Legislativo

El Congreso de Michoacán analiza una propuesta para hacer obligatoria la enseñanza de escritura cursiva en escuelas primarias y secundarias del estado. La iniciativa, presentada por la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, busca reformar la Ley de Educación estatal ante la preocupación de que esta práctica ha perdido terreno en las aulas.

La legisladora argumenta que diversos estudios científicos demuestran que escribir a mano estimula áreas clave del cerebro relacionadas con la coordinación motora fina, la memoria y la comprensión lectora. Según datos de la ONU citados en la propuesta, el 67% de la población mundial está conectada a internet, lo que ha generado una dependencia creciente de herramientas digitales en detrimento de habilidades básicas.

Especialistas en neurología y educación coinciden en que la escritura manuscrita representa un ejercicio cognitivo de alto valor que fortalece la retención de información y favorece el desarrollo neurológico vinculado al lenguaje. En etapas tempranas, escribir a mano permite a los estudiantes reconocer mejor las letras y estructurar su pensamiento.

La propuesta contempla agregar el artículo 60 Bis a la Ley de Educación del Estado, estableciendo lineamientos para la implementación, evaluación y capacitación docente. De aprobarse, las escuelas michoacanas tendrían que incluir de manera sistemática y progresiva la enseñanza de letra cursiva en su currícula, buscando un equilibrio entre innovación tecnológica y habilidades fundamentales del desarrollo humano.

El Congreso de Michoacán aprobó una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que promete fortalecer el derecho ciudadano a conocer cómo funcionan las instituciones públicas del estado. La legislación, respaldada por 26 votos, reemplaza la ley vigente desde 2016 y busca modernizar los mecanismos de rendición de cuentas.

La nueva normativa abarca a todos los poderes del estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, así como a municipios, organismos autónomos y cualquier entidad que maneje recursos públicos. Su principal innovación es la creación del Subsistema de Transparencia de Michoacán, un organismo coordinado que será presidido por la Secretaría de Contraloría estatal e incluirá representantes de todos los niveles de gobierno.

Para los ciudadanos, esto significa procedimientos más claros y eficientes para solicitar información pública. La ley establece principios como máxima publicidad, objetividad y profesionalismo, mientras que las autoridades tendrán atribuciones precisas para resolver recursos de revisión e imponer sanciones cuando sea necesario.

Un aspecto destacado es la articulación entre transparencia y combate a la corrupción. La nueva ley permite dar vista a órganos de control interno y denunciar posibles delitos, conectando directamente el acceso a la información con el sistema anticorrupción del estado.

La legislación también incluye medidas para promover la cultura de la transparencia y garantizar la igualdad en el acceso a la información. Los artículos transitorios aseguran que no habrá vacíos normativos durante la transición, manteniendo la continuidad de todos los procedimientos en curso.

Una reforma que podría cambiar la relación entre ciudadanos y ayuntamientos en Michoacán llegó al Congreso estatal. El diputado Juan Carlos Barragán presentó una iniciativa para que las familias michoacanas no paguen el impuesto predial completo cuando sus municipios no garanticen servicios públicos de calidad.

La propuesta establece que cuando existan fallas en servicios básicos como agua potable, alumbrado público, recolección de basura o mantenimiento de espacios públicos, los contribuyentes puedan acceder a una exención temporal del predial mientras persista la deficiencia. «Pagar predial y no recibir servicios de calidad no es justo. Así de claro: si no hay servicio, no hay cobro completo», afirmó el legislador.

Barragán ejemplificó la problemática con el caso de Villas del Pedregal en Morelia, donde se recaudan más de 20 millones de pesos anuales por concepto de predial, pero persisten problemas como falta de agua, baches y deficiente alumbrado público. «La gente cumple pagando, pero el gobierno no está cumpliendo con lo básico», expresó.

La medida podría aplicarse tanto por zonas afectadas como de manera individual, aunque el diputado aseguró que incluirá reglas claras, tiempos definidos y mecanismos para evitar abusos del sistema. La iniciativa busca equilibrar la relación entre ciudadanía y autoridad, incentivando a los gobiernos municipales a mejorar los servicios y responder a las necesidades reales de la población.

Si se aprueba, esta reforma representaría un precedente nacional en la exigencia de calidad en servicios públicos municipales, estableciendo una relación más justa entre lo que pagan los ciudadanos y lo que reciben de sus gobiernos locales.

El Congreso de Michoacán abrió las inscripciones para el concurso «Dibujo Parlamentario 2026», dirigido a niños michoacanos de 6 a 12 años que quieran expresar a través del arte su visión sobre el medio ambiente y las tradiciones de sus comunidades.

La convocatoria, lanzada por la Comisión de Derechos Humanos Indígenas y Afromexicanos, divide a los participantes en dos categorías. Los niños de 6 a 9 años deberán crear dibujos relacionados con la protección ambiental, mientras que los de 10 a 12 años enfocarán sus obras en los usos y costumbres de sus municipios. Esta división busca adaptar los temas a las capacidades e intereses de cada grupo de edad.

Los premios son atractivos para motivar la participación infantil. Los ganadores de primer lugar en ambas categorías recibirán una bicicleta, una tablet y un kit de dibujo. Los segundos lugares obtendrán una tablet y kit de dibujo, mientras que los terceros lugares se llevarán únicamente el kit de dibujo. La premiación se realizará el 29 de abril, en conmemoración del Día del Niño.

Para participar, los menores deben crear su dibujo en hoja tamaño carta usando técnicas tradicionales como lápiz, colores o crayones, sin apoyo tecnológico. Cada obra debe incluir título, explicación breve, datos personales del participante y copia de CURP. Además, los padres o tutores deben firmar una carta de autorización.

Las obras pueden entregarse hasta el 24 de abril en las oficinas de los diputados Eréndira Isauro Hernández y Conrado Paz Torres, o enviarse digitalizadas al correo comision.derechosindigenas@gmail.com o al WhatsApp 44 33 78 05 00. Los resultados se anunciarán el 27 de abril a través de redes sociales de los legisladores de la comisión organizadora.

Después de más de un año de estar atorada, la Ley de Búsqueda de Personas para Michoacán sigue sin aprobarse en el Congreso local, una situación que el diputado Toño Carreño calificó como «inaceptable» durante una intervención en tribuna este martes.

El legislador de Movimiento Ciudadano responsabilizó directamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de frenar la aprobación de esta normativa, que regularía la búsqueda de personas desaparecidas en el estado. Según Carreño, la falta de quórum en la sesión clave de finales de 2024 «no fue un accidente, fue una decisión» del Ejecutivo estatal.

La crítica surge en medio de señalamientos internacionales. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha advertido que México rebasa «los límites de lo tolerable» por omisión, llegando incluso a hablar de posibles crímenes de lesa humanidad. Para Carreño, esta crisis humanitaria contrasta con las prioridades gubernamentales: «es más fácil promover teleféricos porque es más difícil buscar».

El diputado hizo un llamado emotivo a ponerse «en los zapatos» de las familias que buscan a sus desaparecidos, recordando que detrás de cada lona hay una vida suspendida. «Imaginemos que el nombre en la lona es el de nuestro hijo, el de nuestra hermana, el de nuestro padre», expresó desde tribuna.

Carreño exigió que se retire «cualquier obstáculo, explícito o implícito» que impida la aprobación de esta ley, que daría certeza jurídica a las madres buscadoras y establecería protocolos claros para la búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán.

El Congreso de Michoacán podría convertirse en pionero nacional al garantizar por ley la atención médica integral para mujeres durante el climaterio y la menopausia. La propuesta, presentada por la diputada priista Adriana Campos Huirache, busca reformar la Ley de Salud estatal para incluir estas etapas naturales de la vida femenina como una responsabilidad obligatoria del sistema público de salud.

La iniciativa surge ante la persistencia de estigmas y desinformación que vulneran la dignidad de las mujeres. «No debemos normalizar formas de agresión tan infamantes hacia las mujeres. Frases que buscan descalificar a partir de procesos naturales reflejan una cultura que debemos transformar», explicó Campos Huirache desde tribuna.

La propuesta contempla reformar el artículo 13 y adicionar el artículo 17 F a la Ley de Salud estatal para incluir acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y orientación específicas. Además, establece la obligación de crear campañas informativas y lineamientos institucionales que promuevan una atención digna y libre de prejuicios.

El contexto demográfico respalda la urgencia de esta medida. El aumento en la esperanza de vida ha modificado el perfil poblacional, por lo que cada vez más mujeres atraviesan estas etapas que, sin ser enfermedades, implican cambios físicos, hormonales y emocionales que requieren acompañamiento médico especializado.

De aprobarse, Michoacán sería el primer estado en garantizar constitucionalmente este tipo de atención médica especializada. La coordinadora parlamentaria del PRI reiteró su compromiso de impulsar una agenda legislativa con perspectiva de género que garantice el bienestar integral de las mujeres michoacanas.

Una iniciativa presentada por cuatro diputados de diferentes partidos busca cambiar las reglas del juego electoral en Michoacán para que la distribución de regidurías en los ayuntamientos refleje de manera más justa los votos que recibió cada partido.

La propuesta, encabezada por Toño Carreño de Movimiento Ciudadano junto con Diana Espinoza (PT), Juan Carlos Barragán (Morena) y Octavio Ocampo (PRDM), plantea modificar los artículos 13, 21 y 213 del Código Electoral de Michoacán. El objetivo es corregir una situación que consideran antidemocrática: actualmente, una planilla puede obtener menos del 50% de la votación y aun así conseguir mayoría absoluta en el cabildo municipal.

«Los votos ciudadanos deben valer lo mismo antes y después de cada proceso electoral», argumentó Carreño al presentar la iniciativa en tribuna. El diputado explicó que cuando una fuerza política obtiene una mayoría que no corresponde a los votos recibidos, «no estamos fortaleciendo la gobernabilidad, estamos debilitando la legitimidad».

La iniciativa propone que la asignación de regidurías por representación proporcional respete el orden de las planillas registradas, iniciando por el candidato a la presidencia municipal y las sindicaturas. Esto abriría posibilidades de representación para candidatos que «realmente caminan en las calles durante la contienda electoral» pero que actualmente quedan excluidos del sistema.

El hecho de que la propuesta tenga respaldo de cuatro partidos diferentes (MC, PT, Morena y PRDM) sugiere un consenso inusual en temas electorales. Los legisladores coinciden en que «gobernar no es imponer, es construir acuerdos» y que la estabilidad democrática «no se logra artificialmente, se construye democráticamente».

El Congreso de Michoacán está a punto de dar un paso histórico en la protección de derechos LGBTIQ+. Esta semana se presentará una iniciativa que tipificará como delito las prácticas de discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género, con especial énfasis en prohibir las llamadas ‘terapias de conversión’.

La propuesta, impulsada por el diputado petista Hugo Rangel tras meses de trabajo con colectivos locales, establece penas de 2 a 6 años de prisión y multas de hasta 2 mil UMAs para quienes sometan a personas a estos procedimientos. Las sanciones se endurecen significativamente cuando las víctimas son menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad: en estos casos, la pena podría alcanzar hasta 12 años de cárcel y multas de 4 mil UMAs.

Las cifras justifican la urgencia de esta legislación. Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, casi 1 de cada 10 personas no heterosexuales y 14% de las personas trans han sido forzadas a ‘tratamientos’ para cambiar su orientación o identidad de género. Estas prácticas, rechazadas por organizaciones médicas internacionales, pueden causar depresión, ansiedad e incluso tendencias suicidas.

La iniciativa también contempla la creación de un Plan de Aceptación Familiar como política pública estatal, que brindaría herramientas y acompañamiento a familias de jóvenes LGBTIQ+. Esta medida reconoce que el apoyo familiar es crucial para el bienestar de niñas, niños y adolescentes de la diversidad sexual.

Si se aprueba, Michoacán se sumaría a otros estados que ya han prohibido estas prácticas, aunque su aplicación sigue siendo un desafío a nivel nacional. El proyecto es resultado directo del diálogo entre legisladores y organizaciones civiles que han trabajado durante años en la defensa de derechos LGBTIQ+ en la entidad.

El diputado morenista Juan Carlos Barragán anunció una iniciativa de ley para garantizar que el Derecho de Alumbrado Público (DAP) que cobran los municipios se use únicamente para mejorar la iluminación de las calles, tras detectar que muchas colonias permanecen a oscuras a pesar de que las familias pagan este impuesto.

Cada familia michoacana paga aproximadamente 25 pesos bimestrales por este concepto, ya sea en el recibo de luz o junto con el predial. Solo en Morelia, se estima que el ayuntamiento recaudará más de 135 millones de pesos en 2026 por este cobro, lo que hace más evidente la contradicción entre la recaudación y el estado del alumbrado público.

«La pregunta es muy clara: si hay ese dinero, ¿por qué hay calles oscuras?», cuestionó Barragán, quien identificó que el problema radica en que actualmente no existe una obligación legal de que estos recursos se destinen exclusivamente al alumbrado público.

La propuesta del legislador tiene dos ejes centrales: crear la obligación legal de que el DAP se use solo para mejorar la iluminación pública y establecer mecanismos de transparencia total sobre el uso de estos recursos. Barragán advirtió que la falta de iluminación no solo afecta la calidad de vida de las familias, sino que también representa un problema de seguridad pública en las colonias.

El Congreso de Michoacán aprobó una reforma a la Ley de Educación que establecerá una cuota mínima del 10% de espacios de nuevo ingreso en universidades públicas y autónomas para estudiantes de grupos vulnerables. La medida busca garantizar mayor acceso a la educación superior para jóvenes indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad.

La iniciativa, propuesta por el diputado Conrado Paz Torres del distrito 14 de Uruapan Norte, responde a la baja representación actual de estos grupos en las aulas universitarias. Según datos del legislador, algunas instituciones educativas apenas cuentan con un 3% de población de estas comunidades, evidenciando las barreras que enfrentan para acceder a la educación superior.

La reforma establece que tanto las universidades autónomas como las del sistema educativo público estatal deberán destinar al menos una décima parte de su matrícula de nuevo ingreso a estos grupos, siempre que cumplan con los requisitos académicos establecidos por cada institución. Esto representa un incremento significativo respecto a los porcentajes actuales de inclusión.

La medida forma parte de los esfuerzos legislativos para reducir las brechas de desigualdad social en Michoacán, particularmente en el acceso a la educación superior. El estado ha implementado previamente programas de apoyo para estudiantes indígenas, pero esta es la primera vez que se establece una cuota específica por ley.

La implementación de esta reforma requerirá que las instituciones educativas modifiquen sus procesos de admisión y establezcan mecanismos claros para identificar y priorizar a estudiantes de estos grupos vulnerables. Las universidades tendrán que reportar anualmente el cumplimiento de esta cuota al gobierno estatal.

La coordinadora del PRI en el Congreso de Michoacán, Adriana Campos Huirache, hizo un llamado urgente para combatir la violencia escolar tras revelar que 7 de cada 10 estudiantes en el país han enfrentado algún tipo de agresión en sus planteles educativos. La cifra, expuesta en el marco del Día Internacional del Rosa, evidencia la gravedad de un problema que afecta directamente a miles de familias michoacanas.

La diputada advirtió que las consecuencias del acoso escolar van más allá de las aulas, provocando problemas de salud mental en menores e incluso casos de suicidio. ‘Las estadísticas evidencian que hace falta mucho trabajo por realizarse’, señaló Campos, quien exigió coordinación entre autoridades educativas y la sociedad para crear espacios seguros para niños y jóvenes.

Aunque reconoció que Michoacán ha impulsado reformas importantes, incluyendo sanciones para quienes no actúen ante casos de bullying y protocolos obligatorios de intervención, la legisladora enfatizó que el verdadero desafío radica en la correcta aplicación de estas medidas. El estado cuenta con marco legal, pero falta supervisión efectiva en las escuelas.

La declaración se dio en el contexto del Día Internacional del Rosa, fecha que busca visibilizar no solo el acoso tradicional, sino también la homofobia y transfobia en centros educativos. Campos prometió seguir impulsando desde el Congreso acciones legislativas que fortalezcan la prevención y sanción de la violencia escolar, priorizando el bienestar de la niñez y juventud michoacana.

La coordinadora del PRI en el Congreso de Michoacán, Adriana Campos Huirache, hizo un llamado urgente para combatir la violencia escolar tras revelar que 7 de cada 10 estudiantes en el país han enfrentado algún tipo de agresión en sus planteles educativos. La cifra, expuesta en el marco del Día Internacional del Rosa, evidencia la gravedad de un problema que afecta directamente a miles de familias michoacanas.

La diputada advirtió que las consecuencias del acoso escolar van más allá de las aulas, provocando problemas de salud mental en menores e incluso casos de suicidio. ‘Las estadísticas evidencian que hace falta mucho trabajo por realizarse’, señaló Campos, quien exigió coordinación entre autoridades educativas y la sociedad para crear espacios seguros para niños y jóvenes.

Aunque reconoció que Michoacán ha impulsado reformas importantes, incluyendo sanciones para quienes no actúen ante casos de bullying y protocolos obligatorios de intervención, la legisladora enfatizó que el verdadero desafío radica en la correcta aplicación de estas medidas. El estado cuenta con marco legal, pero falta supervisión efectiva en las escuelas.

La declaración se dio en el contexto del Día Internacional del Rosa, fecha que busca visibilizar no solo el acoso tradicional, sino también la homofobia y transfobia en centros educativos. Campos prometió seguir impulsando desde el Congreso acciones legislativas que fortalezcan la prevención y sanción de la violencia escolar, priorizando el bienestar de la niñez y juventud michoacana.