alerta de violencia de género; y, los dictámenes sobre la implementación de medidas de Alerta de violencia de Género que se emitan.

El Sistema Estatal deberá elaborar un programa de trabajo para la implementación de las medidas establecidas en la alerta de violencia de género. Dicho programa deberá cumplir, al menos, con los requisitos establecidos para el Programa Estatal o, en su caso, integrarse como parte de este.

El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, revisó y fiscalizó las Cuentas Públicas de 113 ciento trece haciendas municipales, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2023, en donde se determinaron mil 213 observaciones, de acuerdo con el Informe General Ejecutivo e Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales del mismo ejercicio, realizados por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

Ante ello, las y los legisladores aprobaron mediante el artículo quinto del Decreto, que la ASM deberá informar al Congreso del Estado a través de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, cada 6 meses, un informe del estatus que guardan las observaciones pendientes y de las faltas que hayan considerado graves o no graves, así como el procedimiento que se sigue en cada una de ellas hasta su resolución final.

De la revisión, destaca que algunos municipios fueron identificados por la Auditoria Superior de Michoacán, con observaciones preliminares vinculadas con el incumplimiento de las obligaciones fiscales federales y/o estatales; mientras que en relación con la información de Obra Pública sujeta a fiscalización, se determinó incumplimiento de las disposiciones normativas; y, algunos Organismos Operadores de Agua fiscalizados presentaron inconsistencias e incumplimientos del marco normativo.

Dentro de las observaciones relevantes se señala que el Balance Presupuestario no cumple con el Principio de Sostenibilidad; mientras que en algunos de los municipios existe la falta de cumplimiento al principio de sostenibilidad, establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

También se observa que en la gran mayoría de las auditorías realizadas, se tiene un cumplimiento parcial así como deficiencia y/o inexistencia de un Sistema de Control Interno que contenga y mitigue el incumplimiento de la normatividad que regula la actuación de los ayuntamientos.

Ante ello, las y los legisladores de la 76 Legislatura instruyeron a la Auditoría Superior de Michoacán para que en coadyuvancia con los municipios, lleven a cabo acciones pertinentes para dar cabal cumplimiento con la obligación que les impone a los Servidores Públicos en el desempeño del empleo. Y para que se instauren los mecanismos necesarios, que faciliten el Registro y Valoración del Patrimonio; el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles.

En el Dictamen se definió la necesidad que la ASM con apoyo de las Contralorías Municipales, analice detalladamente los saldos de los Estados de Situación Financiera, para corregir los saldos contrarios a su naturaleza contable y que se revela en el referido estado financiero, así como corregir cualquier error contable que afecte la situación financiera del municipio; y, para Implementar mecanismos que coadyuven a la adecuada estructura organizacional de la Administración Pública Municipal.