Legislativo

Con el objetivo de fortalecer el compromiso ético y legislativo con el bienestar animal, la diputada Sandra María Arreola Ruiz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) en la Septuagésima Sexta Legislatura, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

La propuesta busca cambiar el nombre de la actual Comisión de “Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente” por el de “Medio Ambiente y Protección Animal”, con el fin de reconocer expresamente la importancia de este tema en la vida pública del estado.

“Cambiar el nombre de la comisión es darle representación a los seres sintientes que no tienen voz, y reconocer la importancia de su cuidado para plantar en todos nosotros una semilla de respeto, empatía y conciencia”, expresó Arreola Ruiz.

La legisladora destacó que el 70% de las iniciativas turnadas a dicha comisión durante la actual legislatura están relacionadas con protección animal, lo que evidencia el crecimiento de la conciencia social sobre la defensa de los derechos de los animales. Desde propuestas contra el maltrato hasta protocolos para centros de atención, el tema ha cobrado fuerza en la agenda ciudadana, sobre todo entre las nuevas generaciones.

Además, enfatizó que no se trata únicamente de un cambio nominal, sino de un acto de justicia, empatía y coherencia legislativa; “los animales merecen ser nombrados en nuestras instituciones porque son seres sintientes, compañeros de planeta y parte esencial del equilibrio ecológico que juramos proteger”, subrayó.

La iniciativa también busca dar certeza a la ciudadanía y a los actores involucrados, alineando el trabajo sustantivo de la comisión con una identidad clara y coherente con sus acciones.

Finalmente, Arreola Ruiz hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar esta iniciativa que —dijo— marca un parteaguas en la ética pública; “los grandes cambios comienzan con actos simbólicos. Hoy plantamos una semilla de respeto que florecerá en leyes, políticas públicas y, sobre todo, en una cultura de amor hacia todos los seres vivos”, apuntó.

Con la adición de cuatro artículos a la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, las y los legisladores fortalecieron el marco jurídico en lo relativo al procedimiento de queja, la precisión de las infracciones y sanciones, así como de las medidas de reducción de riesgos.

En Sesión Ordinaria, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura adicionó los artículos 110 bis, 110 ter, 110 quáter y 110 quinquies, al considerar que el procedimiento de queja es una herramienta crucial para la actuación y reacción oportuna de las autoridades para prevenir desastres y proteger la integridad de las personas, los inmuebles y el entorno natural.

Ante ello, en el Artículo 110 bis definieron que previo a la realización de eventos públicos y en espacios de concentración masiva, deberán elaborarse Programas Especiales de Protección Civil, los cuales serán entregados oportunamente a las autoridades de Protección Civil para su aprobación y coordinación con otras instancias de seguridad.

En el 110 ter quedó establecido que en el interior de establecimientos, inmuebles o espacios de tipo cerrado, destinados a la prestación de servicios o a la realización de actividades de entretenimiento, esparcimiento o de cualquier índole similar, quedará estrictamente prohibida la ejecución de actos que pongan en peligro a los asistentes, especialmente los que impliquen uso de pirotecnia o fuego.

En la ley, se ordena que toda persona física o moral tendrá el deber de denunciar ante la Coordinación Estatal o Municipal cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre del que tenga conocimiento, así como todo acto u omisión que cause o pueda producir situaciones de peligro o desastre a la población o en el entorno, tanto en lugares públicos como privados, en la materia de dicha Ley.

Una vez recibida la denuncia ciudadana, y cumplidos los requisitos correspondientes, la Coordinación Estatal o Municipal efectuará las diligencias necesarias para la evaluación de los hechos reportados, tomando las medidas de seguridad que el caso amerite, conforme a lo establecido en la presente ley y los reglamentos que expidan las autoridades competentes.

Por otra parte, las y los diputados, también votaron a favor del Dictamen puesto a su consideración por parte de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, a fin de derogar los artículos 113 y 119, de la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo.

Con un mensaje de apertura, inclusión y firme compromiso con las juventudes michoacanas, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura, hizo uso de la máxima tribuna del Congreso del Estado para fijar postura en torno a la organización del próximo Parlamento Juvenil Incluyente 2025.

La legisladora celebró que, después de varios años de ausencia, este ejercicio democrático regrese al recinto legislativo, como una respuesta a la exigencia legítima de las y los jóvenes de Michoacán de tener un espacio real para alzar la voz, debatir ideas y presentar propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en sus comunidades.

“El momento ha llegado y no hay marcha atrás. El Parlamento Juvenil Incluyente 2025 será una oportunidad histórica para que 40 jóvenes michoacanos, seleccionados por su mérito, trabajo social y visión legislativa, vivan la experiencia de construir soluciones desde el Poder Legislativo”, expresó la Presidenta de la Comisión Jóvenes y Deporte.

Grecia Aguilar informó que próximamente se instalará el Comité Organizador, el cual será presidido por ella misma, y desde donde se emitirá la convocatoria oficial para participar en este Parlamento. Asimismo, se conformará un Jurado Calificador neutral e imparcial que garantizará un proceso transparente y meritocrático.

“La participación de las juventudes debe ser escuchada sin filtros ni restricciones. Nuestro deber como representantes populares es generar las condiciones para que sus voces se escuchen, pero también para que sus propuestas se transformen en acciones concretas”, afirmó.

La legisladora hizo un llamado respetuoso a las y los jóvenes del estado a integrarse, postularse y atreverse a ser parte activa de este espacio: “estas puertas se abrirán de par en par en octubre para que, durante dos días, las juventudes michoacanas tomen la palabra en este recinto histórico. Queremos un Parlamento verdaderamente incluyente, paritario y representativo: de la diversidad sexual, de los pueblos originarios, de personas con discapacidad, migrantes y de todos los sectores.”

Asimismo, destacó que los temas que podrían abordarse son tan diversos como actuales: desempleo juvenil, cambio climático, violencia de género, inteligencia artificial, salud mental, deporte, arte, cultura y derechos humanos, entre muchos otros.

“El Parlamento debe ser un espacio de diálogo, de argumentación y de construcción colectiva. Que su voz sea la diferencia, el ejemplo y la esperanza de un nuevo rumbo para Michoacán”, remató.

Finalmente, exhortó a las juventudes a compartir la convocatoria y contagiarse del entusiasmo por construir desde su trinchera una sociedad más justa, más empática y más consciente del poder de la participación.

A través de una reforma al artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, el Pleno del Poder Legislativo, aprobó que el diputado que presida la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso local, forme parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

En sesión ordinaria, las y los legisladores michoacanos, avalaron el dictamen elaborada por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil que preside el diputado Vicente Gómez Núñez, e integran los diputados Juan Antonio Magaña de la Mora, Carlos Bautista Tafolla y Guillermo Valencia Reyes.

En la exposición de motivos, se señaló el Consejo Estatal de Seguridad Pública, es la instancia superior de coordinación interinstitucional cuyas atribuciones sustancialmente se refieren a los programas, políticas en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia y de prevención del delito.

Actualmente es integrado por: el Titular del Poder Ejecutivo, quien lo preside; el secretario de Seguridad Pública; el fiscal general del Estado; el secretario de Gobierno; un diputado electo por el Congreso; un Magistrado electo por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; los presidentes de los Consejos Intermunicipales; y, cuatro representantes del Consejo de Participación Ciudadana.

Al especificar, que el diputado que integrará el Consejo, será el presidente de la Comisión en cuestión, es algo positivo, consideraron las y los legisladores, ya que, dicha Comisión está completamente relacionada con el orden y la seguridad pública y quien la presida le compete atender los asuntos relacionados con la materia de seguridad pública.

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, presentó una iniciativa para que a quienes se nombren como titulares de las Oficialías del Registro Civil en esta entidad cuenten con experiencia en formación jurídica, ante el compromiso que asume el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con la profesionalización del servicio público para garantizar una atención eficaz y eficiente a los ciudadanos michoacanos.

Esto, a través de una modificación a la fracción III, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo que tiene el propósito de establecer la formación jurídica, o bien, la experiencia necesaria y comprobable como un requisito indispensable para el nombramiento de las titularidades de las Oficialías del Registro Civil del Estado de Michoacán.

“Las Oficialías del Registro Civil, en muchos casos son dirigidas por funcionarios sin formación profesional, ni experiencia en el ámbito jurídico. Si bien, en gran parte cuentan con la asistencia de personal experimentado y con los conocimientos técnicos necesarios, esto no exime a las y los titulares de las Oficialías del Registro Civil de las facultades y responsabilidades inherentes al cargo”, argumentó Reyes Galindo.

El coordinador del PT, destacó que al ser el registro civil una institución pública que se encarga de registrar de manera oficial los hechos y actos relativos al estado civil, es el único fedatario de la identidad de toda persona que brinda certeza jurídica en el marco de su calidad como ciudadanas y ciudadanos; por lo que el estado civil tiene una relevancia jurídica fundamental en el marco del derecho familiar, civil, administrativo y fiscal, al definir y regula el conjunto de relaciones personales y patrimoniales de una persona frente a terceras personas, ante sociedades y ante el propio Estado.

Refirió además, que desde la perspectiva jurídica, el estado civil constituye la base para la determinación de derechos inherentes a la persona, como los relativos a la herencia, la patria potestad, las obligaciones alimentarias y la capacidad legal para suscribir y revocar determinados actos jurídicos; por ello, las omisiones o los errores en las tareas de las Oficialías del Registro Civil pueden impedir el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, como es el derecho a la identidad, y con ello, generar consecuencias graves en asuntos relacionados con herencias, juicios y propiedad.

Ante ello, el legislador expuso que como garante de la identidad y el estado civil de toda persona, la institución aquí mencionada es de gran relevancia en el reconocimiento de los derechos individuales, por ello, la actividad que se desarrolla desde las Oficialías del Registro Civil requiere y demanda un amplio grado de sensibilidad, diligencia y compromiso por parte de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de dirigir la función registral, con una comprensión plena de las atribuciones administrativas y legales, así como de un alto grado de responsabilidad de las personas que ostenten la titularidad de esta institución.

La Septuagésima Sexta Legislatura reformó el artículo 39 la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo con la finalidad de actualizar la norma jurídica y con ello agilizar el trámite legal, simplificando su procedimiento administrativo, para otorgar certeza jurídica al contribuyente.

Con la Iniciativa de Decreto presentada por la Comisión de Hacienda y Deuda Pública sobre la propuesta del diputado David Martínez Gowman, se tiene como finalidad la precisión legal oportuna a la actualización de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, para satisfacer las necesidades, económicas, sociales, factor de aporte en las políticas públicas presentes.

Luego de la aprobación de la reforma, en el artículo 39, se precisa que las manifestaciones a que se refiere el Capítulo y la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, respecto de contratos de compraventa o cualesquiera otros transmitidos de dominio, resoluciones administrativas o judiciales, deberán presentarse dentro de los quince días hábiles contados a partir de los siguientes supuestos:
I. La fecha de firma, autorización y conclusión de la escritura por los otorgantes o representantes legales, los testigos e intérpretes si los hubiere;
II. La fecha; en que hubiere causado ejecutoria o estado la resolución judicial y se expidan los oficios y copias certificadas de la misma o se hubiere notificado la resolución administrativa; y,
III. La fecha; de firma, autorización y conclusión de celebración del contrato privado o documento de que se trate.

En su iniciativa Martínez Gowman puntualizó la necesidad de simplificar y acelerar la celebración respecto de contratos de compra-venta o cualquier otro de transmitidos de dominio, facilitando transacciones en la regulación de contratos de compraventa y/o otros.

Agregó que se requería avanzar y coadyuvar con responsabilidad a fin de preservar el equilibrio de las finanzas públicas así como fortalecer la capacidad financiera, optimizar el ejercicio y control en la gestión en la adquisición de inmuebles.

Las y los integrantes de la 76 Legislatura invitan a las mujeres profesionales del derecho, para que participen en el proceso de designación de Magistrada Titular de la Quinta Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán.

Las aspirantes tendrán para registrarse y exhibir su documentación, durante los días 17 y 18 de julio del presente año, en las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, sito en Avenida Francisco I. Madero número 97, planta alta del centro, de Morelia, Michoacán, en un horario comprendido de 9:00 a 15:00 horas.

Las mujeres interesadas a ocupar el cargo de magistrada, tendrán que reunir requisitos como: ser ciudadana mexicana por nacimiento, y michoacana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; no tener más de 65 años de edad, ni menos de 35, al día de la elección; entre otros.

Para acreditar los requisitos previstos en el artículo 95 de la Constitución Política del Estado, las aspirantes tendrán que presentar su solicitud por escrito en formato libre, con firma autógrafa; acta de nacimiento o, en su caso, documento que acredite la nacionalidad mexicana; credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el INE; título o cédula profesional en licenciatura en derecho, así como, constancia de calificaciones.

Asimismo, deberá presentar currículo con firma autógrafa, así como documentos u otros elementos de prueba que acrediten fehacientemente la actividad o práctica profesional en el ejercicio de la actividad jurídica, de cuando menos tres años en el ejercicio de la actividad jurídica; así como, un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación; entre otros.

Cabe señalar, que concluido el plazo para la inscripción y exhibición de documentos, la Comisión de Justicia llamará a comparecer a las personas aspirantes; y, en la comparecencia se les entrevistará, para que puedan ser evaluadas a través de su exposición de proyecto de trabajo, así como de todas aquellas habilidades y aptitudes que el cargo requiere.

Será mediante terna, emitida por la Comisión de Justicia, como se presente ante el Pleno de la 76 Legislatura que se elegirá a la mujer que ocupará la titularidad de la Quinta Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán, por un periodo de nueve años.

Para mayor información, se pueden consultar las páginas oficiales del Poder Legislativo.

Representantes de diversas comunidades originarias de Michoacán presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana para expedir la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual fue respaldada por la diputada local e indígena por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, y el diputado Conrado Paz Torres.

La propuesta, entregada por ciudadanas y ciudadanos procedentes de pueblos como Puácuaro, Santa Fe de la Laguna, Comachuén, Janitzio, Tacuro, Sicuicho, Pamatácuaro, Ahuirán, Urapicho, entre otros, busca garantizar el reconocimiento, uso y desarrollo de las lenguas indígenas en todos los ámbitos del servicio público en Michoacán.

“Esta iniciativa ciudadana nace del compromiso de las propias comunidades y recoge el anhelo de recuperar, preservar y fortalecer nuestras lenguas originarias”, señaló la diputada Eréndira Isauro Hernández, quien funge como presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos.

Entre los principales objetivos del proyecto está la creación del Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Michoacán, como órgano rector encargado de diseñar e implementar políticas públicas para la revitalización y promoción de los idiomas ancestrales.

Además, se establece la obligación de las instituciones públicas y privadas para ofrecer servicios en lenguas originarias, así como formar intérpretes y traductores que faciliten el acceso a derechos fundamentales como la salud, la justicia y la educación.

Durante la presentación, se informó que desde 2022, 394 comunidades indígenas en Michoacán han solicitado su registro ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), distribuidas en 59 municipios. También se reconoció formalmente a una comunidad afromexicana en El Ticuiz, municipio de Coahuayana.

“La diversidad lingüística es parte de la riqueza de nuestro estado. Esta iniciativa ciudadana representa un paso firme hacia una verdadera justicia cultural y lingüística”, enfatizó la legisladora indígena.

A un mes del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el próximo 9 de agosto, la Comisión refrendó su compromiso con el reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos originarios y afromexicanos del estado.

Con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, el diputado local Juan Carlos Barragán, presentó una iniciativa que propone condonar de manera condicionada los adeudos por agua potable y saneamiento a instituciones públicas educativas, siempre y cuando esos recursos sean reinvertidos directamente en la infraestructura escolar.

Durante su intervención en tribuna, Barragán destacó el caso crítico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que arrastra un adeudo cercano a los 120 millones de pesos con el OOAPAS de Morelia, distribuido en más de 70 cuentas de facultades, oficinas e instalaciones universitarias. Esta situación, dijo, limita la capacidad de la Universidad para atender compromisos fundamentales como el pago a pensionados y la mejora de sus espacios.

“¿Tiene sentido que una escuela pública tenga que elegir entre pagar el agua o reparar sus baños? Esa disyuntiva es inaceptable en un país que reconoce a la educación y al agua como derechos humanos”, señaló el legislador.

La propuesta plantea que el monto exentado sea invertido en rehabilitación de aulas, sanitarios, techos, lavamanos y equipamiento básico, bajo esquemas de control y comprobación mediante informes técnicos y financieros auditables. En caso de incumplimiento, el beneficio se revierte, garantizando que cada peso se utilice en favor de la comunidad estudiantil.

Esta iniciativa responde también al sentir de maestras, maestros y familias que, a través del programa Échale una Mano a las Escuelas, han señalado que el pago de servicios impide atender necesidades urgentes de infraestructura. “No se trata de una condonación sin compromiso, sino de una forma de canalizar los recursos hacia donde más se necesitan las aulas, los baños y los espacios educativos”, remarcó Barragán.

Finalmente, el diputado puntualizó que la medida está jurídicamente sustentada en las facultades del Congreso, conforme a los artículos 115 y 116 de la Constitución, y que no afecta las finanzas municipales, ya que solo aplicará de forma focalizada para instituciones educativas públicas que acrediten el destino de los recursos en beneficio directo del estudiantado.

“Esta propuesta convierte un pasivo en una inversión. No perdonamos la deuda: la transformamos en infraestructura para más de 1.2 millones de estudiantes michoacanos”, concluyó.

El diputado Poncho Chávez presentó una iniciativa que busca reconocer legalmente la labor de las mujeres policías, dignificar su profesión y reducir las brechas de desigualdad dentro de las corporaciones.

A un año del fallecimiento de cuatro mujeres policías en el cumplimiento de su deber, el legislador subrayó la necesidad de mejorar sus condiciones laborales, visibilizar sus derechos y garantizar entornos seguros y justos para ellas.

La propuesta establece que la seguridad pública debe asumirse con perspectiva de género, no como una concesión, sino como una vía para garantizar condiciones equitativas. Esto implica eliminar la brecha salarial, reconocer el esfuerzo adicional que implica ser mujer en un entorno hostil, y generar mecanismos institucionales que aseguren igualdad en el acceso a rangos, capacitación y protección.

«A lo largo de la historia, las mujeres han demostrado su capacidad y compromiso en todos los ámbitos donde participan, incluida la seguridad pública. En Michoacán, más del 30% de los cuerpos policiacos está conformado por mujeres que exponen su vida diariamente en operativos, labores de proximidad y tareas administrativas. Sin embargo, siguen enfrentando un entorno desigual, tanto en lo laboral como en lo institucional”, remarcó.

Entre las medidas específicas que contempla la iniciativa, destaca la obligación de contar con instalaciones dignas para mujeres dentro de las corporaciones, como dormitorios, regaderas y baños separados; respetar sus tiempos de lactancia; así como asegurar que cuenten con el equipo y armamento necesario para su labor. Además, se propone que sean ellas quienes atiendan casos donde haya mujeres involucradas, como detenciones, manifestaciones o temas de violencia familiar.

El legislador explicó que, hasta ahora, la ley no reconoce las particularidades del actuar de las mujeres policías, lo que deja un vacío jurídico que impide establecer garantías específicas para su desarrollo y protección. La iniciativa busca precisamente llenar ese vacío y sentar las bases para un sistema más justo y profesionalizado.

Finalmente, Poncho Chávez afirmó que este proyecto no solo representa un paso hacia el reconocimiento y la dignificación de las mujeres policías, sino que también abona al fortalecimiento de la seguridad pública en Michoacán. “Quienes cuidan a la ciudadanía también merecen ser cuidadas, reconocidas y respaldadas por el Estado”, concluyó.