Legislativo

La diputada Fabiola Alanís presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para que el delito de abuso sexual se persiga de oficio, se fortalezca su tipificación y se garantice de manera expresa la reparación integral del daño a las víctimas.

Expuso que en Michoacán cada 14 horas se abre una carpeta de investigación por abuso sexual, cada semana se registran en promedio 12 casos y al año se acumulan más de 600 denuncias por este delito que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

“La violencia sexual no puede seguir dependiendo del valor individual de una víctima para denunciar. Es el Estado quien debe actuar con firmeza. La impunidad no puede ser la regla”, declaró.

La legisladora explicó que, antes de 2020, el promedio anual de denuncias oscilaba entre 200 y 400 casos; sin embargo, después de la pandemia la cifra supera los 600 casos por año. Además, recordó que el abuso sexual presenta altos niveles de cifra negra: en Michoacán ronda el 90 por ciento, es decir, por cada delito denunciado existen al menos nueve que no llegan a las autoridades.

“El miedo, la desconfianza institucional y la revictimización silencian a las víctimas. Por eso proponemos que el abuso sexual se persiga de oficio: para romper el círculo de impunidad.”

Fabiola Alanís subrayó que, de acuerdo con mediciones del INEGI, la violencia sexual es el único tipo de violencia contra las mujeres que creció entre 2016 y 2021 en el estado. Hace una década, 36 de cada 100 mujeres habían sufrido al menos un evento de violencia sexual; para 2021, la cifra aumentó a 40 de cada 100.

“Estamos frente a una crisis estructural. No es un problema aislado ni individual: es una violación grave a la dignidad, a la integridad y a la libertad de las mujeres.”

La diputada recordó que en 2024 esta Legislatura avanzó al reconocer el abuso sexual contra personas menores de edad como delito autónomo y al endurecer las penas; sin embargo, señaló que aún es necesario armonizar el marco legal con los estándares constitucionales y la normatividad internacional de máxima protección de derechos humanos.

La iniciativa plantea que el delito de abuso sexual se persiga de oficio; el reconocimiento expreso de la reparación integral del daño y garantías de no repetición; una tipificación amplia de los actos de naturaleza sexual; y la incorporación explícita del reconocimiento de la negativa de consentimiento, para evitar ambigüedades que favorezcan a agresores.

“No podemos permitir vacíos legales que protejan a quienes violentan. La ley debe estar del lado de las víctimas, no de los agresores.”

Fabiola Alanís enfatizó que la erradicación de la violencia sexual es condición indispensable para la participación plena y en igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.

“Sin seguridad y sin justicia no hay igualdad sustantiva. Y sin igualdad no hay democracia plena.”

Finalmente, reiteró que esta reforma responde a una exigencia histórica del movimiento feminista y a la obligación reforzada del Estado de garantizar a mujeres y niñas una vida libre de violencias.

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, informó que se vio en la necesidad de cancelar la capacitación denominada “Sensibilización y adopción de políticas públicas para garantizar la prevención y erradicación del acoso y hostigamiento sexual”, luego de que la actividad se desviara del objetivo para el cual fue convocada.

El legislador explicó que la actividad, desarrollada en el Salón de Recepciones del Poder Legislativo, dejó de centrarse en la prevención y erradicación del hostigamiento y acoso sexual, para convertirse en una ponencia en la que se pretendía imponer enfoques ideológicos ajenos al tema original.

“Si convocamos al personal del Congreso para abordar un tema serio y delicado como lo es la prevención del acoso y el hostigamiento sexual, debemos ser responsables y respetar el objetivo de esa convocatoria. No podemos permitir que bajo el argumento de una capacitación se intenten imponer ideologías que no corresponden al propósito institucional”, afirmó.

Baltazar Gaona subrayó que el Congreso del Estado es un espacio plural, donde convergen distintas ideas y posturas; sin embargo, esa pluralidad no debe confundirse con la utilización de espacios oficiales para promover visiones particulares alejadas de los fines institucionales.

“Debemos respetar al personal del Legislativo Estatal. Su tiempo y su disposición son valiosos. Si se les convoca para un tema específico, se debe honrar esa convocatoria y mantener el enfoque profesional y técnico que corresponde”, puntualizó.

Finalmente, el Presidente de la Mesa Directiva adelantó que a partir de ahora la Presidencia será especialmente cuidadosa y rigurosa con los contenidos que se pretendan impartir de manera institucional y a nombre del Congreso del Estado.

Nuestras niñas, niños y adolescentes merecen tener una vida plena, con cuidados integrales que abarquen cada aspecto de su desarrollo: el físico, el mental y el emocional, expresó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al advertir que la salud mental infantil en México enfrenta una crisis silenciosa que cobra vidas.

Detalló que a nivel nacional, en 2023, 727 niñas, niños y adolescentes de entre 10 a 17 años perdieron la vida por suicidio, aproximadamente dos muertes al día.

Ante esta grave situación, durante sesión del Congreso del Estado, la legisladora panista presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de reconocer en las leyes el derecho a una salud mental sana, además de definir las obligaciones que tienen las autoridades gubernamentales en materia de promoción, prevención, detección temprana y atención, así como la incorporación de los riesgos digitales.

“Cada cifra representa una historia, una familia fracturada, una comunidad herida. En México, el 86.4 por ciento los adolescentes de 12 a 17 años utilizan redes sociales, y el 25.7 por ciento ha sido víctima de ciberacoso, lo que representa a 3.3 millones de jóvenes. Quienes viven ciberbullying tienen más del doble de probabilidad de presentar síntomas de depresión, y hasta el 93 por ciento reporta efectos como tristeza, impotencia o baja autoestima”.

Herrera Maldonado indicó que esta reforma permitirá garantizar atención oportuna en salud emocional, como una medida preventiva frente a trastornos mentales que, cuando no se atienden a tiempo, pueden escalar y derivar en conductas de riesgo.

“Reconocer la salud mental desde la infancia es apostar por la paz. La violencia no se previene solo con sanciones; se previene con niñas y niños escuchados, acompañados y emocionalmente cuidados. Lo que hoy hagamos por su bienestar mental se reflejará mañana en escuelas más seguras, comunidades más empáticas y en una sociedad más cohesionada”.

Finalmente, hizo un llamado al trabajo responsable y comprometido por la infancia y juventud, al destacar que cuando no se detectan ni atienden a tiempo la ansiedad, la depresión o los trastornos conductuales, estos pueden agravarse y traducirse en conductas de riesgo que impactan no solo a la persona, sino a su familia y comunidad.

Se llevó a cabo la apertura de las mesas de trabajo en torno a la reforma electoral, en un ejercicio de diálogo y análisis conjunto entre la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Michoacán, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y el Instituto Electoral de Michoacán, con el objetivo de fortalecer y modernizar el sistema democrático en la entidad.

En el encuentro participó el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, quien reconoció el papel fundamental que desempeñan las autoridades electorales en la organización, capacitación y ejecución de los procesos comiciales, así como en la impartición de justicia electoral.

Durante su intervención, el legislador subrayó que quienes integran los órganos electorales conocen de primera mano las deficiencias, áreas de oportunidad y aspectos que deben actualizarse para mejorar el sistema. En ese sentido, manifestó su coincidencia con diversos planteamientos expuestos en la mesa técnica, aunque señaló que algunos temas deberán revisarse con mayor profundidad.

Ocampo celebró que en la propuesta de reforma electoral a nivel nacional no se contemple la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), al considerar que su eliminación representaría un retroceso de décadas en la construcción democrática del país. “Debemos pensar en la progresividad de nuestro sistema electoral y no en su centralización”, expresó.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma de fondo en el sistema de representación proporcional, con el objetivo de fortalecer la presencia de minorías en el Poder Legislativo. Propuso analizar un modelo mixto que permita que candidatos con alta votación, aun sin ganar su distrito, puedan acceder a una curul bajo criterios de representación proporcional, garantizando así mayor justicia electoral.

El diputado también hizo énfasis en los retos que implican el uso de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y las redes sociales en los procesos electorales, particularmente en materia de regulación frente a casos de violencia política, incluida la violencia política por razón de género.

De igual forma, alertó sobre la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, tema que calificó como prioritario. Señaló que es indispensable dotar de herramientas legales y jurídicas a las autoridades electorales para blindar y proteger las elecciones, asegurando que el voto ciudadano sea libre y efectivo.

En ese contexto, recordó que recientemente presentó una iniciativa relacionada con la implementación de la urna electrónica y el voto electrónico, como parte de una estrategia para modernizar y fortalecer la seguridad del proceso electoral.

Finalmente, el legislador llamó a aprovechar el momento y la voluntad política existente en la Comisión de Asuntos Electorales para impulsar una reforma integral que responda a los desafíos actuales, incluyendo las experiencias recientes en la elección del Poder Judicial, las cuales calificó como complejas y perfectibles.

Con el objetivo de fortalecer el principio de equidad en los procesos electorales y cerrar vacíos legales en el entorno digital, la diputada local Eréndira Isauro Hernández, integrante de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma al artículo 158 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.

La propuesta plantea prohibir expresamente que aspirantes y precandidatos realicen actos de proselitismo o difusión de propaganda —incluyendo plataformas y medios digitales— antes del inicio formal de las precampañas. La violación a esta disposición podrá sancionarse con la negativa de registro como precandidato.

La legisladora señaló que la evolución tecnológica ha generado nuevas “zonas grises” que permiten a algunos actores políticos posicionarse anticipadamente a través de redes sociales, contenidos segmentados y publicidad digital, lo que rompe el “piso parejo” en la competencia electoral.

“La equidad es la columna vertebral de nuestra democracia. No podemos permitir que el entorno digital se convierta en un territorio sin regulación que otorgue ventajas indebidas”, puntualizó.

Asimismo, la iniciativa contempla medidas para elevar el nivel del debate político y combatir la llamada “guerra sucia”, particularmente en medios digitales. Se establece que aspirantes, precandidatos, candidatos, partidos políticos y coaliciones deberán abstenerse de expresiones que impliquen calumnia, denigración o actos que constituyan violencia política por razón de género.

En ese sentido, la propuesta armoniza el Código Electoral con estándares internacionales como la Convención de Belém do Pará, reforzando la prohibición de cualquier acto u omisión, incluso en plataformas digitales, que vulnere la honra, dignidad o derechos fundamentales de las personas.

La diputada Eréndira Isauro destacó que Michoacán tiene una deuda histórica con las mujeres en la política y que la violencia política ha evolucionado hacia formas más sutiles pero igualmente dañinas, muchas de ellas reproducidas en entornos digitales.

De aprobarse el decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Además, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán deberá realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias para el monitoreo y fiscalización de la propaganda digital en un plazo no mayor a 90 días naturales.

Con esta iniciativa, se busca garantizar campañas más justas, equitativas y libres de violencia, fortaleciendo la confianza ciudadana en los procesos democráticos del estado.

En el marco del Mes de la Mujer, la diputada Nalleli Pedraza Huerta, refrendó su compromiso de continuar impulsando iniciativas legislativas orientadas a garantizar la igualdad sustantiva, combatir la violencia de género y fortalecer los derechos de las mujeres en Michoacán.

La legisladora destacó que la conmemoración de marzo no solo representa una fecha simbólica, sino un llamado permanente a transformar las estructuras que históricamente han limitado el desarrollo pleno de las mujeres en los ámbitos político, social, económico y laboral.

“Las mujeres seguimos abriendo camino en la vida pública y profesional. Cada espacio conquistado es resultado de luchas colectivas, de la sororidad y de la convicción de que la igualdad no puede esperar”, aseveró.

Pedraza Huerta recordó que desde el Congreso del Estado ha promovido acciones para cerrar brechas de desigualdad, fortalecer mecanismos de prevención y atención de la violencia de género, y consolidar políticas públicas que permitan a niñas y mujeres vivir con libertad y seguridad.

Asimismo, reconoció el respaldo que desde la Presidencia de México se ha brindado a las mujeres, impulsando programas y políticas orientadas a su bienestar, autonomía económica y participación plena en la toma de decisiones.

La morenista enfatizó que la construcción de una sociedad más justa requiere unidad y sororidad, así como el compromiso institucional de traducir el discurso en acciones concretas.

Finalmente, Nalleli Pedraza reiteró que continuará trabajando para que la igualdad sustantiva sea una realidad tangible en Michoacán, consolidando un entorno donde las mujeres puedan desarrollarse sin violencia, con oportunidades y con pleno reconocimiento de sus derechos.

La muerte neonatal, ocurre durante los primeros 28 días de vida, “puede prevenirse si se cuenta con equipo adecuado y médicos especialistas durante el parto de la madre”, afirmó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una reforma a la Ley de Salud de Michoacán.

Desde tribuna del Congreso del Estado, la legisladora indicó que de acuerdo con UNICEF, cada año mueren alrededor de 2.9 millones de bebés en sus primeros 28 días de vida; a esta cifra se suman 2.6 millones de bebés que mueren al nacer, de las cuales 1.2 millones ocurren durante el trabajo de parto, cuando el corazón del bebé se detiene.

Ante esta situación, Herrera Maldonado subrayó la urgencia de garantizar que todas las instituciones de salud cuenten con Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales debidamente equipadas.

“La muerte neonatal debe ser una prioridad de salud pública en Michoacán. No solo porque afecta a los recién nacidos, sino porque impacta directamente en la salud de las mujeres, en la estabilidad emocional de las familias y en el futuro de nuestra sociedad”.

Esta iniciativa propone establecer condiciones reales y obligatorias para la atención médica especializada de los neonatos, al regular que instituciones públicas y privadas que realicen procedimientos obstétricos quirúrgicos cuenten con unidades de cuidados intensivos neonatales y personal capacitado en neonatología. En los casos en que esto no sea posible, se deberán realizar traslados inmediatos y seguros a hospitales especializados, entendiendo que el tiempo es vida.

Asimismo, la propuesta plantea garantizar la presencia permanente de personal especializado en reanimación neonatal durante las atenciones obstétricas y quirúrgicas.

Tere Herrera recalcó que las principales causas de muerte neonatal son el parto prematuro, las complicaciones durante el nacimiento como la asfixia perinatal, las infecciones neonatales y las anomalías congénitas, mismas que pueden prevenirse si existen servicios de salud preparados, equipados y con personal especializado.

Lo que era un gran proyecto con visión priista, el Tren Interurbano, anunciado por el presidente Peña Nieto en su Plan Nacional de Desarrollo 2012, y culminado en su tramo del Estado de México, se convirtió en un claro ejemplo de opacidad por parte de Morena, al inflar el costo y hacer modificaciones a los estudios previamente aprobados, además del retraso en el tramo de la capital mexicana, advirtió el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia.

Aseguró que, a diferencia del Tren Maya, el Tren Interurbano estaba debidamente planificado para resolver la saturación crítica y productividad en beneficio de 230 mil pasajeros al día de la Ciudad de México y del Estado de México, con licitaciones internacionales, a diferencia del proyecto morenista, donde la planeación se hizo sobre la marcha, con asignaciones directas a la participación militar para acelerar los tiempos políticos.

“Recordarán que esa obra del Tren Interurbano se culminó en su totalidad en los tramos que competen al Estado de México. Sin embargo, por amparos, manifestaciones y retrasos en la construcción, faltas de licencia, fue un boicot programado, no se culminó en la etapa que le correspondía a la Ciudad de México. Es decir, desde los gobiernos emanados de los cuatroteros boicotearon que se pudiera culminar esa obra”, dijo.

Memo Valencia insistió en la opacidad oficialista, ya que el proyecto del Tren Interurbano del PRI, debía costar 38 mil millones de pesos, y el de los morenistas facturó más de 194 mil millones de pesos; además de desviarse los recursos al fallido Tren Maya al llegar al poder.

“Costó cinco veces más. Dónde quedaron los más de 100 mil millones de pesos de cobre costo, exigimos una auditoría independiente”, mencionó.

El líder priista finalmente, exigió “una certificación internacional de ese tren, porque no queremos que pase lo mismo con el Tren Interoceánico. Ya vimos que no sirven para construir trenes”, mencionó.

Acompañaron, la secretaria general del PRI, Yadira Guerrero Huerta; Edna Martínez Nambo, secretaria técnica del Consejo Político Estatal; de los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; así como Alejandro Bribiesca, representante del PRI ante el IEM.

La diputada Sandra Arreola, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, señaló que es necesaria y oportuna la iniciativa de reforma constitucional en materia de deuda pública presentada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, al tratarse de una medida que fortalece la disciplina financiera y protege el futuro del estado.

La legisladora explicó que la propuesta, conocida como reforma “Antideuda”, plantea establecer en la Constitución local límites claros al endeudamiento público de largo plazo, con el objetivo de impedir que se contraigan obligaciones financieras que rebasen el periodo constitucional de la administración que las autoriza, tanto en el ámbito estatal como municipal.

“Esta iniciativa es necesaria porque evita que se sigan heredando deudas que condicionan el presupuesto de las siguientes administraciones y que terminan afectando la inversión en áreas prioritarias como salud, educación, seguridad e infraestructura”, subrayó Sandy Arreola.

Detalló que la reforma promueve una visión de responsabilidad, transparencia y justicia intergeneracional, al establecer que la deuda pública debe ser una herramienta excepcional y no una práctica recurrente que hipoteque el desarrollo de Michoacán y el bienestar de las futuras generaciones.

La coordinadora del PVEM destacó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal ya fue analizada en comisiones, lo que abre la puerta a un debate serio y responsable en el Congreso del Estado, con la participación de todas las fuerzas políticas.

La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, informó que, en su calidad de integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán (ASM), se recibió formalmente el Informe General Ejecutivo derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y de las Cuentas Públicas Municipales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.

Explicó que este informe constituye uno de los instrumentos centrales del sistema de fiscalización en la entidad, ya que concentra los resultados globales de las auditorías practicadas a los entes públicos estatales y municipales, con base en los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto público.

Detalló que el Informe General Ejecutivo integra observaciones, recomendaciones y acciones derivadas de la revisión del manejo de los recursos públicos, así como posibles responsabilidades administrativas que, en su caso, deberán ser atendidas por las autoridades fiscalizadas conforme a los plazos y procedimientos que marca la ley.

Eréndira Isauro Hernández señaló que, a partir de la recepción del informe, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado iniciará el análisis técnico del documento, con el objetivo de dar seguimiento a los resultados de la fiscalización, verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

Indicó que este proceso forma parte de las atribuciones constitucionales del Congreso del Estado, en su función de control y supervisión del ejercicio de los recursos públicos, tanto en el ámbito estatal como municipal, y contribuye a garantizar que los fondos públicos sean utilizados en beneficio de la población.

La diputada subrayó que el trabajo legislativo en materia de fiscalización busca no solo detectar irregularidades, sino también mejorar los procesos administrativos, prevenir prácticas indebidas y fortalecer la gestión pública mediante recomendaciones técnicas y correctivas.

Finalmente, Eréndira Isauro Hernández refrendó su compromiso de continuar desempeñando su labor legislativa con responsabilidad, apego a la ley y cercanía con la ciudadanía, impulsando acciones que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto uso de los recursos públicos en Michoacán.