Legislativo

Con la intención de frenar la usurpación de espacios para mujeres en los procesos electorales, la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez presentó una iniciativa de reforma al Código Electoral.

La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que de acuerdo con el registro de autoridades electorales, podría haber ocho presidencias municipales en Michoacán que actualmente están ocupadas por hombres que se registraron como mujeres.

“Los partidos políticos indebidamente autoadscriben a diversos candidatos hombres como mujeres, con el único propósito de que la autoridad administrativa correspondiente, determine colmada la paridad de género”, denunció la diputada de La Piedad.

Durante su argumentación, Vanessa Caratachea se remontó al año 1953, cuando se conquistó el voto femenino, pasando por la reforma de 1993, para crear las cuotas de género, que se fueron afinando en 1996 y 2002, pues persistían casos de simulación, como el de las “juanitas” y las candidaturas en distritos perdedores, hasta 2014, en que se determinó la paridad vertical y horizontal.

“La paridad no es una concesión, es un derecho y un pilar de nuestra democracia”, sostuvo.

La propuesta de la diputada es reformar el artículo 189 del Código Electoral del estado para que las personas del género masculino sean computadas como de este género en el registro, independientemente de su autoadscripción.

Con el objetivo de garantizar una educación libre de exclusión y violencia, el diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar, que busca reconocer la discriminación escolar como una forma específica de agresión, así como establecer mecanismos de prevención, atención y sanción en los centros educativos de Michoacán.

La propuesta adiciona diversas fracciones a los artículos 2°, 4°, 8° y 38 de la ley vigente, con el propósito de incorporar protocolos específicos para atender casos de discriminación, reforzar el papel del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar y promover campañas educativas permanentes sobre igualdad, diversidad y derechos humanos.

“La escuela debe ser un espacio donde todas las niñas, niños y adolescentes aprendan y se desarrollen sin miedo, sin burlas, sin exclusión. No podemos permitir que la discriminación siga normalizándose como parte de la vida escolar”, señaló Ocampo durante la presentación de la iniciativa.

Destacó que de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2018, Michoacán se ubicó como el cuarto estado con mayor discriminación hacia la niñez y adolescencia, con un 36.7 % de menores que afirmaron haberse sentido discriminados. Entre ellos, el 40.9 % pertenecían a comunidades indígenas y casi la mitad tenía alguna discapacidad.

Asimismo, datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (Seimujer) muestran que en 2021, tres de cada diez estudiantes michoacanas reportaron haber sufrido violencia en el entorno escolar, mientras que el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación documentó en 2025 varios casos por apariencia física o identidad de género, como el de una alumna de Pátzcuaro excluida por su expresión de género.

Estas cifras, sumadas al incremento de la percepción de discriminación en la población adulta (que pasó del 16.5 % en 2017 al 21.8 % en 2022 según la ENADIS), revelan la necesidad de fortalecer la legislación estatal para proteger la dignidad y diversidad en las aulas.

Con esta reforma, se pretende que los planteles educativos implementen programas de sensibilización, protocolos de denuncia y sanciones claras frente a cualquier forma de discriminación por género, discapacidad, etnia, religión, orientación sexual o apariencia física.

“Educar en igualdad no es una opción política, es una obligación moral y legal. Si no garantizamos espacios inclusivos desde la escuela, seguiremos reproduciendo desigualdades en toda la sociedad”, expresó el legislador perredista.

De aprobarse, esta iniciativa colocaría a Michoacán a la vanguardia nacional en materia de prevención de la violencia y discriminación escolar, alineando su marco jurídico con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es una realidad dolorosa que se debe combatir, al ser una de las violaciones mas graves y dolorosas a los derechos de las infancias, estableció el diputado Antonio Carreño Sosa.

Ante ello, el legislador por Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal, en materia de reclutamiento forzado, en la modalidad de corrupción de menores.

En tribuna, Antonio Carreño reprobó que a las infancias se les arrebata la posibilidad de crecer, estudiar, jugar y tener un proyecto de vida. Les quita lo más valioso: su futuro.

Si bien, reconoció, el problema no es nuevo, en los últimos años se ha agudizado. Organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México y UNICEF han señalado que miles de menores han sido reclutados en el país.

Los cárteles aprovechan la pobreza, la falta de oportunidades y los entornos de violencia para engancharlos, ya sea mediante engaños, presiones o amenazas. Y en estados como Michoacán, esta realidad se vive con mayor intensidad en regiones donde la presencia criminal ha fragmentado la vida comunitaria, indicó.

“Quiero decirlo de manera simple y contundente: ningún menor se incorpora por voluntad propia a un grupo delictivo. No existe en ellos un consentimiento válido. Son víctimas, no delincuentes. Y el Estado tiene la obligación de protegerlos siempre”.

Por lo anterior, Toño Carreño dejó en claro que esta iniciativa se construye sobre una idea central: reconocer el reclutamiento forzado como una forma agravada de corrupción de menores.

Al existir otras propuestas en la materia, dijo, es fundamental darle celeridad a los dictámenes para las reformas correspondientes y que quienes reclutan o permiten que se haga, reciban las sanciones correspondientes y más importante, coadyuvar a erradicar esta lamentable práctica.

La iniciativa propone reformar los artículos 156 y 157 del Código Penal del Estado, para establecer con claridad que toda persona que reclute, adiestre, utilice o involucre a menores en actividades ilícitas comete una forma extrema de corrupción de menores y debe ser sancionada con mayor severidad. Además plantea la creación del artículo 156 Bis, que sanciona a quienes facilitan el reclutamiento de manera indirecta, como el traslado, resguardo, logística o entrega del menor.

Finalmente, Toño Carreño calificó de esencial esta reforma porque muchas veces la cadena delictiva no comienza con el reclutador directo, sino con intermediarios que hasta hoy quedaban fuera de la ley. “Esta iniciativa no solo atiende un problema de seguridad, sino un problema humano. Es un paso firme para proteger a quienes más lo necesitan”.

Las y los legisladores michoacanos concretaron reformas a la Ley de Educación del Estado de Michoacán con la finalidad establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con el impulso de programas y acciones que promuevan el cuidado socioemocional, así como la salud mental.

En Sesión Ordinaria el Pleno del Poder Legislativo determinó que, en conjunto con las autoridades de salud en la entidad, se deben impulsar programas y acciones, con la finalidad de dar a conocer a las alumnas y alumnos las particularidades que traen consigo los padecimientos socioemocionales y mentales.

Las Comisiones de Educación, de Protección a la Niñez y Adolescencia, y de Salud y Asistencia Social, al dictaminar las iniciativas presentadas por Giulianna Bugarini Torres, Sandra María Arreola Ruíz, Vicente Gómez Núñez, J. Reyes Galindo Pedraza, coincidieron en que la salud mental de los educandos es fundamental para que tenga un óptimo desarrollo dentro y fuera de las aulas de las escuelas del Estado de Michoacán.

“Estamos convencidos que, para la prestación de los servicios educativos, desde el Gobierno del Estado, se impulsará el desarrollo humano integral a fin de fortalecer la atención de la salud mental mediante el desarrollo de herramientas que proporcionen habilidades socioemocionales, como medida preventiva de problemáticas sociales”, precisa el Dictamen.

Con su voto a favor, las y los legisladores establecieron en el artículo 29, que se deberán impulsar, en concurrencia con la autoridad educativa federal y en coordinación con las autoridades de Salud del Estado, los programas y acciones para la promoción del cuidado socioemocional y la salud mental.

En el Artículo 33 se mandata que deberá fortalecerse la atención de la salud mental mediante el desarrollo de herramientas que proporcionen habilidades socioemocionales, como medida preventiva de problemáticas sociales.

Finalmente, a través del Artículo 69 Sexies se determina el impulso de los procesos de información para que el profesorado conozca los programas en educación socioemocional y fomento de la salud mental en los centros educativos, en coordinación con las autoridades de salud.

Con el objetivo de que redistribuir el sistema de cuidados y que dicha acción no recaiga solo en las mujeres sino en todos los integrantes de la familia, la diputada local Brissa Arroyo, propuso reformar el Código Familiar para el Estado de Michoacán.

Durante su exposición de motivos, la Congresista explicó que mujeres dedican el doble de su tiempo a las labores del hogar o a los cuidados de algún integrante de la familia, sin ser ésta una actividad reconocida o remunerada.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, exhortó a avanzar hacia un marco legal que reconozca el valor del cuidado, redistribuya su carga y corrija una deuda histórica con las mujeres, y que permita además que quien recibe la atención tenga acceso a una mejor atención y de más calidad.

Compartió que durante 2024, las mujeres en comparación con los hombres, dedicaron el doble de su tiempo total de trabajo a actividades no remuneradas, de acuerdo con la encuesta nacional sobre el uso del tiempo 2024 del INEGI.

El trabajo no remunerado es aquel que se refiere a los cuidados de integrantes del hogar, trabajo doméstico, voluntario y comunitario. Estos datos muestran la disparidad que hay en el tema del trabajo no remunerado, se evidencia pues la brecha en los roles que se les han asignado a hombres y a mujeres.

Argumentó que esta actividad debería estar garantizada como un acto de corresponsabilidad social, en el que mujeres, hombres, integrantes de cada familia que estén en condiciones de hacerlo, así como el Estado, participen. La responsabilidad de brindar un cuidado, no debería de recaer solo en una persona.

“Hoy hago un llamado a visibilizar esta realidad. Que cuidar a nuestros seres queridos no se convierta en una carga, que el entregar nuestro tiempo y energía, no signifique el cumplimiento de un rol que por estereotipos sociales deba desempeñar una sola persona; hoy más que nunca, se vuelve necesario garantizar los equilibrios para el desarrollo pleno de las mujeres tanto en el ámbito personal, como en lo profesional.

Se propone reformar los párrafos IV y V del artículo 2°; además, se adiciona un párrafo al artículo 152; ambos del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo; también, se adiciona la fracción VI al artículo 17 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo.
Se entendería con la reforma: que las personas integrantes de la familia tienen el deber de proporcionar cuidados, en la medida de sus posibilidades, a quienes se encuentren en situación de dependencia, tales como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como de preservar sus derechos, salvo disposición legal en contrario.

Con el firme compromiso de que la transparencia y la claridad prevalezcan en el uso de recursos públicos en las obras públicas, las y los diputados integrantes de la 76 Legislatura, aprobaron por unanimidad, una reforma al primer párrafo del artículo 12 Bis de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán.

Con esta reforma, se considera que en la administración de los recursos públicos debe prevalecer la transparencia y claridad de su ejecución máxime en obras tan importantes y trascendentes para el Estado así como hacer digerible la información para las ciudadanas y ciudadanos al momento de querer consultar dicha información con conceptos muy puntuales.

Esto toda vez que, “el Congreso del Estado, en el Presupuesto de Egresos, podrá autorizar presupuesto multianual para obra pública. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos y no podrán exceder los ejercicios fiscales que correspondan al ejercicio de gobierno de la administración que los contrate”.

En ese sentido, se estipuló que “ en caso de autorizar presupuesto multianual para obra pública, el Presupuesto de Egresos correspondiente, así como los subsecuentes, deberán contener la información relativa a las obras que se ejecutarán, incluyendo al menos: calendario de inversión, folio asignado por Secretaria de Finanzas y administración y tipo de obra, descripción de la misma, ubicación, avance, Unidad Programática Presupuestal, costo total, monto ejercido en cada año previo, monto asignado en el año de que se trate y monto comprometido en cada año posterior”.

Con esto, las y los legisladores locales coincidieron en que se contribuye al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas, y con ello se garantiza el derecho humano a la información establecida en el artículo 19 de la declaración Universal de los derechos Humanos.

En sesión del Congreso del Estado, la diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, junto con el coordinador de la Representación Parlamentaria, Marco Polo Aguirre Chávez, presentó una iniciativa de alto impacto para prohibir el uso, posesión, almacenamiento, distribución y transporte de vapeadores y dispositivos similares en todos los espacios públicos de Michoacán.

La propuesta que busca fortalecer las acciones de protección a la salud, especialmente de niñas, niños y adolescentes, propone crear el Artículo 14 Bis en la Ley de Control del Tabaco del Estado, estableciendo la prohibición del uso y transporte de vapeadores en todos los espacios públicos.

Asimismo, plantea reformar el Artículo 20 para facultar a la autoridad sanitaria estatal a asegurar, confiscar y destruir estos dispositivos cuando se encuentren en incumplimiento, fortaleciendo así las herramientas de vigilancia y control.

La legisladora explicó que el consumo de vapeadores ha aumentado de manera preocupante en la entidad y a nivel nacional, lo que exige una respuesta legislativa contundente. Recordó que la evidencia científica demuestra que estos dispositivos contienen sustancias tóxicas que pueden causar serios daños al sistema respiratorio. En tribuna señaló que “pueden provocar un daño irreversible en el desempeño ventilatorio y han sido fatales en múltiples casos reportados».

Isauro Hernández resaltó además las alertas emitidas recientemente por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), que ha detectado dispositivos con componentes no declarados y niveles altos de riesgo sanitario, lo cual subrayó vuelve imprescindible actualizar el marco normativo. Una de las preocupaciones centrales es el incremento del consumo entre adolescentes y jóvenes, quienes están expuestos a estos productos incluso en entornos escolares.

“Es necesario salvaguardar de manera más amplia la salud de nuestros niños, niñas y jóvenes”, sostuvo la diputada al presentar la iniciativa impulsada en conjunto con el coordinador Marco Polo Aguirre Chávez, destacando que la medida responde a un problema de salud creciente que debe atenderse con oportunidad.

El proyecto establece que su entrada en vigor será al día siguiente de su publicación oficial, además de instruir a la Secretaría de Salud a actualizar su normativa interna en un plazo máximo de 180 días para garantizar su adecuada implementación. La propuesta legislativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, discusión y eventual dictamen.

El diputado local, David Martínez Gowman presentó ante el pleno del Congreso del Estado, una iniciativa que contempla reformar el Código Penal para el Estado de Michoacán con la objetivo de establecer en la legislación, a la persona que presente denuncias o querellas haciendo falsas imputaciones, refiriéndose a aquellas en que su autor imputa un delito a persona determinada sabiendo que ésta es inocente o que el delito no se ha cometido.

De acuerdo a lo expuesto por el diputado local la persona afectada podrá solicitar la reparación del daño en cualquier momento conforme a la legislación penal y civil aplicable.

El legislador explicó que cuando se denuncia o se interpone una querella con la intención de dañar, causa daños a las personas que se ven afectadas, y la afectación que se vive repercute a nivel personal, social y legal; la mayoría de las personas que se ven afectadas por denuncias falsas sufren el señalamiento de la sociedad.

Por otra parte, David Martínez informó que también se reformó la Ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al Servicio de las Víctimas, en el tema de la carta de no antecedentes penales. La carta de no antecedentes penales es un documento en el cual se señala que no se tiene registros de haber sido condenado por un delito.

Ante ello, resulta necesario establecer en la ley de la Fiscalía, que la presentación de denuncias o querellas en forma oral, por escrito o a través de medios digitales o el acuerdo de vinculación a proceso, no constituyen un antecedente penal, hasta que exista condena ejecutoria e inatacable.

Con el firme propósito de que las y los jóvenes tengan un espacio efectivo y permanente en la toma de decisiones públicas, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Jóvenes del Estado.

La propuesta plantea que los Consejos Municipales de Jóvenes participen activamente en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo mediante la designación de al menos un representante con voz y voto consultivo dentro del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN).

Con ello, la diputada de la Fuerza Naranja explicó se garantiza que las políticas públicas locales consideren de manera real la perspectiva, necesidades y visión de las juventudes michoacanas.

Grecia Aguilar añadió que, pese a que la ley reconoce mecanismos de participación para la juventud, en la práctica estos espacios siguen siendo limitados o simbólicos, especialmente en los procesos de planeación municipal. “En cada rincón de Michoacán hay jóvenes talentosos, con ideas y compromiso social; sin embargo, sus opiniones no siempre se ven reflejadas en los planes y acciones de gobierno. Esta reforma busca corregir esa brecha”.

La diputada subrayó que los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos clave para definir programas, metas, presupuestos y prioridades de cada administración, por ello, es indispensable que la juventud forme parte del proceso desde su diseño y no únicamente en etapas posteriores. Temas como empleo, salud mental, prevención de adicciones, acceso a tecnología, deporte, emprendimiento y medio ambiente requieren la participación directa de quienes viven estos retos cotidianamente.

Asimismo, destacó que la iniciativa es congruente con el derecho a la participación ciudadana establecido en la Constitución Política del Estado y con los principios del Plan Estatal de Desarrollo, que promueve el fortalecimiento de la corresponsabilidad social y la participación juvenil informada.

Entre los beneficios que se generarían con esta reforma mencionó la identificación temprana de problemáticas que enfrentan las juventudes; el diseño de políticas públicas más eficaces y pertinentes y la disminución de la apatía política y el fortalecimiento de la participación cívica.

Además de la creación de redes juveniles comprometidas con el desarrollo municipal y estatal y sostuvo que lo anterior no es una carga administrativa, es una apuesta por la democracia y por un Michoacán donde la juventud sea protagonista de su propio futuro.

Finalmente, Grecia Aguilar sostuvo que la iniciativa se construye desde una convicción clara, la juventud no debe ser únicamente receptora de programas gubernamentales, sino un actor fundamental en su diseño y evaluación, por lo que plantea institucionalizar su participación dentro de la planeación municipal.

El Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por la diputada Giulianna Bugarini para que la educación en Michoacán cuide no solo el aprendizaje académico, sino también la salud emocional y la seguridad de niñas, niños y adolescentes, con un objetivo claro: prevenir el consumo de sustancias y las conductas de violencia desde la escuela.

Bugarini destacó que una gran parte de los problemas que enfrentan las y los jóvenes en la calle se originan o se detectan desde la etapa escolar. Por eso, esta reforma obliga al sistema educativo a actuar antes, a tiempo y dentro de la comunidad estudiantil.

“La prevención es la mejor manera de combatir las adicciones y la violencia. Si cuidamos cómo se sienten nuestras niñas y niños, estaremos cerrando la puerta a los riesgos que dañan sus vidas”, afirmó la legisladora.

Con esta reforma, las escuelas deberán contar con estrategias para prevenir el bullying, la discriminación, el maltrato y cualquier situación que ponga en riesgo la estabilidad emocional y el proyecto de vida de las y los estudiantes.

Además, se fortalecerán programas de acompañamiento y detección temprana, para evitar que las niñas, niños y jóvenes caigan en consumo de drogas o en redes delictivas.

“Atender las causas significa escuchar, acompañar y ofrecer entornos donde la infancia y juventud se sientan protegidas y con oportunidades. La educación debe ser un escudo contra todo lo que amenaza su bienestar”, concluyó Bugarini.