Legislativo

“El Congreso de Michoacán legislará con responsabilidad para garantizar la estabilidad financiera del estado, porque no podemos seguir hipotecando el futuro de las y los michoacanos con deudas de largo plazo”, afirmó el diputado del PRD, Octavio Ocampo, al referirse a los trabajos recientes de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se analizó y aprobó la iniciativa de reforma que busca frenar la contratación de deuda pública a largo plazo en la entidad.

Ocampo explicó que la propuesta, presentada en diciembre pasado y turnada a la Comisión de la que forma parte para su estudio, plantea incorporar en la Constitución del Estado mecanismos de control más estrictos en materia de endeudamiento, de modo que ninguna administración comprometa los recursos públicos más allá de su periodo.

“Esta reforma no solo fortalece la rendición de cuentas, sino que garantiza que el dinero de las y los michoacanos se destine a inversión social y no al pago de intereses”, enfatizó.

El legislador perredista subrayó que esta medida forma parte de una agenda de responsabilidad fiscal, orientada a construir un Michoacán con finanzas sólidas y sostenibles.

“En la comisión se aprobó la iniciativa de reforma para frenar las deudas a largo plazo en la entidad, asunto que habremos de votar en el próximo periodo legislativo. No más deuda de largo plazo en Michoacán, así contará el estado con finanzas sanas”, concluyó.

“Hoy dimos un paso importante para el cuidado de la economía de las familias de Michoacán: aprobamos dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa de reforma para frenar las deudas a largo plazo en la entidad, asunto que habremos de votar en el próximo periodo legislativo que está por comenzar”, señaló el diputado Reyes Galindo Pedraza.

El además coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, destacó que durante la reunión de las y los integrantes de esta comisión, se estudió y analizó esta propuesta hecha por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, que busca prohibir la contratación de nueva deuda pública a largo plazo.

“En el PT estamos para proteger y ayudar a nuestra gente, por ello vemos viable que se implemente esta ley para cuidar las finanzas futuras del estado y evitar comprometer los recursos de las próximas generaciones; así eliminaremos la posibilidad de que los siguientes gobiernos adquieran excedentes de deuda que no pueden pagar”, expresó el líder del PT.

Reyes Galindo, agregó que esta iniciativa que fue presentada ante el legislativo michoacano en diciembre pasado, busca además prohibir los abusos y que exista una estrategia para asegurar finanzas públicas más sanas y responsables en Michoacán, por lo que consideró como «un paso fundamental para evitar el endeudamiento histórico que ha limitado la inversión pública en el estado”.

Las y los integrantes de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, así como quienes laboran al servicio del Poder Legislativo en Michoacán, condenamos y lamentamos el asesinato de dos de nuestros colaboradores y su hija.

Víctor Manuel N. y Anayeli N., dos defensores y promotores de los derechos de la comunidad sorda en Michoacán, con su trabajo cotidiano ayudaban a garantizar el derecho al acceso a la información a las personas con discapacidad auditiva.

Por su entrega y profesionalismo no sólo colaboraban con el Congreso del Estado, sino también prestaban su servicio a distintas instituciones.

Desde el Congreso del Estado reiteramos nuestra solidaridad con sus familiares y amigos en estos momentos tan difíciles.

A su vez, quienes integramos la 76 Legislatura hacemos un llamado a la Fiscalía General del Estado, para que en el marco de sus atribuciones, con apego a los derechos humanos, esclarezcan lo más pronto posible este lamentable hecho a fin de que puedan no sólo determinar el móvil del crimen, sino dar con los responsables para que no haya impunidad.

La Diputada Local y Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Emma Rivera Camacho, presentó este día en tribuna una propuesta legislativa de alto impacto que refuerza la estrategia estatal y federal para combatir la extorsión y consolidar la construcción de paz en Michoacán.

Durante su intervención, la legisladora destacó los resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuyo avance ha sido confirmado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: 932 detenciones por delitos de alto impacto, 23 toneladas de droga aseguradas, 924 armas de fuego decomisadas y 17 laboratorios desmantelados, mediante un despliegue operativo de más de 12 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y autoridades federales.

Rivera Camacho subrayó que el propio secretario Omar García Harfuch ha sido claro al señalar que aún falta camino por recorrer, ya que se enfrentan retos acumulados por décadas de abandono, corrupción y uso del poder para intereses particulares. Sin embargo, afirmó que hoy existe una coordinación real y efectiva entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, materializada en acciones inteligentes, permanentes y articuladas.

La Diputada enfatizó la reducción de homicidios dolosos y los avances en la estrategia nacional contra la extorsión. De las 478 detenciones por este delito a nivel nacional, 180 se han realizado en Michoacán, lo que confirma el enfoque prioritario en la entidad.

En este contexto, presentó una iniciativa que reforma el Código Penal del Estado para armonizar el tipo penal de extorsión con la legislación federal recientemente aprobada, y que además modifica la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear una Unidad Especializada en Atención al Delito de Extorsión, con vinculación directa al centro federal de denuncias y fortalecimiento de la coordinación con fiscalías regionales y autoridades municipales.

Finalmente, Rivera Camacho sostuvo que esta propuesta legislativa representa una aportación concreta a la construcción de paz que demanda la ciudadanía, y reiteró que desde la bancada de Morena se refrenda el respaldo absoluto al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y a la estrategia nacional encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que hoy como nunca existe un compromiso auténtico, coordinado y permanente para atender de fondo los problemas de seguridad y fortalecer las condiciones de convivencia en el estado.

Con el objetivo de hacer del daño moral un derecho imprescriptible, la diputada local Brissa Arroyo Martínez planteó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1101 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, expuso que hay silencios que duran años porque el miedo, la vergüenza o la violencia sistemática impiden a las víctimas hablar, denunciar o pedir justicia.

«El daño moral ocasionado por la violencia sexual y la violencia de género es silencioso, profundo; y ese silencio causa impunidad y hace invisibles a las víctimas”, explicó.

La Congresista integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, dijo que quienes padecen estos tipos de violencias, continúan sus vidas arrastrando un profundo sufrimiento.

Brissa Arroyo expuso que como si fuese algo fácil de sobrellevar, la legislación actual impone dos años para que las víctimas reclamen lo sufrido.

Todos sabemos, -agregó-, que para que una víctima pueda reclamar la reparación del daño moral, primero debe lograrse una sentencia condenatoria contra quien la agredió. Ese proceso ya es, de por sí, largo y brutal para quien ha sufrido una violación, un abuso o cualquier forma de violencia contra su dignidad.

Aun así, “nuestra legislación les impone un límite de dos años para reclamar ese daño. Dos años para alguien que quizá tardó diez en poder hablar”, añadió.

En ese contexto, propuso a la asamblea que declaremos imprescriptible la acción civil para reclamar daño moral en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y también en los delitos cometidos contra mujeres víctimas de violencia de género.

Exhortó a las diputadas y los diputados no seguir sosteniendo un sistema que abandona a quienes más necesitan del Estado.

Argumentó que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no prescribe en sus vidas. Los traumas no tienen fecha de caducidad. Los recuerdos no se borran por decreto. Y la obligación del Estado de garantizar justicia, tampoco debería borrarse.

La legisladora local recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la acción para reclamar daños derivados de violencia sexual contra menores es imprescriptible.

El Artículo 1101 del Código Civil para el Estado de Michoacán señala que la acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente Capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño.

Con la iniciativa se propone que: Artículo 1101. Debe decir: La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente Capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño.

En Sesión Extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó 49 Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2026, por lo que, hasta ahora, se ha dado certeza jurídica a noventa y nueve ayuntamientos michoacanos, a fin de que tengan posibilidades de solventar las necesidades propias de sus municipios y de sus gobernados.

Al votar a favor de las propuestas presentadas por las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y, de Hacienda y Deuda Pública, se autorizaron incrementos del 3 al 6 por ciento en Cuotas y Tarifas, mientras que, por el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de 3 al 10 por ciento.

Los municipios de Huaniqueo y Pátzcuaro en sus iniciativas no solicitaron incrementos; mientras que, en Aguililla, Apatzingán, Venustiano Carranza, Tanhuato y Zináparo se ajustaron los incrementos por concepto de Agua Potable, debido a que solicitaron cifras superiores a la inflación, respecto de la contenidas en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal vigente.

Al respecto, en los dictámenes se precisó que se realizaron los ajustes que consideraron pertinentes con base a los criterios aprobados por dichas comisiones, en congruencia con las condiciones económicas actuales, sin repercusiones significativas en el bolsillo de los ciudadanos ni en la hacienda municipal.

El Pleno aprobó las leyes de ingresos de los municipios de Angangueo, Ario de Rosales, Buenavista, Charo, Cherán, Chilchota, Coahuayana, Coalcomán, Contepec, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huaniqueo y La Piedad.

También de Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos Castellanos, Morelos, Nuevo Parangaricutiro, Numarán, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, Santa Ana Maya, José Sixto Verduzco, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec y Tingüindín.

Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tepalcatepec, Tzitzio, Uruapan, Yurécuaro, Zacapu, Zinapécuaro, Zitácuaro y Tlalpujahua, ya cuentan con las cuotas, tarifas y los conceptos de ingresos que la Hacienda Pública Municipal tiene derecho a percibir.

Cabe resaltar que los integrantes de ambas comisiones recibieron dichas leyes por parte de cada uno de los municipios michoacanos, para su análisis y realizar las adecuaciones que consideraron necesarias para el buen manejo del recurso público.

Con 27 votos a favor, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó reformar la Ley de Desarrollo Social de Michoacán, para fortalecer y orientar las políticas públicas hacia la construcción de una sociedad meritocrática, donde las oportunidades no dependan del origen social.

En sesión ordinaria, se avaló la propuesta impulsada por el diputado Reyes Galindo y dictaminada por la Comisión de Bienestar Social, mediante la cual se incorpora como objetivo prioritario el impulso a la movilidad social ascendente, entendida como la posibilidad de que las personas mejoren sus condiciones de vida independientemente de su origen socioeconómico.

Es así, que ahora que la ley señala como objetivo impulsar acciones, programas y políticas que contribuyan en la movilidad social ascendente de la población; y se faculta a la Secretaría del Bienestar a promover programas y políticas que contribuyan en la movilidad social ascendente de la población.

Asimismo, se legisló que al Consejo Consultivo le corresponde estudiar, analizar y proponer acciones, programas y políticas con enfoque de movilidad social ascendente.

Con dichas reformas se fortalece el marco normativo estatal con un enfoque integral de desarrollo social, en concordancia con los compromisos internacionales en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concluyeron las y los parlamentarios.

Con el proposito de dotar de personalidad jurídica propia a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, manteniendo su adscripción al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado, pero otorgándole autonomía técnica y operativa, la 76 Legislatura aprobó reformar el artículo 75 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán.

Con esta reforma se fortalecerá institucionalmente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dotándola de personalidad jurídica y capacidad para actuar como sujeto de derechos y obligaciones, sin depender del DIF para la tramitación o ejecución de actos jurídicos, administrativos y judiciales en defensa de los menores.

Es importante señalar que “La propuesta se encuentra en armonía con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual reconoce la necesidad de contar con procuradurías autónomas y especializadas en materia de restitución de derechos, siguiendo los principios del interés superior de la niñez, la autonomía progresiva y la protección integral”.

Esta iniciativa responde a una demanda urgente de fortalecimiento institucional, ante el incremento de situaciones de violencia, maltrato y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes en Michoacán, entidad que requiere un sistema protector con capacidad de respuesta oportuna y directa.

Con esta refroma también se garantiza la autonomía funcional y técnica, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual le permite celebrar convenios interinstitucionales, gestionar recursos propios y representar directamente a las niñas, niños y adolescentes ante autoridades judiciales y administrativas, lo que se traduce en una protección más efectiva de sus derechos.

A fin de agilizar la localización de mascotas perdidas, mejorar la coordinación con la ciudadanía y fortalecer las acciones de protección y bienestar animal, la 76 Legislatura reformó la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado.

Lo anterior, luego de aprobar el dictamen realizado por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, mediante el cual se reforma el artículo 19 de dicha ley para obligar a los Centros de Atención Animal a emitir y difundir una cédula de búsqueda al recibir el reporte de una mascota desaparecida, mismo que podrá presentarse mediante los medios digitales y líneas telefónicas oficiales del mismo.

Cabe destacar, que dicha cédula deberá incluir la fotografía, nombre del animal no humano, zona y fecha de extravío, así como los datos de contacto, y será publicada en los medios digitales oficiales del propio Centro.

Dicho procedimiento institucional básico es indispensable para facilitar la búsqueda y localización de animales de compañía desaparecidos, mediante herramientas sencillas, accesibles y estandarizadas que puedan activarse desde el momento en que se recibe el reporte correspondiente.

En ese sentido, las y los legisladores resaltaron que es una obligación mínima que los Centros de Atención Animal apoyen la difusión de reportes de mascotas extraviadas, medidas que contribuirán a la protección de los animales y dejar de revictimizar a las familias que, con recursos limitados, deben enfrentar solas el proceso de búsqueda.