Legislativo

El Congreso de Michoacán aprobó reformas que transfieren las funciones del extinto Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) a la Secretaría de Contraloría del Estado. La decisión consolida en una sola dependencia las tareas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que antes manejaba el organismo autónomo.

La reforma establece que la Contraloría será responsable de conocer los procedimientos de acceso a la información, verificar el cumplimiento de la ley de transparencia e imponer sanciones a funcionarios que incumplan con estas obligaciones. También deberá proponer actualizaciones al código de ética de servidores públicos y promover mecanismos de participación ciudadana en la evaluación gubernamental.

La titular de la Contraloría fungirá como liquidadora del IMAIP, con la responsabilidad de garantizar la transferencia ordenada de recursos humanos, materiales y financieros del instituto extinto. Los diputados otorgaron 180 días hábiles al Ejecutivo estatal para realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias.

Esta concentración de funciones marca un cambio significativo en el modelo de transparencia michoacano, que pasa de un organismo autónomo a depender directamente del Ejecutivo estatal. Los legisladores argumentan que la medida fortalecerá los principios de transparencia y rendición de cuentas, aunque críticos señalan que podría comprometer la independencia en la supervisión de la información gubernamental.

La reforma responde a una iniciativa del gobernador del estado y representa una restructuración profunda del sistema de transparencia en Michoacán, cuyas implicaciones se verán reflejadas en los próximos meses conforme se concrete la transición.

El Congreso de Michoacán aprobó una reforma penal que por primera vez sanciona específicamente el acoso persistente (stalking) y las prácticas abusivas de cobranza, en respuesta al aumento de estas conductas que afectan la tranquilidad de miles de familias michoacanas.

La iniciativa, promovida por el diputado Toño Mendoza y avalada por las comisiones de Justicia e Igualdad, tipifica como delito el acecho o stalking, que incluye vigilancia, persecución y contacto no deseado de manera reiterada. Las sanciones se agravan cuando las víctimas están en situación de vulnerabilidad o cuando se usan medios electrónicos como redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Además, la reforma incorpora el delito de cobranza extrajudicial ilegal, dirigido a frenar las prácticas intimidatorias de algunos despachos de cobranza que presionan a deudores y sus familias mediante llamadas constantes, amenazas o visitas intimidatorias en domicilios y centros de trabajo.

Según el legislador, esta medida responde a una demanda social urgente ante el crecimiento de estas formas de violencia que han evolucionado con las tecnologías digitales. La reforma busca dar herramientas claras a las autoridades para prevenir, investigar y sancionar estas conductas.

La nueva legislación representa un paso importante para proteger la estabilidad emocional y la seguridad personal de los michoacanos, especialmente en casos donde el acoso puede escalar hacia delitos de mayor gravedad. Con esta modificación al código penal, Michoacán se suma a las entidades que han actualizado su marco legal para enfrentar las nuevas formas de violencia.

El diputado Hugo Rangel del Partido del Trabajo planteó desde la tribuna del Congreso de Michoacán una reestructuración completa del Poder Legislativo estatal, utilizando la metodología de presupuesto base cero para cumplir con el nuevo tope del 0.7% del presupuesto estatal establecido en el Plan B electoral.

La propuesta implica revisar desde cero cada área, programa y estructura del Congreso para eliminar duplicidades y optimizar recursos. «Que nada se dé por sentado y que todo se justifique», declaró Rangel, quien busca que cada peso público tenga un impacto real en la función legislativa y no se mantenga por inercia política.

El legislador petista estableció una condición clara: la reestructuración no puede afectar los derechos laborales de los trabajadores del Congreso. «La austeridad no puede convertirse en un pretexto para precarizar el trabajo», advirtió, posicionando a su bancada en defensa de la base laboral que sostiene el funcionamiento del Poder Legislativo.

Rangel enfatizó que el objetivo central debe ser fortalecer las tareas sustantivas del Congreso: legislar con eficacia y mantener cercanía con los ciudadanos. Para el diputado del PT, sin estas dos funciones fundamentales «no hay Congreso que valga», por lo que cualquier ajuste debe realizarse con responsabilidad social.

Esta postura refleja el equilibrio que buscan algunos legisladores entre apoyar las medidas de austeridad impulsadas a nivel nacional y proteger tanto la funcionalidad institucional como los derechos de los trabajadores en un contexto de reducción presupuestal significativa.

La diputada Nalleli Pedraza Huerta entregó este miércoles al Congreso de Michoacán un paquete de 40 iniciativas de ley elaboradas directamente por personas con discapacidad durante el primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad. Las propuestas buscan mejorar las condiciones de vida de este sector de la población en el estado.

De las cerca de 90 propuestas recibidas durante este ejercicio ciudadano, 40 cumplieron con los requisitos técnicos para convertirse en iniciativas formales. La legisladora morenista informó que cada miércoles presentará nuevos paquetes de estas reformas hasta completar la totalidad, iniciando el próximo miércoles con seis iniciativas más.

La «iniciativa madre» de este proceso busca que el Parlamento con Perspectiva de Discapacidad se realice cada año por ley, institucionalizando este espacio de participación ciudadana. Pedraza Huerta explicó que el objetivo es que no sea «una idea pasajera, sino un derecho ganado y permanente para la ciudadanía».

La diputada hizo un llamado a sus compañeros legisladores para que analicen con prontitud estas propuestas y las lleven al Pleno para su votación. «Las personas con discapacidad enfrentan retos más difíciles cada día y el Estado tiene la obligación de emparejar el piso», señaló durante la entrega de las iniciativas.

Este primer parlamento representó un ejercicio inédito en Michoacán, donde las propias personas con discapacidad elaboraron iniciativas desde su experiencia y necesidades reales, marcando un precedente en la participación ciudadana directa en el proceso legislativo estatal.

El trabajo doméstico no remunerado podría considerarse legalmente como violencia contra la mujer si prospera una iniciativa presentada ayer en el Congreso de Michoacán. La propuesta, impulsada por el diputado Reyes Galindo del Partido del Trabajo, busca reformar la Ley Por una Vida Libre de Violencia para reconocer como agresión el no remunerar las labores del hogar y el cuidado familiar.

Las cifras respaldan la relevancia del tema: según datos del INEGI, en 2025 el trabajo no remunerado representó 37.4% del PIB estatal michoacano, muy por encima del promedio nacional de 30%. Esto significa que más de una tercera parte del valor económico de Michoacán depende del trabajo invisible de las mujeres en los hogares.

La propuesta también establece que obligar a mujeres embarazadas a realizar trabajos de esfuerzo considerable que pongan en riesgo su salud gestacional constituye violencia de género. Esta medida busca proteger tanto la salud materna como la del bebé en desarrollo.

A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo reporta que las mujeres dedican 59 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, casi el triple que los hombres (22 horas). En México, las mujeres destinan 28.8 horas semanales solo a cuidados, mientras los hombres apenas 12.4 horas.

La iniciativa responde a recomendaciones de ONU Mujeres sobre la necesidad de que los gobiernos implementen políticas para abordar el trabajo doméstico no remunerado, históricamente invisibilizado pese a ser fundamental para la supervivencia económica de los hogares. De ser aprobada, Michoacán se convertiría en pionero en tipificar esta forma de violencia económica de género.

Movimiento Ciudadano votará a favor de las reformas constitucionales conocidas como ‘Plan B’, que buscan reducir costos en el sistema electoral mexicano, aunque considera que la propuesta gubernamental es limitada y no atiende las verdaderas necesidades de transformación democrática del país.

La diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario naranja en el Congreso de Michoacán, explicó que su partido presentó una propuesta más ambiciosa que incluía medidas para incentivar el voto joven, crear una circunscripción para migrantes y combatir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. Su plan contemplaba ahorros superiores a 40 mil millones de pesos en cuatro años.

Sin embargo, Aguilar lamentó que no hubo apertura para discutir una reforma de mayor alcance, ni siquiera entre las fuerzas políticas afines al gobierno federal. ‘Lo que hoy se discute es una reforma acotada, que reduce algunos costos y elimina ciertos privilegios, pero que se queda corta frente a lo que México necesita’, señaló desde la tribuna legislativa.

Pese a sus reservas, la legisladora michoacana justificó el voto favorable de su bancada argumentando que contribuirá a frenar el derroche en las instituciones públicas y eliminar privilegios, aunque de manera limitada. ‘Movimiento Ciudadano no será obstáculo para reducir privilegios, pero tampoco será comparsa de la polarización’, afirmó.

La posición de MC refleja una estrategia de oposición responsable que busca diferenciarse tanto del oficialismo como de la oposición más confrontativa, apostando por propuestas que fortalezcan la participación ciudadana y reduzcan el gasto público. Las reformas del ‘Plan B’ modifican los artículos 115, 116 y 134 constitucionales para reducir costos operativos del sistema electoral.

La diputada cerró su intervención haciendo un llamado al cumplimiento de la ley como mecanismo para garantizar procesos electorales justos, mientras reiteró que su partido continuará impulsando propuestas para fortalecer la vida democrática nacional.

Las amenazas y conductas violentas que los jóvenes publican en redes sociales están llegando a las aulas michoacanas sin que las escuelas tengan herramientas claras para actuar. Por eso, la diputada Eréndira Isauro Hernández presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación y obligar a las preparatorias a contar con protocolos específicos contra la violencia digital.

La legisladora del distrito de Paracho explicó que las dinámicas sociales de los estudiantes han migrado a plataformas virtuales donde frecuentemente se glorifican conductas delictivas, se emiten discursos de odio y se hacen amenazas explícitas. ‘Hechos recientes ocurridos en la entidad evidencian la necesidad de actuar con mayor responsabilidad institucional frente a señales de alerta’, señaló, refiriéndose a episodios violentos que han sacudido a escuelas michoacanas.

La propuesta establece que toda la comunidad educativa -desde maestros hasta personal administrativo- tendrá la obligación de alertar sobre posibles conductas de riesgo detectadas en redes sociales. Las instituciones deberán crear un Protocolo de Atención y Prevención que incluya desde contención psicológica hasta notificación inmediata a autoridades cuando sea necesario.

‘Esta propuesta no pretende criminalizar a los estudiantes, sino generar canales institucionales seguros y confidenciales que permitan actuar a tiempo’, aclaró Isauro Hernández. La iniciativa busca cerrar un vacío legal en materia de ciberseguridad escolar que ha dejado a las preparatorias michoacanas sin herramientas para enfrentar una realidad donde la violencia se gesta primero en el mundo digital.

Si se aprueba la reforma, Michoacán sería de las primeras entidades en actualizar su marco legal educativo para enfrentar las nuevas formas de violencia juvenil que nacen en internet y se materializan en los planteles escolares.

El Congreso de Michoacán aprobó ayer una reforma constitucional federal que transformará la estructura y los gastos del sector público en el estado. La medida, conocida como ‘Plan B Electoral’, establece límites estrictos a los salarios de funcionarios y reduce el tamaño de los gobiernos municipales.

La reforma más visible para los ciudadanos será en los ayuntamientos, que ahora tendrán máximo 15 regidores en lugar de los hasta 20 que actualmente pueden tener algunos municipios grandes. Esto significa menos funcionarios electos cobrando del erario público en cada administración municipal.

En términos de austeridad, la medida prohíbe que consejeros electorales, magistrados y funcionarios de alto nivel contraten seguros médicos privados, seguros de vida o pensiones especiales con recursos públicos. Sus salarios tampoco podrán exceder los topes constitucionales ya establecidos.

Para el Congreso estatal, la reforma establece que su presupuesto anual no puede superar 0.7% del presupuesto total del estado. Además, elimina la posibilidad de reelección consecutiva de diputados locales, mientras que a nivel federal el Senado deberá reducir 15% su presupuesto respecto a 2026.

La reforma busca generar ahorros significativos en el gasto público estatal y municipal, aunque aún no se ha calculado el monto específico que representará para las finanzas de Michoacán. Los cambios entrarán en vigor una vez que sea aprobada por la mayoría de los congresos estatales del país.

El diputado Abraham Espinoza Villa presentó una reforma al Código Familiar de Michoacán para establecer reglas más claras sobre cuándo procede indemnizar a la persona que se dedicó al trabajo doméstico y de cuidados durante el matrimonio. La propuesta fija un mínimo de tres años de matrimonio como referencia para acceder a esta compensación económica.

Actualmente, aunque el Código Familiar ya reconoce este derecho —respaldado por criterios de la Suprema Corte—, no especifica una duración mínima del matrimonio, lo que genera interpretaciones diversas entre jueces y crea incertidumbre para las familias. La reforma busca dar mayor certeza jurídica tanto a los impartidores de justicia como a los ciudadanos.

La iniciativa reconoce que el trabajo doméstico —que incluye cuidado de hijos, atención de adultos mayores y organización del hogar— es fundamental para las familias pero permanece sin remuneración. En la mayoría de casos, son las mujeres quienes asumen estas tareas, limitando su desarrollo profesional y autonomía económica.

La propuesta incluye flexibilidad: aunque establece el plazo mínimo de tres años, permite que los jueces determinen la procedencia de la indemnización en casos especiales, particularmente cuando hay hijos en común o circunstancias que lo justifiquen. El legislador enfatizó que no se trata de una barrera rígida, sino de un punto de referencia para identificar cuándo hubo impacto económico real.

Espinoza Villa argumentó que en Michoacán persisten brechas económicas e informalidad laboral, por lo que se necesitan leyes claras que funcionen en la práctica y respondan a la realidad de las familias michoacanas. La reforma aplicaría únicamente para matrimonios bajo régimen de separación de bienes.

El Congreso de Michoacán aprobó un exhorto para que las autoridades estatales lancen campañas permanentes contra la extorsión telefónica y el secuestro virtual, delitos que han aumentado significativamente en la entidad y afectan principalmente a adultos mayores y personas vulnerables.

La propuesta del diputado Guillermo Valencia Reyes obliga a la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión a coordinar esfuerzos para informar y concientizar a la población sobre estos fraudes telefónicos.

Las campañas deberán incluir material audiovisual, guías impresas y digitales, además de contenido en lenguas indígenas para llegar a todas las comunidades michoacanas. El alcance abarcará tanto zonas urbanas como rurales, reconociendo que estos delitos no distinguen entre ciudades y pueblos.

Los 113 ayuntamientos del estado y el Concejo Mayor de Cherán también tendrán la responsabilidad de difundir estas campañas en sus territorios, utilizando espacios públicos, redes institucionales y medios comunitarios para maximizar el impacto.

Esta medida responde a la creciente preocupación ciudadana por el aumento de llamadas fraudulentas donde delincuentes se hacen pasar por familiares en peligro o autoridades para extorsionar dinero. La coordinación entre diferentes niveles de gobierno busca crear una red de protección más efectiva para los michoacanos.

El diputado del PRD Octavio Ocampo presentó ante el Congreso de Michoacán una iniciativa para crear un protocolo estatal que proteja a las escuelas cuando ocurran hechos de violencia, buscando que autoridades, maestros y familias tengan reglas claras sobre qué hacer para mantener la seguridad de los estudiantes.

La propuesta plantea reformar las leyes de Educación y Orgánica Municipal para transformar los actuales consejos escolares en Consejos de Participación y Prevención de Riesgo Escolar, que funcionarían como enlace entre planteles educativos, ayuntamientos y la Secretaría de Educación del estado.

El protocolo incluiría cuatro elementos centrales: reglas obligatorias para el resguardo y suspensión temporal de clases, mecanismos de alerta temprana entre directivos y autoridades de seguridad, criterios técnicos basados en informes de protección civil para suspender actividades escolares, y la designación de un responsable municipal para atender permanentemente las necesidades de las escuelas.

Ocampo justificó la iniciativa señalando que «Michoacán enfrenta una realidad que no podemos ignorar. No existe un marco normativo que establezca cómo deben coordinarse las autoridades cuando la seguridad de los estudiantes está en riesgo», haciendo referencia a casos como el de Coahuayana y otros eventos recientes de inseguridad que han afectado la actividad escolar en diversas regiones del estado.

El legislador perredista enfatizó que «no podemos permitir que el derecho a la educación se suspenda de forma desordenada» y llamó a sus compañeros diputados a construir un modelo de prevención que brinde certeza tanto a docentes como a las familias michoacanas.

El Congreso de Michoacán ha organizado diversos encuentros y festivales culturales con artistas locales de diferentes regiones del estado, con el objetivo de preservar y difundir la riqueza cultural michoacana, informó la diputada Nalleli Pedraza Huerta, presidenta de la Comisión de Cultura y Artes.

La legisladora explicó que estas iniciativas buscan crear plataformas de desarrollo para los creadores michoacanos, permitiendo que su talento trascienda las fronteras regionales. «Reconocemos al arte como una expresión que transforma, inspira y fortalece nuestra identidad como sociedad», señaló Pedraza Huerta durante la conmemoración del Día Mundial del Arte.

La diputada destacó que desde el Poder Legislativo se han abierto espacios para que la creatividad y el talento local tengan mayor visibilidad. Según su perspectiva, el arte representa una herramienta fundamental para reconstruir el tejido social y preservar la memoria histórica de las comunidades michoacanas.

Pedraza Huerta también vinculó las expresiones artísticas con la construcción de paz, argumentando que ofrecen a los jóvenes alternativas de vida basadas en la sensibilidad y la creación. La funcionaria aseguró que continuará trabajando directamente con artistas locales para llevar sus inquietudes y propuestas a la arena legislativa.

Estas acciones se enmarcan en una política cultural que busca garantizar el acceso a las artes para todos los sectores de la población michoacana, convirtiendo la cultura en un motor de desarrollo regional y fortalecimiento de la identidad estatal.