Legislativo

En representación del pueblo de Michoacán y acompañado por el Colegio Nacional de Economistas, filial Michoacán, el diputado Hugo Rangel presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 193 de la Ley Orgánica Municipal.

El objetivo es eliminar el requisito que actualmente exige que la persona titular del Instituto Municipal de Planeación sea originaria del municipio o tenga dos años de residencia, y en su lugar establecer que se requiere, únicamente, ser ciudadana o ciudadano Michoacano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

La propuesta parte de una convicción clara: profesionalizar la gestión pública municipal. Como señaló el legislador en la exposición de motivos, “la finalidad de estos institutos es maximizar los recursos públicos mediante la planeación soportada en la experiencia y capacidad técnica”.

Dicho enfoque técnico ha sido respaldado por el Colegio de Economistas, que ha insistido en la necesidad de contar con perfiles capacitados para operar modelos como el presupuesto basado en resultados, un modelo de gestión que promueve la eficiencia, transparencia y el impacto tangible en los resultados de las políticas públicas.

El diputado Hugo Rangel subrayó que la actual redacción de la ley resulta restrictiva e incluso discriminatoria, pues impone condiciones que no aplican para otros cargos de alta responsabilidad dentro de los gobiernos municipales.

“Este requisito resulta contradictorio con el derecho humano a la libertad del trabajo, previsto en el artículo 5º de la Constitución”, argumentó, además de señalar que la exigencia del lugar de nacimiento o tiempo de residencia no aparece para encargos como los de Tesorería, Secretaría del Ayuntamiento o Contraloría.

La reforma es coherente con el principio de garantizar que la toma de decisiones en los municipios esté guiada por perfiles técnicos, no por criterios de arraigo territorial. En palabras del legislador, se trata de abrir paso “a un perfil profesional experto en la gestión de los recursos públicos y en favor de una planeación estratégica que responda realmente a las necesidades de las y los michoacanos”, concluyó.

El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo exhortó a los 112 ayuntamientos del Estado y al Concejo Mayor de Cherán para que realicen los trámites correspondientes ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a fin de renovar los títulos de concesión de agua potable vencidos o próximos a vencer.

Las y los legisladores de la Septuagésima Sexta Legislatura votaron a favor del Punto de Acuerdo propuesto por Belinda Iturbide Díaz, mediante el cual también se insta a que se establezcan mecanismos internos de control, transparencia y participación ciudadana respecto al estado legal y vigencia de los títulos de concesión de agua potable.

En su exposición de motivos quedó establecido que conforme a lo señalado en artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tienen a su cargo la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

Por lo que dicha responsabilidad implica garantizar que toda persona pueda acceder de manera continua, segura y suficiente a este recurso vital. “Sin embargo, diversos estudios e investigaciones han documentado una creciente preocupación respecto al otorgamiento, control y vigilancia de los títulos de concesión y asignación de agua”, detalló.

Ante el Pleno se evidenció que la pérdida de la vigencia dichos títulos representa una amenaza directa al derecho humano al agua, lo que se agrava cuando las localidades se encuentran en zonas de veda, donde las posibilidades de obtener nuevas concesiones están limitadas por la ley.

En el acuerdo, se precisó que la omisión institucional de los ayuntamientos ante el vencimiento de los títulos compromete la seguridad hídrica de miles de personas.

Ante ello, la propuesta de acuerdo tiene como objetivo que se transparente de forma proactiva la información relativa a los volúmenes concesionados, su vigencia y disponibilidad, a través de medios físicos y digitales accesibles al pueblo.

“Renovar los títulos de concesión del agua no es sólo un trámite: es una obligación moral con las familias, con la niñez, con los pueblos originarios, con las mujeres que cuidan el hogar, y con el futuro de Michoacán. Es tiempo de transformar también desde lo local, y garantizar que cada gota de agua sea sinónimo de vida, de dignidad y de bienestar para todos y todas”, se puntualizó.

Ante la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado declara insubsistente el Acuerdo 29 y los actos legislativos que le dieron origen, en el que se determinó la no reelección de Griselda Lagunas Vázquez, como magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.

De igual forma, determinaron que serán las comisiones de Justicia y de Gobernación, las que estudiarán y analizarán la situación jurídica de Griselda Lagunas Vázquez, y “deberá resolver de forma fundada y motivada, sobre la reelección o no de la quejosa en el cargo antes mencionado, siguiendo los parámetros de esta sentencia”.

De tal forma que en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1/2023, deducido del juicio de amparo 1160/2021, se deja insubsistente el Acuerdo 29 de fecha 18 de noviembre de dos mil veintiuno, así como los actos intralegislativos que dieron origen a ese acuerdo y aquellos que directamente deriven de éste.

Cabe recordar que el 29 de noviembre de 2021, Griselda Lagunas Vázquez promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades, respecto del dictamen con proyecto de acuerdo, mediante el cual se resolvió la no reelección se su cargo.

Así mismo, en contra de la votación nominal y cómputo del punto XIV de la orden del día sesión ordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2021 por el H. Congreso del Estado de Michoacán, mediante el cual se aprobó el dictamen mencionado, y se emitió el acuerdo número 29 de esa fecha.

Ante ello, las comisiones de Justicia y Gobernación, sometieron a consideración del Pleno Legislativo un acuerdo mediante el cual declaran insubsistentes tanto el acuerdo como los actos que lo originaron, debido a que si los mismos siguen vigentes, y no se puede emitir otro acto que lo sustituya por parte de las Comisiones legislativas.

El 19 de marzo de 2025 la 2ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció la ejecutoria y resolvió que la “Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa, respecto del acto de aplicación mediante el cual el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo determinó no reelegirla en el cargo de magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad federativa”.

El Pleno de la 76 Legislatura aprobó otorgar al ciudadano Rafael Lara Hernández, la Condecoración “Medalla Michoacán al Mérito Docente”, en su edición 2025, por su eminente y destacada contribución en el desarrollo educativo del Estado.

Mediante el dictamen presentado por la Comisión de Educación se informó que fueron 19 las propuestas registradas, mediante convocatoria pública, de las cuales, siete fueron de forma física y doce en manera electrónica, determinado que todas las propuestas eran elegibles.

En la sesión ordinaria, a propuesta de la diputada Eréndira Isauro se reformó el dictamen para designar a Rafael Lara Hernández, quien cumplió a cabalidad con los requisitos en la convocatoria pública.

Lara Hernández, ha instaurado maestrías en ingeniaría industrial y es líder en el equipo de calidad del producto sobre el primer auto eléctrico diseñado en México, y demás actividades que demuestran su aporte en el desarrollo de la educación de Michoacán.

Cabe destacar, que la Condecoración “Medalla Michoacán al Mérito Docente”, en su edición 2025, será otorgada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y por integrantes de la Comisión de Educación, en Acto Solemne celebrado en el próximo 25 de junio en el Palacio Legislativo de Michoacán.

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, propuso al pleno del Congreso de Michoacán, una iniciativa para armonizar el contenido de la Ley de los Jóvenes en el Estado en la que se se estipula que la edad para ocupar el cargo de director general del Instituto de la Juventud en la entidad pueda reducirse.

Dicha iniciativa, contempla una reforma al artículo 10 de la Ley de los Jóvenes de Michoacán, en donde se prevé la eliminación al límite inferior de 25 años sustituyéndolo por un criterio más justo y coherente: “ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos y no mayor a los treinta años a la fecha de su designación”.

Con ello, Reyes Galindo señaló que se amplía el espectro de participación sin afectar la naturaleza del Instituto como organismo orientado a las juventudes; en donde además se respetan los tratados internacionales de derechos humanos, y la visión progresista y transformadora que ha sostenido el Partido del Trabajo (PT) en su compromiso histórico con las juventudes mexicanas.

“El texto vigente del artículo 10 establece como requisito para ocupar la Dirección General del Instituto de la Juventud tener veinticinco años cumplidos y no más de treinta, lo cual —aunque orientado a garantizar la representación juvenil— termina por constituirse en una barrera de entrada injustificada para personas jóvenes mayores de edad, que ya se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos y que además, podrían contar con la preparación, experiencia, vocación y compromiso social necesarios para desempeñar dicho encargo”, precisó el legislador.

“Desde el Partido del Trabajo, afirmamos que las juventudes no deben ser excluidas del derecho de participación política y administrativa en ninguna de sus formas. Consideramos que el acceso a los espacios de decisión pública debe estar guiado por principios de inclusión, capacidad y ejercicio pleno de derechos, no por restricciones etarias que carecen de justificación racional o democrática”, agregó Reyes Galindo.

Asimismo, señaló que el PT reconoce que la juventud no es una etapa homogénea, ni un estereotipo, sino un sector diverso, capaz, crítico y transformador, que históricamente ha sido motor de cambio en las luchas sociales, los movimientos democráticos y la defensa de los derechos fundamentales.

“La reforma que hoy proponemos, no es sólo una cuestión administrativa ni meramente técnica; representa un paso necesario hacia la consolidación de un modelo de Estado más incluyente, más justo y más democrático. Se trata de reconocer que la juventud es presente y no sólo futuro, y que su inclusión efectiva en los procesos institucionales de toma de decisiones no puede seguir postergándose”, indicó.

Por último, dijo que con esta propuesta el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrenda su firme convicción de que la juventud debe ser protagonista en la transformación de Michoacán y del país, no sólo en los discursos, sino en la realidad tangible de nuestras leyes, nuestros gobiernos y nuestras políticas públicas.

«Las remesas constituyen un factor determinante para el ingreso familiar y desarrollo del estado de Michoacán y sus comunidades”, sostuvo este martes el diputado del PRD, Octavio Ocampo, al presentar ante el Pleno del Congreso del Estado el punto de acuerdo para crear la Comisión Especial para la Protección, Seguimiento y Aprovechamiento Económico y Social de las Remesas Familiares de las y los Michoacanos en el Exterior.

Durante su intervención, el legislador del PRD expuso que en 2024 Michoacán recibió 5 mil 646 millones de dólares por concepto de remesas, lo que representó el 8.7% del total nacional y el 11.1% del Producto Interno Bruto estatal. Esta cifra, dijo, se ha mantenido al alza en el primer trimestre de 2025, con más de un mil 269 millones de dólares registrados, lo que refleja —dijo— la importancia de establecer un mecanismo legislativo específico para su atención, defensa y aprovechamiento.

Octavio Ocampo advirtió sobre la reciente aprobación en Estados Unidos del One Big Beautiful Bill Act, el cual contempla un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas desde ese país. Esta medida, añadió, afectaría directamente a uno de cada cuatro hogares en Michoacán, elevaría el costo del envío y fomentaría el uso de canales no oficiales, generando riesgos financieros para las familias receptoras.

La propuesta plantea que la Comisión Especial funcione durante el periodo de la actual Legislatura y esté integrada conforme a los principios de paridad, equidad y transparencia. Entre sus tareas, se encuentra el seguimiento de políticas fiscales, la propuesta de acciones conjuntas con autoridades y la promoción de las remesas como instrumento de inversión productiva y social.

Finalmente, el legislador michoacano subrayó que la propuesta se alinea con el marco legal vigente, en particular con el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso, y tiene como propósito garantizar los derechos humanos, la gobernabilidad y el bienestar social de las familias michoacanas que dependen de las remesas enviadas por sus familiares desde el extranjero.

Marco Antonio Bravo Pantoja tomó protesta ante el Pleno del Congreso del Estado, como Auditor Superior de Michoacán, por un periodo de siete años, tras darse a conocer la comunicación remitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la cual se informa de la resolución emitida por la Segunda Sala, respecto al amparo en revisión 728/2024 interpuesto por el ex auditor.

En Sesión Ordinaria, las y los legisladores michoacanos, tuvieron conocimiento del oficio MI/SS/D/13281/2025, enviado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que remite para conocimiento, la sentencia de catorce de mayo de dos mil veinticinco, en la que se advierte que “el Más Alto Tribunal confirmó la sentencia recurrida, sobreseyó en el juicio de amparo y declaró sin materia las revisiones adhesivas que hicieron valer diversas autoridades responsables”.

Ante ello, en comisión de cortesía, las y los diputados Teresita de Jesús Maldonado Herrera, Adriana Campos Huirache, Sandra Olimpia Garibay Esquivel, Juan Antonio Magaña de la Mora, Baltazar Gaona García y Antonio Carreño Sosa introdujeron al Pleno Legislativo a Marco Antonio Bravo Pantoja, quien venía fungiendo como auditor interino, para que tomara la protesta de Ley.

Cabe destacar que la resolución se dio, luego de los diversos juicios de amparos que interpuso Miguel Ángel Aguirre Avellaneda en contra de la decisión del Congreso del Estado de su separación del cargo, mismos que fueron desestimados por la Suprema Corte.

Con el objetivo de frenar la creciente ola de accidentes viales en el estado, el diputado Juan Carlos Barragán presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, que propone como requisito obligatorio contar con una licencia de conducir vigente para adquirir cualquier vehículo automotor o motocicleta.

Durante su participación en tribuna, el legislador advirtió que México enfrenta una emergencia vial silenciosa, en la que los jóvenes de entre 15 y 29 años son las principales víctimas mortales de accidentes de tránsito, muchos de ellos por falta de preparación para conducir.

“Hoy cualquier persona puede comprar una moto o un carro sin demostrar que sabe manejarlo, sin conocer el reglamento de tránsito y sin haber recibido formación vial. Esto no solo es irresponsable, es letal”, señaló.

La propuesta surge a iniciativa de Motociclistas Organizados de Michoacán (MOM), quienes han expuesto con responsabilidad la urgente necesidad de tomar medidas concretas para mejorar la seguridad vial.

Barragán compartió casos recientes en municipios como Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, donde personas en su mayoría jóvenes, han perdido la vida por conducir sin preparación o sin licencia, demostrando que se trata de una situación generalizada y no de hechos aislados.

“¿Se imaginan que alguien pudiera comprar un arma sin saber usarla o ejercer una profesión sin haber estudiado? Eso es lo que pasa con los vehículos. Se adquieren sin control y después se convierten en instrumentos de tragedia”, puntualizó.

El diputado subrayó que esta iniciativa no busca restringir derechos, sino establecer un principio básico de responsabilidad social que quien quiera adquirir un vehículo, primero demuestre que puede conducirlo de forma segura y legal.

“Este pequeño filtro puede salvar cientos de vidas y abrir la puerta a una cultura vial más consciente y ordenada. No estamos legislando por capricho, sino por las miles de familias que han perdido a un ser querido en un accidente evitable”, concluyó.

“Se debe atender a las michoacanas que más lo necesitan, particularmente a las mujeres jefas de familia”, afirmó la diputada Fabiola Alanís Sámano, al argumentar que se multiplica el número de quienes están al cuidado de algún familiar, así como su condición de vulnerabilidad.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma integral a la Ley para el Desarrollo y Protección de Madres Jefas de Familia, a fin de transformarla en Ley para Protección de las Mujeres Responsables de la Crianza de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, que tiene por objeto promover políticas públicas, lineamientos, mecanismos y acciones, con perspectiva de género, tendientes a proteger los derechos y mejorar las condiciones de vida de las mujeres responsables de la crianza y sus dependientes.

La legisladora de Morena expuso que se debe reconocer una realidad que hoy enfrenta Michoacán, con el objetivo de no olvidar u omitir que se debe brindar una mayor atención, como acción afirmativa, a este sector creciente, porque el tiempo de mujeres también tiene que ver con acciones específicas para garantizarles realmente condiciones adecuadas de bienestar, de salud, de educación y de formación.

Argumentó la especialista en políticas públicas con perspectiva de género que en 7 de cada 10 hogares de Michoacán viven mujeres con sus hijas e hijos y 284 mil son madres jefas de familia, como son llamadas de manera tradicional, lo que demuestra que el universo de mujeres dedicadas a los cuidados y que están en condiciones vulnerables, se está multiplicando.

Enfatizó Alanís Sámano que la vulnerabilidad de sus hijas e hijos también aumenta, lo cual impacta en la brecha de desigualdad, particularmente en la salarial, ya que al dedicar mucho tiempo a la crianza de las y los menores, al cuidado de las personas con discapacidad y de las y los adultos mayores, pierden la posibilidad de contar con tiempo suficiente para su formación, su incorporación al mercado laboral o para obtener un trabajo mejor en grado.

Al asistir a la conferencia, “Situación actual de los migrantes en Estados Unidos y Plan de acción”, impartida por la senadora estatal del distrito 25 de Illinois, Karina Villa, Octavio Ocampo, diputado del PRD, expresó que existe preocupación en Michoacán por la situación que enfrenta la población migrante, particularmente ante la amenaza de imponer un impuesto a las remesas.

Durante su intervención, el legislador señaló que dicha medida representaría una doble tributación para quienes envían recursos desde el extranjero. “Gravar las remesas significa doble tributación, lo cual es ilegal e inhumano. No podemos permitir que se castigue el esfuerzo de quienes sostienen a miles de familias en nuestro estado”, afirmó Ocampo.

Asimismo, reconoció la postura asumida por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, frente al tema migratorio, y subrayó la necesidad de reforzar la solidaridad con las comunidades migrantes.

Finalmente, agradeció la visita de la senadora Villa al Congreso local, destacando el valor de los intercambios legislativos internacionales y el compromiso con el respeto y la protección de los derechos de las personas migrantes.