Legislativo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, afirmó que en la actual legislatura se han impulsado reformas y acciones concretas para garantizar la autonomía presupuestaria y laboral de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), acompañadas de un incremento sostenido en los recursos destinados a la máxima casa de estudios.

Al referirse al comportamiento del financiamiento estatal en los últimos años, Fabiola Alanís destacó que nunca antes se habían destinado tantos recursos a la Universidad como en este periodo, lo que refleja un compromiso real y tangible con la educación superior pública.

«Hoy no estamos hablando sólo de discursos, estamos hablando de hechos. Los recursos destinados a la Universidad han crecido de manera constante desde 2021 de 3 mil mdp a más de 4 mil 500 mdp, y eso es una muestra clara del compromiso que existe con su fortalecimiento», señaló.

La legisladora subrayó que este incremento presupuestal, que se refleja tambien en la asignación del 4.5% del presupuesto estatal a la Casa de Hidalgo, ha venido acompañado de reformas impulsadas desde el Poder Legislativo para dotar de mayor certeza a la vida interna de la institución, respetando plenamente su autonomía.

«Desde el Congreso hemos trabajado para garantizar su autonomía presupuestaria y laboral, para que la Universidad tenga condiciones más estables, más claras y más justas para cumplir con su misión», afirmó.

En ese sentido, enfatizó que el actuar del Legislativo ha sido siempre con respeto a la vida interna universitaria, reconociendo tanto a sus autoridades como a sus sindicatos.

«Somos respetuosos de las decisiones de la Universidad, de sus órganos de gobierno y de sus representaciones sindicales. Creemos en el diálogo y en la construcción de acuerdos que privilegien siempre la educación de las y los jóvenes», puntualizó.

Fabiola Alanís destacó que todas las acciones emprendidas tienen como objetivo central fortalecer la misión fundamental de la UMSNH: formar profesionistas, generar conocimiento y contribuir al desarrollo de Michoacán.

Asimismo, reiteró que el respaldo a la Universidad forma parte de una política más amplia de apoyo a la educación pública en el estado.

«Son muchos los ejemplos del impulso a la educación en los últimos años y en esta legislatura. Hay una convicción clara de que invertir en educación es invertir en el futuro de Michoacán», expresó.

Finalmente, la diputada reafirmó el aprecio y reconocimiento hacia la Universidad Michoacana, destacando su papel histórico y su contribución al estado.

«Hay un profundo cariño y respeto por nuestra Universidad. Es una institución que ha dado identidad, conocimiento y oportunidades a generaciones de michoacanas y michoacanos. Y ese cariño hoy se refleja en recursos, en reformas y en decisiones que buscan fortalecerla», concluyó.

El diputado del PRD, Octavio Ocampo, hizo un llamado a las Comisiones de Educación, Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado para que dictaminen y aprueben la iniciativa presentada el pasado 15 de abril, que plantea la creación de un Protocolo Estatal de Actuación ante situaciones de violencia en escuelas.

El legislador advirtió que los recientes hechos registrados en municipios como Tarímbaro, Lázaro Cárdenas y Morelia evidencian un escenario preocupante que no puede seguir atendiéndose con improvisación, situación que ha incrementado la inquietud de madres y padres de familia por la seguridad de sus hijas e hijos dentro de los planteles educativos. «Casos como amenazas de tiroteos, suspensión de clases por riesgos de seguridad y reportes de estudiantes con armas obligan a una respuesta institucional inmediata», remarcó.

«Lo que estamos viendo en Michoacán no es un hecho aislado. Es una señal evidente de que necesitamos reglas, coordinación y protocolos. La escuela debe ser el espacio más seguro para nuestras niñas, niños y jóvenes, y hoy no lo estamos garantizando», afirmó Ocampo.

El diputado recordó que su iniciativa propone reformar la Ley de Educación y la Ley Orgánica Municipal para establecer mecanismos claros de actuación y coordinación entre autoridades educativas, de seguridad y ayuntamientos.

Asimismo, plantea la creación de Consejos de Participación y Prevención de Riesgo Escolar, con el objetivo de que cada municipio cuente con una instancia operativa que atienda de manera preventiva y reactiva cualquier situación de riesgo.

«Hoy cada escuela, cada municipio, está reaccionando como puede. Eso genera incertidumbre en las familias, en los docentes y en los propios estudiantes. No podemos seguir actuando sin un marco claro; necesitamos pasar de la reacción a la prevención», subrayó.

Entre los elementos centrales de la propuesta destacan:
•⁠ ⁠La implementación de un Protocolo Estatal obligatorio para casos de violencia o emergencias
•⁠ ⁠Mecanismos de alerta temprana entre escuelas y autoridades de seguridad
•⁠ ⁠Criterios técnicos para la suspensión de clases
•⁠ ⁠Designación de enlaces municipales responsables de la atención escolar

Octavio Ocampo insistió en que la aprobación de esta iniciativa no puede postergarse, ya que está en juego la integridad de la comunidad educativa.

«Este no es un tema político, es un tema de seguridad y de derechos. El Congreso tiene hoy la responsabilidad de actuar con visión y sensibilidad. No podemos esperar a que ocurra otra tragedia para tomar decisiones», enfatizó.

Finalmente, el legislador reiteró su disposición para construir consensos y fortalecer la propuesta, pero dejó claro que la prioridad debe ser garantizar entornos escolares seguros en todo el estado.

Con un llamado firme y urgente a las autoridades para actuar con responsabilidad y sin omisiones ante la violencia feminicida, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, respaldó la reforma constitucional en materia de feminicidio.

Al fijar su postura, la legisladora subrayó que su voto responde a una realidad que duele y que sigue creciendo, al referirse a la violencia feminicida que afecta a miles de mujeres en México. «No es un discurso, es la vida de mujeres que hoy viven con miedo, en un país donde la violencia no distingue y la justicia muchas veces llega tarde o no llega», expresó.

Si bien respaldó la reforma, Adriana Campos Huirache enfatizó que no basta con armonizar las leyes, sino que es indispensable que exista voluntad política real para aplicarlas y garantizar que ningún caso quede en la impunidad.

En ese sentido, cuestionó la actuación de autoridades en casos de desaparición y violencia, al considerar inaceptable que persistan respuestas que minimizan los hechos o prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia. «Es indignante que ante una desaparición se den respuestas como ‘seguramente se fue con el novio’ o que incluso se exija dinero por hacer lo que es una obligación».

La diputada también recordó casos que han marcado la agenda pública nacional, reiterando la exigencia de justicia para las víctimas y castigo ejemplar para los agresores, al señalar que nada puede justificar estos delitos y deben sancionarse con todo el peso de la ley.

Finalmente, destacó la necesidad de avanzar en políticas integrales que atiendan las causas de la violencia, para frenarla, también trabajar en la protección de niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad por feminicidio, a quienes calificó como víctimas invisibles que requieren atención prioritaria, además de impulsar una verdadera cultura de paz en Michoacán y México.

La diputada local y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Emma Rivera Camacho, presentó una iniciativa de reforma orientada a prevenir accidentes en carreteras federales, con énfasis en la autopista Zitácuaro–Toluca, donde en fechas recientes se han registrado al menos tres siniestros graves en el tramo conocido como «Lengua de Vaca», con saldo de personas fallecidas, lesionadas y pérdidas económicas considerables.

La propuesta legislativa plantea modificaciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de establecer de manera obligatoria la instalación de rampas de frenado en zonas de alta peligrosidad, así como la habilitación de espacios de revisión periódica para vehículos de carga pesada. La diputada subrayó que muchos de estos accidentes están relacionados con fallas mecánicas y la falta de uso o disponibilidad de infraestructura preventiva.

Rivera Camacho enfatizó que esta reforma retoma un principio humanista, colocando en el centro la protección de la vida por encima de cualquier interés económico. «No estamos hablando de costos ni de ganancias, estamos hablando de vidas humanas. Tenemos la obligación de protegerlas», sostuvo, al destacar la urgencia de generar condiciones más seguras para quienes transitan por estas vías.

Asimismo, la iniciativa contempla regular los costos de uso de las rampas de frenado, con el objetivo de que no recaigan únicamente en los operadores, sino que se distribuyan entre propietarios de unidades y cargas, garantizando accesibilidad y uso efectivo. Finalmente, la legisladora informó que se buscará coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer acciones complementarias que permitan reducir a cero las pérdidas humanas en esta región del oriente michoacano.

Con la participación de estudiantes, docentes, organizaciones y ciudadanía en general, la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura Local, destacó los avances del IV Parlamento Regional de Derechos Humanos, enfocado en la transformación de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán y con énfasis en la erradicación de la violencia escolar y en temas de gran interés que hoy están más que vigentes.

Este espacio permitió escuchar de manera directa las voces de las y los michoacanos, priorizando las opiniones, inquietudes y propuestas de distintos sectores sociales en torno a temas fundamentales como la inclusión, el bienestar y la garantía de los derechos humanos, y resaltó que en cada uno de los foros se han abordado distintos temas y se tiene un gran avance.

La legisladora señaló que estos parlamentos se realizan en diversas regiones del estado con el objetivo de acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía, especialmente a los grupos de atención prioritaria.

La diputada local integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado subrayó la necesidad de actualizar la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que el organismo evolucione conforme a las necesidades actuales y fortalezca la protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, enfatizó que la erradicación de la violencia escolar es una tarea compartida que involucra a docentes, madres y padres de familia, estudiantes y a la sociedad en general.

Durante el encuentro, que registró una amplia participación de jóvenes de instituciones como UNICLA, Colegio de Bachilleres, Conalep, Cecyte, el Instituto del Valle y el Instituto Tecnológico Nacional, se dejó en claro que las propuestas serán integradas al trabajo legislativo para avanzar en una nueva ley más cercana a la realidad social de Michoacán.

Bajo la premisa de que legislar no es solo aprobar leyes, sino construir acuerdos, ordenar ideas y traducir la voluntad popular en normas claras, justas y aplicables, el diputado Baltazar Gaona, inauguró la conferencia «La construcción racional del dictamen legislativo».

Lo anterior, como parte del ciclo de conferencias denominado «Técnicas y prácticas parlamentarias», realizado a iniciativa del director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado (IIEL), Daniel Rangel Piñón e impartidas por el Mtro. Ezequiel Hernández Arteaga.

Teniendo el salón de Recepciones del Palacio Legislativo como escenario, el diputado Baltazar Gaona al dar la bienvenida señaló la relevancia de este tipo de ejercicio de aprendizaje y compromiso con la calidad del trabajo legislativo, «el cual requiere de técnica, misma que no es un lujo, es una necesidad institucional, de ella depende que nuestras leyes sean comprensibles, coherentes y eficaces», dijo.

Asimismo, manifestó que este esfuerzo formativo que está dirigido a asesores y secretarios técnicos del Poder Legislativo, principalmente, fortalecerá la argumentación jurídica, mejorará la redacción normativa y ordenará adecuadamente los decretos.

«Ustedes son quienes analizan, investigan, redactan, dan sustento técnico a las decisiones legislativas. Su trabajo es la columna vertebral de la función parlamentaria; por ello, invertir su tiempo en su formación es invertir en la calidad del Congreso», reconoció el legislador.

Por su parte, el director del IIEL Daniel Rangel Piñón informó que dicho ciclo de conferencias se desarrollará en tres sesiones, las próximas se llevarán a cabo los días 30 de abril y 7 de mayo, denominadas «técnicas y prácticas para la eficacia jurídica de los actos legislativos» y «La observancia de las esferas de competencia en la creación de leyes estatales», respectivamente.

Finalmente, Ezequiel Hernández Arteaga, en su ponencia expuso desde la definición de dictamen, hasta su elaboración, destacando evitar el uso de falacias, que la argumentación sea válida, siguiendo las reglas de la lógica y la racionalidad ética, entre otros.

Cerró su conferencia con una serie de recomendaciones para construir dictámenes adecuados, tales como: incluir en los proyectos un dictamen de impacto legislativo y presupuestario; verificar fuentes de información cuantitativa y/o cualitativa; integrar adecuadamente las disposiciones transitorias; y, cuidar las revisiones a otras normas.

La Diputada local Brissa Arroyo Martínez acompañó y respaldó la iniciativa ciudadana que plantea establecer la Academia de alta gerencia policial y el Colegio de Mandos Policiales.

Y es que diversas asociaciones civiles, la academia, sector empresarial y religioso, presentaron al Poder Legislativo una iniciativa ciudadana en el que se reforman y adiccionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán y la Ley Orgánica Municipal del Estado, que permita la construcción de un estado más seguro y más justo a través de la profesionalización de las policías municipales.

En ese sentido, la diputada local y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) de la 76 Legislatura informó que durante su gestión ha impulsado el Parlamento Abierto en donde se escucha a todas las voces, a todos los sectores sociales, y las iniciativas presentadas surgen justamente de las necesidades que plantea la ciudadanía.

Afirmó que uno de los proyectos más importantes en su agenda es impulsar la creación de un Consejo Ciudadano Legislativo mediante el cual los sectores de la sociedad puedan hacer observaciones, sugerencias, aportaciones y recomendaciones respecto de las iniciativas que se discutan.

Brissa Arroyo enfatizó que el mayor interés es colocar en el centro de cada decisión Legislativa y pública a las personas, arropar las demandas y sueños de la ciudadanía, convertir su voz en ley, respetando siempre la diversidad de pensamiento y la pluralidad política, porque el bienestar de la gente va más allá de ideologías.

Durante la presentación de esta iniciativa ciudadana, Bernardo María León Olea y Roberto Ramírez Delgado expusieron que la Academia de Alta Gerencia Policial y el Colegio de Mandos Policiales contempla diversas acciones como profesionalizar en un ámbito integral el liderazgo policial y la eficacia de sus mandos contra el crimen y el desorden.

La idea es que todos los policías que aprueben y obtengan un diploma y reconocimiento sean miembros del Colegio de Mandos Municipales y que los Ayuntamientos designen como directores de seguridad pública municipal a perfiles con esta formación, entre otras disposiciones.

La Diputada Brissa Arroyo explicó que esta iniciativa ciudadana, -que fue entregada al Presidente de la Mesa Directiva, diputado Baltazar Gaona-, será analizada y discutida ampliamente y una vez que se determine su viabilidad someterla a votación.

El Congreso del Estado, a través de la diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) reiteró su respaldo y apoyo a la comunidad migrante de michoacanos que vive en Estados Unidos.

En el marco de la presentación del Anuario sobre Migración y Remesas 2025, actividad que se llevó a cabo en el patio del Palacio Legislativo del Congreso del Estado, la legisladora local, reconoció que, si bien aún hay mucho trabajo por realizar en esta materia, el Congreso de Michoacán legisla para fortalecer las políticas públicas emprendidas tanto por el Gobierno del Estado, como el Gobierno de la República, en favor de las y los migrantes.

Por su parte, la diputada Jaqueline Avilés Osorio, presidenta de la Comisión de Migración del Congreso del Estado, manifestó que, el Anuario de Migración y Remesas México 2025 representa una herramienta técnica de análisis, y se consolida como un insumo político de primer orden para comprender y atender uno de los fenómenos sociales y económicos más relevantes de nuestro tiempo como es la migración, desde una visión con sentido social.

«El anuario evidencia la relevancia de las remesas como un pilar del bienestar social, estos recursos han sido acompañados por políticas públicas orientadas a reducir desigualdades, como los programas sociales universales y el fortalecimiento del ingreso de las familias», agregó.

En esta actividad, también estuvieron presentes, el diputado Iván Arévalo Vera, el titular de la Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado de Michoacán, Antonio Soto Sánchez, la secretaria técnica del del Consejo Nacional de Población (CONAPO) Gabriela Rodríguez Ramírez y Rodrigo Jiménez Uribe, coordinador de estudios en población y desarrollo del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, dictaminó y aprobó la Cuenta Pública 2024, conforme a lo establecido por la Ley y con base en el Informe General Ejecutivo de la Auditoría Superior, así lo informó la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de esta Comisión.

Con ello, la diputada Bugarini Torres, señaló que, esta aprobación significa reconocer que el documento cumple con su integración conforme a la ley, por lo que subrayó que, si bien se han mencionado que existen algunas observaciones, estas son parte de procesos de fiscalización en curso, no son resoluciones definitivas, y por tanto deben atenderse en su momento y dentro de los cauces institucionales correspondientes.

«Desde la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, cuidamos el contenido del dictamen para no vulnerar el debido proceso ni interferir en auditorías que aún están en desarrollo», aseveró.

En ese sentido, la diputada presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, enfatizó que la actuación de esta comisión que ella preside, «es seria y responsable; somos poderes distintos y nosotros ni encubrimos, ni adelantamos juicios».

La legisladora local, manifestó que, la rendición de cuentas se construye con respeto a los tiempos legales y el trabajo técnico de la Auditoría Superior, para garantizar que cualquier observación se atienda con rigor y hasta sus últimas consecuencias.

La comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana presentó una serie de iniciativas que «demuestran el compromiso con una verdadera democracia, para garantizar que en la elección del 2027, sean efectivamente los ciudadanos quienes decidan a los ganadores de la contienda», aseguró Toño Carreño Sosa.

A nombre de los integrantes de dicha comisión; Diana Espinoza, Fabiola Alanís, Juan Carlos Barragán y Octavio Ocampo, destacó la importancia del diálogo que ha permitido llegar a acuerdos favorables, precisamente por consolidar la democracia y la participación ciudadana.

Ello, dado que los legisladores mencionados pertenecen a las bancadas del PT, Morena y PRD, además de él que representa a Movimiento Ciudadano y es interés de todos, la transparencia en el desarrollo y la conclusión del próximo proceso electoral, además de que se ha contado con la participación de autoridades del IEM y del TEEM.

De esta forma, sobre la presentación del bloque de iniciativas de reforma al Código Electoral del Estado de Michoacán, Toño Carreño explicó que están enfocadas en la actualización de disposiciones relativas a la logística electoral, fortalecer el diseño de boletas, ampliar plazos de producción, optimización de los cómputos distritales y municipales, y modernización en la integración de expedientes electorales.

Así, indicó el legislador de la Bancada Naranja, se brindará mayor certeza y eficiencia al desarrollo de los procesos comiciales, impulso a la reforma de Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, orientada a la incorporación de notificaciones electrónicas, particularmente el uso del correo electrónico como medio válido de comunicación procesal, así como la homologación de plazos y la eliminación de mecanismos obsoletos, para fortalecer el acceso a la justicia, la certeza jurídica y la eficiencia institucional.

Finalmente, Toño Carreño señaló que se busca garantizar la independencia en la elección del Poder Judicial, así como el fortalecimiento a la estructura del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para una mayor eficiencia operativa en su desarrollo institucional.