Legislativo

Con la finalidad de garantizar que el derecho a la salud llegue a todas y todos los michoacanos, mediante herramientas tecnológicas, la 76 Legislatura del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad, adicionar un artículo a Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo.

Con esta adición y a propuesta de la diputada Teresita de Jesús Herrara Maldonado, se incorpora en la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo una disposición expresa en materia de telemedicina, con la finalidad de que la Secretaría de Salud del Estado promueva e implemente programas y acciones apoyadas en herramientas tecnológicas para acercar servicios de atención médica, educación, diagnóstico, prevención y tratamiento, particularmente en zonas rurales, alejadas y de difícil acceso.

El dictamen presentado, establece la relevancia del uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la prestación de servicios médicos, pues su incorporación normativa contribuye a ampliar la cobertura de atención, mejorar la oportunidad en la prestación de servicios de salud y favorecer el acceso a orientación y atención médica en beneficio de personas que habitan en localidades rurales, comunidades alejadas o zonas con dificultades de acceso geográfico.

Esta propuesta surge del reconocimiento del derecho humano a la protección de la salud y de la necesidad de modernizar el sistema sanitario mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación.

El dictamen aprobado señala que «la telemedicina constituye herramientas útiles para ampliar la cobertura, reducir brechas territoriales de acceso, optimizar recursos, facilitar la atención especializada y fortalecer acciones de prevención, seguimiento, orientación y educación en salud».

Los gobiernos «deben asumir su responsabilidad de atención a la salud mental como un tema primario; basta de esperar a que sucedan hechos dramáticos o estar en crisis para actuar, tal y como ocurrió el pasado lunes en Teotihuacan», sentenció Toño Carreño Sosa.

A nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano, fijó postura en tribuna, para reprochar «la irrupción de la paz en uno de los símbolos más grandes de nuestra historia, que cobró una vida y varias personas resultaron heridas. Parte de la responsabilidad es la indiferencia institucional».

La salud mental y la emocional, añadió Toño Carreño, «son parte de la seguridad pública, la justicia social y son responsabilidad del Estado». Por ello, en conjunto con la diputada Grecia Aguilar Mercado, levantan la voz con sentido de urgencia y presentaron una iniciativa integral para reformar la Ley de Salud del Estado de Michoacán, la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de fortalecer el marco jurídico en materia de salud mental.

El legislador añadió que es impostergable actuar; «tenemos que prevenir antes que lamentar, tenemos que detectar antes que reaccionar y tenemos que acompañar antes que castigar».

En su intervención, explicó que la propuesta establece tres ejes fundamentales: prevención y detección temprana en escuelas; coordinación efectiva entre salud y educación, y, participación comunitaria y corresponsabilidad social.

Desde la Bancada Naranja se estableció que dicha iniciativa descarta la burocracia innecesaria sin generar nuevas cargas presupuestales inmediatas. Optimiza lo que ya existe, ordena esfuerzos y orienta recursos hacia donde más se necesitan.

«No esperemos otra tragedia, otro caso viral u otra familia rota para legislar. Si protegemos la salud emocional de nuestra niñez, protegemos su futuro, a nuestras comunidades y fortalecemos la paz social. Desde esta tribuna lo digo con convicción: gobernar también es prevenir. Legislar también es cuidar. Y escuchar también es salvar vidas».

Con reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado busca garantizar una movilidad más segura, eficiente, inclusiva y ordenada, acorde con las dinámicas actuales de desplazamiento y las exigencias de protección a la vida e integridad de las personas.

En Sesión Extraordinaria, las y los legisladores michoacanos votaron a favor del Dictamen puesto a su consideración por la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, elaborado sobre las iniciativas previamente presentadas por los diputados Reyes Galindo Pedraza, David Martínez Gowman y Juan Carlos Barragán Vélez.

En sus consideraciones, la Comisión de Movilidad y Comunicaciones precisó que las adecuaciones propuestas no sólo permiten actualizar las atribuciones de las autoridades estatales y municipales, sino que también consolidan la coordinación institucional y el establecimiento de criterios claros en materia de infraestructura, señalización y regulación del tránsito, sin desatender el régimen de responsabilidades, infracciones y sanciones aplicables.

En el marco jurídico quedaron definidos como materiales peligrosos, sustancias y/o residuos peligrosos aquellos materiales, sustancias o residuos que, por sus características físicas, químicas o biológicas, representan un riesgo para la seguridad vial, la salud de las personas, los bienes o el medio ambiente, y que se encuentren clasificados, conforme a la legislación federal aplicable y a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

En la ley quedó determinado que en vías de jurisdicción estatal y municipal, los vehículos destinados al transporte de materiales, sustancias y/o residuos peligrosos deberán circular bajo un enfoque de seguridad vial y gestión del riesgo, con sujeción a la legislación y normatividad federal aplicable, para lo que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer medidas de regulación del tránsito.

En el Artículo 161 se definió que la señalización vertical y horizontal son los elementos que informan a las personas usuarias del espacio público las condicionantes de la calle, como puede ser espacios permitidos para estacionamiento, cruces peatonales, paradas de transporte público, área de carga y descarga, así como información del contexto urbano y sitios de interés, cuando la misma se coloque en calles y carreteras.

En el articulado se precisa que cuando dicha señalización se ubique en vías de comunicación que atraviesen, conecten o formen parte de lenguas indígenas o de Lengua de Señas Mexicana o regional, se procurarán incorporar, de manera complementaria y progresiva, información correspondiente, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria y a las disposiciones aplicables.

A fin de ampliar el alcance sanitario y preventivo de la Ley Estatal Contra las Adicciones, la 76 Legislatura aprobó incorporar de manera expresa a la legislación, la ludopatía como una problemática que debe ser reconocida y atendida por las instituciones públicas de salud.

En sesión extraordinaria, las y los diputados locales aprobaron el dictamen elaborado por la Comisión de Salud y Asistencia Social, mediante el cual se estudió, analizó y dictaminó la propuesta presentada por el diputado Reyes Galindo Pedraza, para reformar los artículos 3 y 9 de dicha normativa.

A partir de ahora, se incorporar al glosario legal la definición de ludopatía, definiéndola como el trastorno o conducta adictiva caracterizada por un patrón persistente, recurrente y progresivo de comportamiento de juego, que genera deterioro o afectación significativa en el ámbito personal, familiar, social, académico y laboral.

Asimismo, se amplía el concepto de persona con problemas de adicción, de modo que comprenda no sólo la dependencia a sustancias psicoactivas, sino también la presencia de conductas repetitivas y compulsivas como el juego patológico.

De igual forma, las y los legisladores actualizaron el concepto de rehabilitación, a fin de abarcar tanto los trastornos por uso de sustancias como las adicciones conductuales, al proceso terapéutico integral mediante el cual una persona recupera gradualmente su salud física, mental, emocional y social.

Finalmente, se estableció como una atribución del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), el diseño, implementación y coordinación de programas específicos de prevención, atención, tratamiento y rehabilitación relacionados con el juego compulsivo o patológico, así como la capacitación del personal y la generación de estadísticas y estudios sobre la materia.

Cabe señalar, que la reforma a la Ley vigente no consiste en regular permisos, autorizaciones, funcionamiento de establecimientos, plataformas de apuestas o juegos con cruce de apuestas, ni mucho menos establecer un régimen administrativo sobre casinos o sorteos, sino incorporar la ludopatía al ámbito de atención de la política pública de salud estatal.

El Congreso del Estado reformó el Reglamento para la Selección, Integración y Funcionamiento del Parlamento Juvenil Incluyente de Michoacán de Ocampo a fin de actualizar el ordenamiento jurídico, garantizar la inclusión de las juventudes, eliminar burocratismos y evitar posible nepotismo.

A propuesta de la Comisión de Jóvenes y Deportes, diputadas y diputados aprobaron le modificación al ordenamiento en el que utiliza el lenguaje inclusivo en su redacción, «situación que no es un tema menor, toda vez, que el propio nombre del reglamento, lleva inmerso este concepto. Sin embargo, en su articulado no estaba establecido».

Conforme a la modificación aprobada, las iniciativas de ley o de decreto, propuestas de acuerdo, así como proyectos sociales, elaborados por las y los integrantes del Parlamento Juvenil Incluyente, servirán de consulta y orientación para la legislatura en funciones, así como legislaturas venideras.

En el Artículo 6 quedó establecido que las y los servidores públicos, empleadas y empleados, así como los familiares de las diputadas y los diputados Constitucionales del Congreso del Estado hasta en primer grado de parentesco, se abstendrán de participar como aspirantes a Parlamentarios Juveniles.

«Lo que coadyuvará a que no se generen posibles actos de influyentismo y se garantice que las y los jóvenes realmente tengan una oportunidad real de ser seleccionados por su capacidad y experiencia», determinaron en las Consideraciones las legisladoras Grecia Jennifer Aguilar Mercado y Sandra María Arreola Ruíz.

De igual forma, resaltaron la importancia de la difusión de la convocatoria para incentivar la participación, a fin de dar a conocer las bases y requisitos de participación, con la inclusión y participación del Instituto de la Juventud, las redes sociales del Congreso del Estado, la participación de las y los diputados en sus distritos, serán fundamentales.

Con la reforma, se permite la inscripción por correo electrónico, evitando el traslado a la ciudad capital, permitiendo que el espectro de participación sea mayor, de manera ágil y en un menor tiempo.

También, se fortalece la participación del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos quien, llevará un registro de la información del Parlamento Juvenil, revisando que la documentación presentada cumpla con los requisitos establecidos en este Reglamento y en la convocatoria, asignando a cada concursante su clave de registro. Además, participará en la elaboración de la convocatoria.

Para fines de la Selección, Integración y Funcionamiento del Parlamento Juvenil Incluyente de Michoacán de Ocampo, se estableció que éste se llevará a cabo durante el mes de agosto del año 2026; mientras el Comité responsable de la Selección, Integración y Funcionamiento, deberá ser instalado a más tardar el día 15 de mayo.

En un contexto de urgencia nacional por la salud mental de las juventudes, el diputado local Hugo Rangel presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Educación de Michoacán.

La propuesta plantea transitar de un modelo reactivo que interviene solo cuando el sistema ha fallado a uno preventivo, capaz de identificar factores de riesgo antes de que deriven en tragedias como la recientemente registrada en Lázaro Cárdenas. «El dolor nos obliga a actuar; no podemos permitir que la violencia escolar siga tocando a nuestra puerta mientras el Estado llega tarde», afirmó el legislador en tribuna.

La iniciativa contempla la adición a los artículos 19 y 67 de la normativa educativa estatal, con el objetivo de garantizar programas de prevención social y cultura de la legalidad en educación básica y media superior. Su eje central es la creación de Unidades de Prevención Social de la Violencia y el Delito en el Entorno Escolar, adscritas a la Secretaría de Educación y con operación regional.

Estas instancias no solo atenderán casos de violencia física, sino que intervendrán en problemáticas como acoso, exclusión y consumo de sustancias, bajo la premisa de que ningún adolescente debe quedar fuera del acompañamiento institucional.

El sustento técnico de la propuesta se apoya en los resultados de la ENCODAT 2025, que advierten que el 18.1% de los adolescentes en México ha experimentado algún tipo de violencia y cerca del 10% presenta malestar psicológico, cifras que superan las de la población adulta.

En ese sentido, Rangel Vargas destacó que las Unidades deberán estar integradas por especialistas en criminología, psicología y trabajo social, lo que permitirá construir diagnósticos precisos y protocolos de actuación basados en evidencia, así como dotar a las comunidades escolares de herramientas de contención emocional hoy insuficientes.

Al cierre, el diputado subrayó que la implementación será gradual y financieramente responsable, pero guiada por un compromiso ético impostergable. Reiteró que el objetivo de fondo es formar individuos con equilibrio emocional como condición para una sociedad más justa.

«La historia nos ha demostrado que prevenir no solo es más eficaz y menos costoso, sino también más humano que intentar corregir tragedias consumadas. Nuestra obligación es dejar atrás un modelo que reacciona al dolor, para construir uno que cuide y acompañe el desarrollo emocional de nuestras juventudes». concluyó.

El diputado Juan Carlos Barragán recibió dos iniciativas impulsadas por transportistas de Michoacán, encabezados por José Trinidad Martínez Pasalagua y Miguel Corona Salto, quienes acudieron acompañados de integrantes del gremio para presentar sus propuestas.

La primera iniciativa tiene como objetivo blindar jurídicamente a concesionarios, permisionarios y constanciatarios, evitando que sus derechos sean vulnerados por decisiones discrecionales de la autoridad, como reglamentos, lineamientos, permisos emergentes o actos administrativos sin un procedimiento formal.

Su propósito central es establecer reglas claras directamente en la ley, dando certeza al sector y poniendo límites a prácticas que hoy generan incertidumbre.

La segunda iniciativa propone establecer un distintivo obligatorio para unidades que operan mediante plataformas digitales y taxi ejecutivo, el cual deberá ser permanente, visible y adherido físicamente al vehículo, además de estar vinculado a medidas de seguridad en caso de incumplimiento.

Barragán reconoció la disposición del sector transportista para construir propuestas desde el diálogo y reiteró su compromiso de escuchar y respaldar iniciativas que fortalezcan la legalidad, la seguridad y el orden en el transporte público.

Por su parte, José Trinidad Martínez Pasalagua y Miguel Corona Salto destacaron la apertura del legislador para recibirlos y atender sus planteamientos.

«Agradecemos al diputado Juan Carlos Barragán por escuchar al sector y abrir las puertas para que estas propuestas puedan avanzar», expresaron.

Finalmente, Barragán señaló que estas iniciativas serán analizadas con responsabilidad, buscando siempre que las decisiones se traduzcan en certeza jurídica para los trabajadores del transporte y mayor seguridad para las y los usuarios.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís expresó su respaldo firme a la reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, al considerar que se trata de un paso histórico en la lucha de las mujeres por la justicia, la igualdad y una vida libre de violencias.

La legisladora destacó que esta reforma responde a una exigencia histórica del movimiento amplio de mujeres en México, que durante décadas ha demandado justicia para las víctimas de violencia feminicida, así como garantías de no repetición.

«Durante más de treinta años, desde los feminicidios de Ciudad Juárez, las mujeres en este país han alzado la voz para exigir lo mismo: justicia, verdad, reparación del daño y garantías para vivir libres de violencia. Esta reforma recoge esa lucha y la convierte en mandato constitucional», señaló.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morenasubrayó que la violencia feminicida es un fenómeno estructural, vinculado a condiciones históricas de desigualdad, discriminación e impunidad, lo que exige una respuesta integral y coordinada del Estado mexicano.

«Estamos frente a una de las expresiones más graves de violencia de género. Por eso, la respuesta no puede depender de esfuerzos aislados o voluntades individuales; tiene que ser una política de Estado, con reglas claras, con coordinación institucional y con obligaciones precisas», afirmó.

Reconoció que, si bien en los últimos años se han logrado avances importantes desde distintas instancias gubernamentales, aún persisten regiones donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una emergencia.

En ese sentido, Fabiola Alanís destacó que la nueva facultad constitucional permitirá armonizar las leyes en todo el país, estableciendo criterios comunes para la prevención, atención, investigación y sanción del feminicidio.

«El objetivo es claro: que en cualquier lugar del país, una mujer tenga la misma protección y la misma respuesta institucional. Que no haya diferencias entre territorios, que no haya vacíos legales y que la justicia no dependa del lugar donde ocurren los hechos», puntualizó.

Fabiola Alanís también expresó su reconocimiento al impulso de esta reforma por parte de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Castro, así como a las acciones promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el marco de protección de los derechos de las mujeres.

«Esta reforma tiene una profunda trascendencia, porque coloca la erradicación de la violencia feminicida como una prioridad del Estado mexicano y establece las bases para garantizar justicia y reparación a las víctimas», afirmó.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que la Cuarta Transformación tiene como eje central la garantía de derechos, particularmente para las mujeres, quienes históricamente han enfrentado desigualdad y violencia.

«Nos queremos vivas y nos queremos libres. Esa es una exigencia legítima y es también una responsabilidad del Estado. Hoy estamos dando un paso firme para que la justicia deje de ser una excepción y se convierta en una garantía para todas», concluyó.

El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante la 76 Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa para evitar que personas servidoras públicas intervengan en la vida interna de los sindicatos y en la elección de sus dirigencias. La propuesta busca garantizar que las y los trabajadores tomen sus decisiones de manera libre, sin presiones ni uso de recursos públicos.

La iniciativa plantea adicionar el artículo 69 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, así como el artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, con el fin de reconocer el derecho de los sindicatos a desarrollarse sin injerencias y establecer la injerencia sindical como falta administrativa grave. Además, responde al mandato federal derivado del decreto publicado el 12 de diciembre de 2025, que obliga a las entidades federativas a armonizar su marco jurídico en esta materia.

«La iniciativa tiene como objetivo reconocer expresamente el derecho de los sindicatos a desarrollarse libres de cualquier acto de injerencia por parte de personas servidoras públicas, y establecer un catálogo claro de conductas que permitan identificar y sancionar estas prácticas», explicó Octavio Ocampo.

El legislador señaló que la propuesta contempla un catálogo de conductas que serán consideradas como injerencia sindical, entre ellas la coacción del voto, la presión jerárquica a subordinados, el condicionamiento de apoyos o permisos laborales, el uso de recursos públicos para favorecer candidaturas sindicales, así como la utilización de instalaciones, vehículos o programas institucionales con fines de proselitismo. «Con esta reforma buscamos garantizar la neutralidad institucional en los procesos sindicales, proteger la libertad del voto de las y los trabajadores y evitar el uso indebido de recursos públicos con fines de proselitismo sindical», indicó.

Octavio Ocampo destacó que la iniciativa no interviene en la vida interna de los sindicatos, sino que fortalece su autonomía y cumple con la obligación del Estado de armonizar su legislación. «Esta propuesta responde a un mandato federal y es obligación del Estado de Michoacán realizar esta armonización legislativa para garantizar la democracia sindical. Se busca que las decisiones de las y los trabajadores se tomen con libertad y sin intervención del poder público», concluyó.

Con la finalidad de homologar la definición del delito de feminicidio y las sanciones en los 32 estados del país, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura emitió su voto a favor de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A propuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales, las y los legisladores michoacanos aprobaron la Minuta mediante la cual se tiene la finalidad central de permitir al Congreso de la Unión expida la ley general en materia de feminicidio para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito del feminicidio.

En las Consideraciones del Acuerdo, se determinó que dicha minuta surge bajo la urgente necesidad de dar respuesta clara a la fragmentación normativa actual, donde la diversidad de leyes locales generan dificultad en el acceso de justicia.

«El no tener un tipo penal uniforme para el delito de feminicidio en todo el país, ha generado diversos problemas estructurales que afectan la justicia y la seguridad de las mujeres, que resultan en escenarios de impunidad y debilidad del sistema, derivado de una diversidad legislativa que permite que hechos de naturaleza similar sean investigados y sancionados de forma distinta dependiendo de la entidad federativa donde ocurran» precisa el Acuerdo.

También establece que la existencia de criterios diversos para acreditar las razones de género, da una asimetría normativa donde la posibilidad de probar el feminicidio varía según el territorio, lo que origina obstáculos para la actuación coordinada entre las autoridades encargadas de la procuración de justicia y los distintos órdenes de gobierno; produce desigualdad en los criterios de investigación y estándares probatorios, lo que dificulta el acceso efectivo en la reparación del daño y el castigo adecuado del culpable.

Al hacer uso de la Tribuna, la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado señaló que homologar el marco legal es un paso necesario pero que la reforma no alcanza si las investigaciones fallan, si los casos no se sostienen en los tribunales y si las fiscalías no tienen alcances reales; por lo que -dijo- el reto es que la ley proteja a todas, sin importar dónde vivan, «el reto es que se note en la vida cotidiana de las mujeres, cuando denuncien, se investigue y cuando se hace justicia».

Fabiola Alanís Sámano, al hacer uso de la voz, además de explicar el concepto de feminicidio, precisó que el Grupo Parlamentario de MORENA, ha decidido no sólo respaldar, sino ser parte de la construcción de un logro del movimiento y de la sociedad. «Las instituciones deben adaptarse y responder a los deberes reforzados del Estado establecidos ya en la Constitución para dar prioridad a la sanción y a que no quede en la impunidad ningún delito que ocurra en contra de las mujeres».

Adriana Campos Huirache refrendó ante el Pleno su voto a favor, por convicción; reconoció la labor del actual Fiscal en el Estado e instó a sus compañeras y compañeros a no cerrar los ojos ante un delito que ha crecido día a día y a reflexionar sobre el hecho de que no basta con que haya leyes, que se requiere voluntad para cumplirlas. «Mientras esto no cambie, nuestras calles y hogares seguirán siendo inseguras para las mujeres».

Finalmente, Belinda Hurtado Marín resaltó la importancia de que en México se emita una sola Ley General para homologar las sanciones y reparar el daño.