Legislativo

“La violencia obstétrica lamentablemente ha sido normalizada e invisibilizada en el sistema de salud, por ello, debe ser erradicada en su totalidad”, advirtió el diputado Toño Carreño Sosa.

En ese sentido, el legislador de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa de reforma a la ley de salud, al considerar la violencia obstétrica como una forma de violencia en contra de las mujeres.

Las cifras son claras y dolorosas, sentenció en tribuna; en Michoacán, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI, el 32 por ciento de las mujeres, reportaron haber sido víctimas de violencia obstétrica, es decir, casi una de cada tres mujeres ha enfrentado maltrato o humillaciones.

Incluso, agregó Toño Carreño, procedimientos sin consentimiento o negación de atención médica durante el embarazo, el parto o el puerperio. «Y lo peor estas cifras superan el promedio nacional”, dijo.

Esta realidad, dijo, no es un hecho aislado, es parte de un sistema institucional que ha permitido prácticas deshumanizantes dentro de los servicios de salud, particularmente contra las mujeres, en su etapa más vulnerable: cuando están por dar vida.

Lo anterior, agregó el diputado de la bancada naranja, se agrava en zonas rurales o indígenas, así que se debe erradicar; “no podemos seguir tolerando que se les grite, que se les niegue información, que se les someta a cesáreas innecesarias o se les practiquen intervenciones sin su consentimiento”.

De esta manera, dijo, la iniciativa presentada tiene dos objetivos fundamentales; reconocer de forma expresa la violencia obstétrica como una modalidad específica de violencia de género dentro de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.

Además, reformar la Ley de Salud para que se garantice un protocolo de atención con enfoque de parto humanizado, basado en los derechos humanos, la autonomía, el consentimiento informado y el trato digno.

Lo anterior, finalizó, a través del diseño de políticas públicas específicas, que supervise los centros de reproducción asistida, que emita reglamentaciones con perspectiva de género y que promueva investigaciones sobre las causas y consecuencias de esta violencia.

En un esfuerzo por fortalecer el marco jurídico del estado y enfrentar con mayor eficacia a los grupos delictivos, el diputado Baltazar Gaona García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), presentó ante el Pleno del Congreso de Michoacán iniciativa para tipificar el delito de halconeo dentro del Código Penal del Estado.

Este tipo de actividades, explicó el legislador, han evolucionado junto con las organizaciones criminales, constituyendo una amenaza directa a las tareas de las instituciones de seguridad pública.

Gaona García detalló que el halconeo, entendido como el acto de vigilar, acechar o transmitir información sobre las operaciones de seguridad para alertar a grupos criminales, debe ser castigado con penas que van de 3 a 7 años de prisión, además de sanciones económicas y la reparación de los daños ocasionados.

Asimismo, la iniciativa plantea agravantes para quienes empleen a menores de edad, personas vulnerables o medios tecnológicos para cometer el delito, así como en los casos donde se ponga en riesgo o se pierda la vida de elementos de seguridad pública.

El diputado del PT resaltó que las prácticas delictivas deben combatirse no solo con operativos, sino también con instrumentos legales modernos y firmes, que permitan cerrar el paso a quienes facilitan o encubren la acción de los delincuentes desde la sombra, a menudo sin ser sancionados.

“Estamos frente a una práctica silenciosa pero letal que debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo a la ciudadanía y a nuestros cuerpos de seguridad. No podemos seguir permitiendo que el halconeo quede impune”, concluyó Gaona García.

Con la finalidad de reconocer expresamente la coadyuvancia del Estado en la vacunación universal de niñas, niños y adolescentes, con un enfoque de derechos humanos, interés superior de la niñez y progresividad en el cumplimiento de los esquemas nacionales de inmunización, el Congreso del Estado aprobó diversas reformas a la Ley de Salud del Estado de Michoacán.

Entre estas reformas se encuentra una al artículo 3 de la mencionada Ley, donde se reconoce el principio de interés superior de la niñez y establece que el Sistema Estatal de Salud debe aplicar acciones afirmativas para garantizar la equidad, el acceso y la calidad en la prestación de los servicios.

De la misma forma, se busca fortalecer el lenguaje normativo para reconocer expresamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir vacunas de manera oportuna y universal.

También se actualizó la fracción I del artículo 17 B, con la intención de complementar el listado de acciones que integran la atención materno-infantil, incorporando expresamente el fortalecimiento de la vacunación oportuna conforme a los esquemas definidos por la Federación, respetando la competencia concurrente y el principio de progresividad.

De la misma forma se adicionó una nueva fracción al inciso A del artículo 21, con lo que se refuerza la atribución del Sistema Estatal de Salud para coadyuvar en la aplicación de los esquemas nacionales de vacunación dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Es importante mencionar que estas reformas y adiciones, se formulan siempre bajo el respeto de los límites de competencia establecidos por el marco constitucional y legal, sin invadir las atribuciones exclusivas de la Federación en materia de diseño, financiamiento y garantía de programas de vacunación.

Las y los diputados locales aprobaron reformar el Código Penal y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica Municipal, ambas del estado de Michoacán, esto con la finalidad de proteger y apoyar a las personas de la tercera edad y con alguna discapacidad para que nadie cometa abuso de confianza en contra ellas.

En ese sentido se reformó el artículo 215 del Código Penal, para proteger los derechos de las personas de la tercera edad y de las personas con discapacidad, con el objeto de tipificar como conducta delictiva al abuso de confianza especifico por disposición de fondos de beneficios sociales, y conminar la misma con pena de prisión y multa.

De la misma forma se propone crear un mandato a las autoridades municipales para que brinden especial atención a las víctimas de este delito y les otorguen acompañamiento legal para denunciar y activar a las autoridades investigadoras y judiciales para no dejar esos hechos en impunidad porque las víctimas carezcan de recursos para costear un abogado.

En ese mismo sentido, se agrega el delito de abuso de confianza especifico por disposición de fondos de beneficios sociales, con lo que se busca proteger el patrimonio de personas adultas mayores y con discapacidad, que han sido víctimas de conductas antijurídicas, en que las personas que se encargan del uso de sus tarjetas disponen para sí, del dinero de la persona que les entrega las tarjetas en confianza.

Aunado a ello se propone agregar entre las facultades de los ayuntamientos, la de auxiliar a una persona mayor o con discapacidad cuando acuda e informe que ha sido víctima del referido delito, para que pueda presentar la denuncia correspondiente.

Con el objetivo de combatir la corrupción y recuperar la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad, el diputado Alfonso Janitzio Chávez Andrade presentó una iniciativa que propone la instalación de cámaras de videovigilancia en chalecos, cascos, patrullas y motocicletas de policías municipales y estatales en Michoacán.

La propuesta contempla que las grabaciones se realicen en tiempo real y queden registradas de forma íntegra, como una medida para transparentar los operativos, sanciones, detenciones y cualquier otra intervención de los cuerpos de seguridad y tránsito. “No se trata de vigilar a quien nos cuida, sino de garantizar que cada actuación sea profesional, legal y verificable”, puntualizó el legislador del PAN.

Chávez Andrade recordó que este modelo ya ha sido implementado con buenos resultados en municipios de Coahuila, Baja California y la Ciudad de México, así como en países como Canadá y Estados Unidos, donde las cámaras corporales han contribuido a una mejor capacitación policial y a la disminución de abusos de autoridad.

La iniciativa también prevé lineamientos claros para proteger la privacidad y los derechos humanos, incluyendo el uso adecuado de las imágenes, la prohibición del uso de celulares personales durante operativos y sanciones que van desde la amonestación hasta la baja definitiva por incumplimientos.

El plazo para implementar este sistema de videovigilancia será de 180 días naturales, y serán las autoridades estatales y municipales las responsables de adquirir, instalar y mantener el equipo, así como del resguardo de la información.

“Esta es una herramienta para proteger tanto a la ciudadanía como a los buenos elementos policiales. Si queremos recuperar la seguridad, debemos empezar por hacer del trabajo policial un ejercicio transparente, confiable y profesional”, finalizó el diputado.

Con el propósito de que haya una sociedad más democrática en Michoacán, es fundamental impulsar acciones significativas en relación con la perspectiva de género y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, razón por la cual las y los legisladores locales aprobaron diversas reformas a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del estado de Michoacán.

Con estas reformas se busca que las instituciones gubernamentales y las MYPIMES se vinculen haciendo especial énfasis en implementar acciones, medidas y políticas que ayuden y atiendan la perspectiva de género y la igualdad entre mujeres y hombres, con lo cual se pueda conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que la de los hombres, sean parte integrante de la elaboración y evaluación de las políticas y de los programas sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad.

Con estas reformas no solo se impulsa la competitividad económica, sino que también se contribuya a construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades para emprender y prosperar.

En el dictamen presentado por las Comisiones de Industria Comercio y Servicios y de Igualdad Sustantiva y de Género, se establece que “coincidimos en que la igualdad de género busca, entre sus principales objetivos, garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Esto abarca no solo el acceso a oportunidades económicas y laborales, sino también la promoción de relaciones equitativas en todos los aspectos”.

Con el propósito de atender las demandas sociales e impulsar políticas públicas en materia de educación, convivencia social y familiar, que a su vez se enfoquen en principios de crianza positiva y buen trato, Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, propuso que se adicionen los términos “crianza positiva y buen trato”, en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado.

Lo anterior lo presentó el líder parlamentario del PT ante el pleno durante la sesión de este miércoles, donde refirió que de acuerdo con investigaciones del doctor Paolo Pagliai, los métodos de educación que castigan en el proceso de aprendizaje, no son modelos que enseñanza para la libertad, ya que esto implica que los niños, niñas y adolescentes, reduzcan sus saberes lo que establezca una tercera persona en relación con lo que debe o no debe hacer.

“Se puede decir que la enseñanza impuesta de manera mecánica, condena a las niñas, niños y adolescentes a la perdida de su creatividad, personalidad y autonomía, llevándolos a una condición de subdesarrollo de sus capacidades intelectuales, psicológicas y emocionales”, explicó.

En ese contexto, detalló que la UNICEF en su conceptualización de crianza positiva, se refiere al conjunto de prácticas de cuidado y protección del desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, y tomando en cuenta aspectos tales como: edad, el respeto a sus derechos, el proceso evolutivo de las capacidades de cada menor, las cualidades y características con que cuenten en relación con sus intereses, motivaciones y aspiraciones y la consciencia de no incurrir en castigos físicos ni a tratos humillantes.

Con la convicción de seguir legislando por el bienestar de todas y todos los michoacanos, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Michoacán para impulsar una Política Estatal de Atención Integral a la Salud del Hombre.

Durante la sesión legislativa, la legisladora priista propuso reformar el artículo 31 de la Ley del Salud Estado, con el objetivo de reorganizar las acciones del sector salud para que también se visibilicen y atiendan de manera específica las necesidades de los hombres en materia de salud física y mental.

“La salud es un derecho de todas y todos, y no debe haber exclusión por género. Esta iniciativa propone que los hombres también sean considerados como sujetos que requieren atención, cuidado y prevención en temas como salud sexual, reproductiva, mental, biológica y social”, subrayó la diputada.

Entre los puntos más destacados de su propuesta se encuentran que la Secretaría de Salud del Estado elabore una Política Estatal de Atención Integral a la Salud del Hombre y que durante el mes de junio de cada año se organice una campaña estatal de sensibilización sobre el autocuidado y la salud integral de los hombres, dirigida tanto a la población como al personal médico.

Además de que dicha campaña esté enfocada en la promoción, protección y prevención de enfermedades que afectan principalmente al género masculino, incluyendo salud mental, enfermedades crónicas, infecciones de transmisión sexual y cáncer de próstata.

Adriana Campos explicó que, aunque se han dado pasos firmes en la lucha por la equidad de género, aún hay temas pendientes, como la atención específica a la salud del hombre, un sector que frecuentemente enfrenta barreras sociales, culturales y económicas para acceder a servicios médicos.

“La masculinidad hegemónica ha llevado a muchos hombres a descuidar su salud. Por ello, necesitamos políticas públicas que promuevan una nueva cultura del autocuidado masculino y fomenten la participación activa de los hombres en su bienestar y en el de sus familias”, añadió.

La diputada también propuso que, durante el mes de noviembre, conocido como «Noviembre Azul», se refuercen las actividades enfocadas en la detección y prevención del cáncer de próstata, una de las principales causas de muerte entre los hombres.

Finalmente, agradeció a las y los legisladores que se sumaron a esta iniciativa y reiteró su llamado a legislar con visión inclusiva y sin divisiones de género. “La salud es un derecho humano, legislemos para garantizarlo de manera igualitaria para mujeres y hombres por igual.”

Con el objetivo de homologar el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública con el Artículo 2 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado, las y los legisladores reformaron esta última.

A propuesta del ciudadano Víctor René Marroquín Becerril, la comisión de Gobernación, que preside el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera e integran los diputados Xóchitl Ruíz González, Grecia Aguilar Mercado y Brissa Arroyo Martínez, se realizó tal adecuación a la normativa.

Haciendo valer el lema de la 76 Legislatura, que establece que cada voz importa y cada idea cuenta, las y los legisladores avalaron la reforma presentada por un ciudadano, quien sustentó en su exposición de motivos que la Ley en mención, publicada en el año 1992, presentaba una inconstancia en dicho artículo.

Durante el debate legislativo, la diputada Brissa Arroyo Martínez destacó la importancia de la participación ciudadana, “porque con ella se construye la democracia; es muy grato que las personas se involucren en temas de carácter parlamentario, nosotros somos la voz en el Congreso de los ciudadanos”, subrayó.

Precisó que en anteriores legislaturas no se aprobaban iniciativas ciudadanas, se archivaban o desechaban; por ello, con dicha aprobación, “quedó plasmado que esta 76 Legislatura es diferente, escucha a los ciudadanos”, dijo; por lo que, invitó a la ciudadanía a presentar iniciativas y se involucren en las actividades del Poder Legislativo.

Con la reforma, se plasmó en el artículo 2 de la Ley de Entidades Paraestatales, que son entidades paraestatales las que se mencionan en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

El artículo de la Ley Orgánica al que se hace referencia, establece los tipos de entidades Paraestatales, las cuales son: los organismos públicos descentralizados; las empresas de participación estatal mayoritaria; los fideicomisos públicos; y, los que se establezcan conforme a la ley de la materia.

El diputado del PRD, Octavio Ocampo presentó ante el Pleno de la 76 Legislatura una iniciativa que busca establecer un procedimiento “expedito, gratuito y simplificado para la revalidación de estudios realizados en el extranjero en todos los niveles educativos”.

Señaló que el objetivo es garantizar el acceso equitativo a la educación para las personas migrantes que retornan a Michoacán, especialmente aquellas que interrumpieron sus estudios o concluyeron una formación académica fuera del país.

La propuesta responde al contexto migratorio de Michoacán, entidad que registra un alto índice de migración hacia Estados Unidos y un creciente número de personas en proceso de retorno. Durante la exposición de motivos, la falta de mecanismos eficaces para revalidar estudios representa un obstáculo para la integración social, educativa y laboral de quienes regresan, lo cual puede derivar en subempleo o en la interrupción de proyectos educativos.

La iniciativa plantea adicionar la fracción XX Bis al artículo 7 de la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes, y la fracción XVI al artículo 29 de la Ley de Educación del Estado.

En ambos casos, se establece la obligación de las autoridades de implementar procedimientos que reconozcan las trayectorias académicas de los migrantes retornados, especialmente niñas, niños y jóvenes en edad escolar, así como personas con formación profesional adquirida en el extranjero.

El legislador perredista indicó que, esta armonización legislativa busca dar cumplimiento a los principios constitucionales de derechos humanos y de acceso a la educación, ya contemplados tanto en la legislación federal como estatal. La medida también pretende fortalecer el desarrollo económico de la entidad mediante la incorporación de capital humano calificado al mercado laboral formal.