Legislativo

El Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Turismo propuesta por la diputada Vanhe Caratachea en conjunto con otras diputadas y diputados. Esta nueva disposición busca evitar que hoteles, moteles y espacios de hospedaje sean utilizados como escenarios para la trata, pornografía o explotación sexual infantil, colocando a la niñez en el centro de las acciones preventivas.

La reforma dictaminada por las comisiones de Turismo, así como, Protección a la niñez y adolescencia, establece que ningún menor de edad podrá ingresar a un alojamiento turístico sin la compañía de sus padres, tutores o un adulto con autorización legal debidamente acreditada. Además, se exigirá a los establecimientos verificar la identidad y el parentesco mediante documentos oficiales como la CURP, INE o pasaporte vigente, en el caso de turistas extranjeros. “No es un capricho, es una herramienta legítima y necesaria de prevención”, señaló Caratachea.

También se obliga a los prestadores de servicios turísticos a implementar protocolos de actuación ante posibles delitos, capacitar a su personal, instalar videovigilancia responsable y contar con mecanismos eficaces de denuncia. “No se trata de criminalizar al turismo, sino de convertirlo en un aliado en la defensa de la infancia”, afirmó la legisladora.

La reforma fue cuidadosamente armonizada con los marcos nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, se contempló el uso de herramientas digitales para evitar cargas burocráticas a los ciudadanos y a los prestadores de servicios turísticos.

Con esta aprobación, Michoacán se coloca a la vanguardia nacional en turismo ético y responsable. “No se puede hablar de desarrollo económico si ese desarrollo se sostiene sobre el sufrimiento de la niñez. Esta ley es un escudo que resguarda su inocencia y su integridad”, expresó Vanhe Caratachea, presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez.

Finalmente, agradeció el respaldo del Pleno y reafirmó su compromiso con la infancia michoacana: “Cada niña salvada, cada niño protegido, será el testimonio de que esta Legislatura no fue indiferente. Hoy dimos un paso firme para que el turismo en Michoacán crezca con responsabilidad”concluyó.

Con el objetivo de que la crianza de un hijo o hija sea más compartida entre ambos padres, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, presentó una iniciativa para que la licencia de paternidad sea obligatoria, igualitaria y remunerada.

Al hacer uso de la máxima tribuna del estado, la Congresista propuso adicionar la fracción IV al artículo 22 BIS de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, para que los padres de familia tengan 20 días de descanso previos al parto y 70 días de descanso y puedan atender a su esposa, concubina o pareja así como al recién nacido y los cuidados que de ello deriven.

“Hoy quiero hablarles de un tema que toca el corazón de nuestras familias, que incide directamente en la igualdad de género, en la justicia social y en el futuro de nuestros hijos, la licencia por paternidad obligatoria”, expresó Arroyo Martínez.

Argumentó que “la igualdad no se reclama se construye con decisiones valientes, y una de estas decisiones implica que todos los hombres, sin excepción, tomen su licencia de paternidad”.

“No como una opción, no como un gesto, si no desde la concientización de un deber, necesitamos hacerlo obligatorio porque mientras esta medida sea voluntaria, seguirá siendo ignorada”, dijo.

La diputada local abundó que no obligar a los hombres a tomar esta licencia es seguir considerando que criar a un hijo o hija es algo que atiende a un rol de género, que puede delegarse, o que las madres pueden seguir cargando solas con lo que debería ser una corresponsabilidad.

“Es condenar a las mujeres a continuar en una lucha incansable para conciliar roles que nos han sido impuestos”, agregó.

Y “no se trata solo de justicia de género, sino también de resultados, y en ese sentido ejemplificó que los países que han implementado la licencia por paternidad obligatoria han demostrado beneficios claros: niños más sanos, vínculos familiares más fuertes, mujeres con más oportunidades laborales y hombres más comprometidos emocionalmente con sus hijos e hijas”, abundó.

“Quien diga que la paternidad obligatoria es una imposición, se olvida de que toda sociedad impone normas cuando entiende que el bien común lo exige. Y no hay bien más común que una infancia cuidada, padres presentes y mujeres libres”, complementó la legisladora.

“Porque la igualdad no se pide, se legisla, los derechos no se reparten, se garantizan, y porque la familia no es un lugar para el abandono masculino, sino para la presencia activa, consciente y amorosa de hombres y mujeres”, concluyó.

El Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por el diputado Juan Carlos Barragán, con la cual se refuerzan las medidas de seguridad en los servicios de hospedaje, a fin de prevenir actos de violencia, abuso, trata y explotación de niñas, niños y adolescentes.

La reforma modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Michoacán, establece nuevas obligaciones para hoteles y plataformas digitales que ofrecen servicios de hospedaje, quienes deberán verificar tanto la identidad de las personas menores de edad como la relación filial o tutelar con las personas adultas que los acompañen.

“Esta iniciativa busca garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo los mecanismos legales para su protección y asegurando que los prestadores de servicios cumplan con estándares de seguridad y responsabilidad social”, señaló el legislador morenista.

De acuerdo con la reforma, las personas físicas y morales que presten servicios de hospedaje, incluyendo plataformas digitales, deberán:

•⁠ ⁠Informar con anticipación a los usuarios sobre los requisitos de verificación de identidad para menores de edad.
•⁠ ⁠Solicitar identificación oficial y la CURP a quienes se registren en el establecimiento.
•⁠ ⁠Verificar la filiación, parentesco o autorización legal respecto de las personas menores de edad.
•⁠ ⁠Impedir el ingreso si no se puede acreditar dicha relación y dar aviso inmediato a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
•⁠ ⁠Capacitar a su personal sobre la prevención de la explotación sexual y la trata de personas.
•⁠ ⁠Instalar sistemas de videovigilancia en áreas clave, garantizando el respeto a la vida privada y la confidencialidad de datos personales.
•⁠ ⁠Establecer mecanismos de denuncia inmediata y líneas de contacto visibles.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá ser sancionado con multas de hasta 339 mil 420 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción. Esta cantidad equivale a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2025.

Barragán sustentó la urgencia de esta reforma con datos de UNICEF, que revelan que el 28 por ciento de las víctimas de trata en el mundo son menores de edad. En América Latina, el problema tiene especial impacto en países como México.

“Entre 2015 y 2024 se identificaron 2 mil 438 víctimas de trata menores de edad en el país, y el 81 % eran mujeres. En Michoacán, el 10 % de las personas desaparecidas son niñas, niños o adolescentes, lo que podría estar relacionado con delitos de alto impacto como la trata infantil”, puntualizó.

Con esta reforma aprobada, el Congreso del Estado avanza en la construcción de entornos seguros para la infancia, y refuerza el compromiso institucional con la protección integral de niñas, niños y adolescentes en Michoacán.

El diputado Hugo Rangel presentó este miércoles una iniciativa de reforma para establecer en la ley la obligación de destinar al menos el 3% del presupuesto público estatal y municipal a infraestructura deportiva.

“En una sociedad vilipendiada por la marginación, lo que menos se piensa es en el deporte; sin embargo, cuando una pelota recorre la cancha, se enciende la esperanza”, señaló el legislador durante su intervención en tribuna.

Rangel Vargas explicó que actualmente no existen mecanismos claros para saber cuánto se invierte en infraestructura deportiva en Michoacán, lo que impide la planeación de políticas públicas efectivas. “Tuvimos problemas para formular esta iniciativa porque ni siquiera hay estadísticas básicas. Y lo que no se mide, no se puede mejorar”, dijo. Por ello, subrayó la urgencia de establecer un piso legal mínimo que visibilice el abandono del sector.

El legislador por el Partido del Trabajo señaló que, aunque el porcentaje propuesto puede parecer bajo, su inclusión en la ley representaría un acto de justicia social. “Hablar de deporte, es hablar de dignidad. Dignificar los espacios deportivos es apostar por entornos que formen y transformen tanto a las personas como a las comunidades”, sostuvo.

Finalmente, Rangel llamó a sus compañeras y compañeros del Congreso a no minimizar la relevancia del tema. “Como soberanía, haríamos un acto profundo de empatía si dedicáramos aunque sea unos minutos de nuestra agenda legislativa a lo que ocurre en nuestro deporte. Lo que parece irrelevante puede convertirse en algo profundamente transformador”, concluyó.

El Congreso del Estado designó a Alejandro Fuerte García y a Maricela Rangel López, como presidente y presidenta municipal sustitutos por el periodo constitucional 2024-2027, de los municipios de Tacámbaro y Tepalcatepec, respectivamente.

Luego de que se notificara a este Poder Legislativo sobre la ausencia defintiva, en un primer momento del presidente municipal en funciones de Tacámbaro y posteriormente de la presidenta municipal de Tepalcatepec, el Congreso del Estado comenzó a trabajar en la Comisión de Gobernación para la designación de él y la presidenta sustituta de los municipios en mención.

Tal y como lo establece el marco legal, siempre respetando el género y el origen partidista o en su caso independiente, y verificando que el sustituto cumpla con los requisitos de elegibilidad para ser candidato a Presidenta o Presidente Municipal que señala la Constitución Local.

De esta forma, Alejandro Fuerte García y Maricela Rangel López, rindieron la protesta constitucional ante el Pleno de este Congreso y de inmediato entraron a ejercer su encargo, como presidente municipal sustituto de Tacámbaro y como presidenta municipal sustituta de Tepalcatepec.

El Congreso del Estado reitera con estas designaciones, el compromiso de preservar la gobernabilidad de todos los municipios de Michoacán.

El Poder Legislativo designó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, como recipiendaria de la Condecoración “Suprema Junta Nacional Americana”, por honrar con su trayectoria los valores de justicia social, fraternidad, libertad y fortalecimiento de los derechos fundamentales.

La condecoración será entregada en Sesión Solemne el día martes 19 de agosto del 2025, en la que se conmemorará el CCXIV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana; para lo cual, se habilitará como Recinto Oficial del Congreso del Estado, el Teatro Juárez de la Ciudad de Zitácuaro.

Cabe destacar, que fue mediante convocatoria pública que se designó al condecorado de este año, y al concluir el plazo para recibir propuestas, la Secretaría de Servicios Parlamentarios únicamente recibió una propuesta a para ser recipiendario de dicho galardón.

Fue la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado la encargada de revisar, estudiar analizar la propuesta presentada, y deliberar su viabilidad para tal honor.

Con esta condecoración, se conmemorará el CCXIV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana -19 de agosto de 1811-, y se reconoce la participación de sus integrantes: Don Ignacio López Rayón, Presidente; Don José María Liceaga, Don José Sixto Verduzco, Vocales; y Don Remigio de Yarza, Secretario.

Con el objetivo de proteger la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes, con medidas legales que regulen el ingreso de menores en los servicios de hospedaje, la 76 Legislatura, aprobó por unanimidad, reformar la Ley de Turismo del Estado.

Las Comisiones Unidas de Turismo y Protección a la Niñez y Adolescencia, presentaron el dictamen a través del cual se reforma el artículo 15, 129 y se adiciona un artículo 115 Bis de dicha ley, para legislar en materia de protección a las niñas, niños y adolescentes contra la trata de personas.

Esta reforma, establece mecanismos para identificar, rescatar y brindar atención integral a las víctimas, incluyendo servicios de apoyo psicológico, social y legal, mediante protocolos de prevención y actuación.

Con esta regulación se establece que ninguna persona menor de edad, a menos que este acompañado por su madre, padre o tutores legales, no podrán acceder a establecimientos de prestación de servicios de hospedaje, siendo la Clave Única de Registro de Población (CURP) la fuente central y unificada de identidad para los menores.

En el caso de turistas o visitantes extranjeros, se les permitiría que se identifiquen con su pasaporte vigente, esto responde a un principio de razonabilidad y armonización normativa en materia de control e identificación de personas en servicios turísticos.

Los prestadores de servicios deberán verificar la filiación, parentesco o autorización por parte de quienes legalmente ostenten la guarda y custodia de las personas menores de edad acompañadas de los turistas o visitantes usuarios de estos servicios; y, en caso de no poder cumplir con esta verificación, deberán permitir el ingreso y registro, debiendo hacerlo del conocimiento inmediato de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado.

Asimismo, la Secretaría deberá emitir y publicar para observancia de los Prestadores de Servicios Turísticos, un Protocolo para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y la Explotación Sexual y Comercial en Niñas, Niños y Adolescentes, para lo cual tendrá un plazo no mayor a 90 días naturales.

Finalmente, Las y los legisladores coincidieron que esta medida protege a los menores de riesgos como la trata de personas o la sustracción ilícita; garantizando que sus derechos sean respetados y protegidos, a través de mecanismos de verificación que los menores estén debidamente acompañados por sus representantes legales o familiares autorizados.

Con el objetivo de contribuir a la celeridad, asegurar el debido proceso, evitar seguir una vía incorrecta así como dilaciones maliciosas en la acción procesal de la demanda, el diputado local David Martínez Gowman presentó para reformar varios artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán.

Esta propuesta contempla evitar nulidades y retrabajos, que en la vía procesal se determinen claramente los derechos y cargas de las partes; y optimizar la economía procesal pues al señalarse la vía correcta desde el inicio, se enfoca el proceso en un cause adecuado, lo que contribuye a evitar retrasos, explicó el legislador.

Explicó también que “en algunos casos, los abogados pueden presentar demandas ambiguas y por vías incorrectas para obtener ventajas. En estos casos, la intervención temprana del juez corrige esto”, indicó.

David Martínez explicó que la demanda es un término jurídico que se refiere al acto procesal mediante el cual una persona inicia un litigo ante un tribunal en donde se solicita al juez que dicte una resolución favorable.

Ante la máxima tribuna del estado, el diputado reiteró “la importancia de legislar a favor de las y los michoacanos. Debemos considerar que existen lagunas legales en nuestra legislación. Por ello, seguiré trabajando en temas que mejoren nuestra legislación local y en la práctica, brinden certeza jurídica para todas las personas”, concluyó.

Las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado votaron a favor de regular el uso de la Inteligencia Artificial en los niveles de educación media superior y superior; y, de establecer un protocolo de uso adecuado de la IA, para con ello evitar la dependencia excesiva de herramientas automatizadas para la realización de tareas académicas.

En el Dictamen elaborado por la Comisión de Educación sobre la iniciativa presentada por la diputada Belinda Iturbide Díaz, se precisa que con la adición del artículo 83 BIS a la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo no se pretende alejar la tecnología de las aulas; pero sí regular el uso de la IA a fin de que sirva como herramienta de apoyo al aprendizaje, conteniendo elementos éticos y pedagógicos orientados al fomento del pensamiento crítico y la autonomía de los educandos.

De acuerdo con la reforma aprobada, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, elaborará un protocolo para el uso adecuado de la inteligencia artificial en el que deben incluirse directrices como: uso complementario de la Inteligencia Artificial, en los procesos de aprendizaje-enseñanza; restricciones al uso no supervisado; y regulación institucional.

De igual forma, el protocolo deberá considerar la capacitación y sensibilización a la comunidad educativa; la participación de madres, padres y tutores; y, las medidas por incumplimiento.

En las consideraciones del Dictamen quedó establecido que dichos criterios son los mínimos que debe contener ese protocolo, “para no ajustar solo a unos cuantos y dejar en mayor libertad a la Secretaría de Educación Estatal para que al momento de elaborar el protocolo establezca aquellos criterios que a su alcance considere deban contemplarse para un mejor manejo de la inteligencia artificial en nuestro Estado”.

La iniciativa de la Diputada Belinda Iturbide señala que el uso excesivo de la IA puede desalentar el desarrollo de habilidades fundamentales como la escritura, el razonamiento lógico y la investigación.

“El uso desmedido de IA en el aula puede reducir la colaboración entre estudiantes y limitar el desarrollo de habilidades interpersonales esenciales para su futuro profesional… La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la educación, pero su uso sin control puede convertirse en una barrera para el desarrollo integral de los estudiantes”, destacó la legisladora.

El Congreso del Estado reformó la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán integrando nuevos mecanismos para combatir la violencia escolar en todos los niveles, al definir protocolos en cada nivel educativo y al dotar mayores atribuciones al Consejo Preventivo de la Violencia Escolar.

La Comisión de Educación puso a consideración del Pleno Legislativo la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, presentada por los CC. Jesús Eduardo Mendoza Gómez, Estrella del Rocío López Maciel y Julieta Estephanía Carrillo León.

Con las reformas al ordenamiento jurídico, se definió que la Secretaría de Educación, asignará mayores recursos al Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán, exclusivamente para la implementación de las estrategias de prevención, difusión, consultas, foros, conferencias, entre otras sobre la problemática de la violencia escolar.

Sobre su integración, las y los diputados, definieron que éste, deberá tener como integrantes a un representante de las y los estudiantes por cada nivel educativo, así como a dos representantes de la sociedad civil, que cuenten con conocimientos en la materia.

Con su voto a favor, la 76 Legislatura le dotó la facultad al Consejo para que pueda solicitar a las instituciones educativas informes sobre el estado que guardan las denuncias o relaciones de hechos en que se han visto involucradas, con el fin de integrar un registro que dé cuenta del estado que guardan los casos suscitados en el Estado.

También se le facultó al Consejo Preventivo de la Violencia Escolar para que pueda sesionar cada 2 meses, dándole mayor agilidad de operación en su vida interna; así mismo, para que se coordine con la Fiscalía General del Estado u otras instituciones para realizar capacitación a las instituciones educativas, respecto a las procedimientos de la presentación de denuncias derivadas de delitos que se pueden suscitar en el ámbito escolar.

En el Dictamen también se definió que cuando se presenten casos de violencia escolar, las autoridades procurarán conciliar a los involucrados, con excepción de aquellos delitos que no contemple esa figura conciliatoria; y cuando un trabajador de la educación en el estado, produzca violencia hacia niñas, niños o adolescentes, las autoridades escolares se encargarán de turnar el expediente de hechos al órgano interno de control y deberá dar vista al Consejo; en el caso de instituciones privadas, las autoridades educativas actuarán de acuerdo al contrato individual de trabajo, y emitirá las recomendaciones pertinentes para que madre, padre o tutor acudan ante las instancias legales competentes.