Legislativo

Con la intención de siempre privilegiar la transparencia, la legalidad y la imparcialidad en el proceso de selección de quién será el nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Justicia, del Congreso del Estado, llevaron a cabo las comparecencias de los aspirantes a ocupar este cargo.

La dinámica de este ejercicio consistió en darles a los aspirantes la posibilidad de exponer sus propuestas, planes, conocimientos, experiencia, idoneidad e ideas de trabajo hasta por cinco minutos; enseguida las y los legisladores formularon cuestionamientos; y los aspirantes tuvieron una nueva intervención de máximo tres minutos para darles contestación.

Los aspirantes que comparecieron fueron: Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza, Angélica María Aguilar García, Gabriela García de León Monter, Ana Luz Mila Barrera, Ángel Botello Ortiz, Josué Alfonso Mejía Pineda, David Daniel Romero Robles, Natalia Grisell Miranda García, Jorge Campuzano Balderas, Ricardo Villagómez Villafuerte y Alejandra González Hernández, además Pedro Antonhy Téllez López, también estaba citado, sin embargo, no asistió a su comparecencia.

Los temas sobre los que versaron las propuestas de las y los aspirantes, iban encaminadas en la reestructuración de la CEDH, la capacitación y profesionalización del personal; la modificación de la estructura y número de visitadurías, ampliar más las atribuciones y los municipios en los que existen; hacer de la CEDH un órgano verdaderamente autónomo pero en constante coordinación y comunicación con autoridades y organizaciones de la sociedad civil.

De esta forma, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, analizarán a fondo y de manera detallada la participación y exposición de todos y cada uno de los aspirantes, para posteriormente emitir un dictamen con los mejores perfiles y sea el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura quien designe al próximo presidente de la CEDH.

Las y los legisladores que estuvieron presentes en estas comparecencias fueron: Xóchitl Gabriela Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Conrado Paz Torres y Antonio Carreño Sosa, de la Comisión de Derechos Humanos, mientras que por parte de la Comisión de Justicia, asistieron las y los diputados: Anabet Franco Carrizales, presidenta; David Martínez Gowman y Giuliana Bugarini Torres, integrante.

Con el compromiso de fortalecer el trabajo de vigilancia sobre el uso de los recursos públicos, el Congreso del Estado de Michoacán lanzó la convocatoria abierta para elegir a tres nuevos auditores especiales que formarán parte de la Auditoría Superior del Estado.

El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Comisión Inspectora de la ASM, reiteró la invitación a la ciudadanía para que propongan o inscriban perfiles con capacidad, experiencia y honestidad. “Es momento de que la sociedad se involucre. Necesitamos personas comprometidas, que realmente quieran vigilar que el dinero público se use bien”, expresó.

La convocatoria está dirigida a quienes tengan vocación de servicio y conocimientos en fiscalización o administración pública. Se trata de cubrir tres espacios importantes: Auditoría de Normatividad, Auditoría Estatal y Auditoría Municipal.

Baltazar Gaona aclaró que el proceso será completamente transparente y sin favoritismos. “Queremos que la gente sepa que no hay línea ni imposición. Vamos a revisar cada perfil con seriedad, y las ternas que lleguen al Pleno serán resultado de un análisis profesional y ético”, aseguró.

Entre los requisitos principales están: tener título profesional con al menos cinco años, experiencia en temas de auditoría o administración pública, y no haber sido condenado por algún delito. Pero sobre todo, dijo el legislador, se busca que las y los aspirantes sean personas íntegras, con ganas de servir.

Las y los interesados, o quienes deseen proponer algún perfil, tendrán hasta el 9 de julio para entregar la documentación necesaria en el Congreso. Toda la información puede consultarse en la página oficial del Poder Legislativo.

“Invitamos a colegios, universidades, organizaciones y ciudadanía en general a participar. Esta es una oportunidad para que la Auditoría Superior se fortalezca con gente honesta, cercana al pueblo y con capacidad de hacer bien las cosas”, concluyó el diputado del PT.

El diputado Juan Carlos Barragán buscará que ningún ciudadano o ciudadana que no tuvo responsabilidad en un accidente vial tenga que pagar por el arrastre o resguardo de su vehículo, esto con la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

El diputado de Morena, reconoció que en Michoacán, ser inocente en un accidente vial no garantiza justicia. «Muchas personas, sin tener responsabilidad en un percance, terminan pagando altos costos por grúas y corralones”, apuntó.

“Si una persona no tuvo culpa, su vehículo debe ser liberado de inmediato y sin costo alguno. Y el dictamen que lo acredite deberá ser gratuito, porque no es justo que se cobre por demostrar tu inocencia”, expresó el legislador.

Esta iniciativa surge de la voz de muchas víctimas de accidentes viales, quienes además del daño físico o material, enfrentan cobros injustificados, demoras innecesarias y en algunos casos, extorsiones por parte de operadores de grúas y depósitos vehiculares.

“No estamos en contra del servicio, sino de los abusos. No se puede permitir que se lucre con la desgracia de las personas. Hay casos donde la gente termina pagando más que el valor de su carro, muchas veces usado para su trabajo diario. Es una doble injusticia pierden su patrimonio y su fuente de ingreso”, señaló Barragán.

La reforma también contempla los casos donde hay responsabilidad compartida cada persona involucrada pagará proporcionalmente lo que le corresponda, según lo determine la autoridad competente. Nada más y nada menos que lo justo.

Además, se establecerán obligaciones claras para concesionarios y autoridades. Quien no respete estas nuevas reglas enfrentará sanciones.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado refrendó el compromiso de la Septuagésima Sexta Legislatura para fortalecer el vínculo existente entre las y los diputados con la ciudadanía, propiciando su participación en la vida política de Michoacán.

Al dar la bienvenida en el Taller Ciudadano para la Formulación de Iniciativas, Giulianna Bugarini Torres reconoció la importancia de dotar a los michoacanos de las herramientas que les permitan acceder a una verdadera participación ciudadana, “para que puedan llevar su voz, exponer sus demandas colectivas, para que las y los diputados puedan abrazar sus iniciativas”.

Resaltó el impulso de su compañera Nalleli Pedraza al generar el taller, en donde se rompen paradigmas y establecen bases para hacer política de una manera distinta. “Lo que estamos haciendo aquí es fortalecer este vínculo que existe entre las y los diputados con nuestro pueblo. La Democracia no se acota nada más en el día de las elecciones la democracia se tiene que defender todos los días y cómo lo podemos hacer: participando”.

Giualliana Bugarini reafirmó que en el Congreso del Estado se labora de puertas abiertas y que la impartición del taller Ciudadano para la Formulación de Iniciativas, permite acercar a las y los ciudadanos las herramientas con las que pueden de incidir, pero también transformar al Estado.

La diputada Nalleli Pedraza destacó la importancia de la participación ciudadana y por ello, “es imperioso dotarla de herramientas como la iniciativa ciudadana, como un recurso para lograr transformaciones. A través de un ciudadano podemos lograr un gran cambio en lo que Michoacán requiere”.

Durante el taller dirigido por los Doctores Verónica Mayeli Herrejón López y Alberto Cañas García se definió que la figura de la iniciativa ciudadana es fundamental en la lucha de la transformación de una sociedad, con la que las y los ciudadanos puede incidir en la vida política del Estado, “es un reconocimiento al avance democratizador”.

Así mismo, se estableció que la figura contemplada en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana puede ser alcanzada por cualquier ciudadano michoacano, donde debe cuidarse durante su proceso constructivo, el planteamiento de lo que se desea crear, reformar o derogar, identificando un problema y sus posibles soluciones para formular una propuesta concreta con el articulado que se contemple.

Durante el taller se señaló que “en el corazón de un gran cambio social no hay gobiernos ni instituciones sin la voluntad inquebrantable de ciudadanos comprometidos”.

Bajo la premisa de que el Congreso del Estado sea una órgano y una institución promotora de la capacitación y la profesionalización de quienes laboran para el Poder Legislativo, la diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), enmarcó el inicio del “Curso-Taller buscadores jurídicos especializados.”

La legisladora local, señaló que la capacitación es fundamental para el trabajo legislativo, además de que la aplicación y el conocimiento de nuevas técnicas y herramientas tecnológicas para un mejor desempeño en la labor legislativa, es primordial para este Congreso del Estado.

“La formación constante y la actualización, son dos elementos básicos que deben distinguir a las y los servidores públicos de este Poder Legislativo, esto, sin lugar a dudas, hará que nuestro desempeño profesional sea una mejor labor en beneficio de la ciudadanía”, aseveró.

En su intervención, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas, informó que este tipo de capacitaciones, cursos y talleres, son fundamentales para que las y los trabajadores de este Poder Legislativo, en particular las y los secretarios técnicos de las Comisiones de Dictamen, encuentren los caminos y las rutas más fáciles para llegar a documentos como las tesis, las jurisprudencias y las iniciativas.

“Nosotros como sindicato siempre promoveremos la capacitación y actualización de la clase trabajadora de este Congreso del Estado, buscaremos siempre mejores herramientas para nuestros compañeros y desde luego, la generación de convenios con otras instituciones para lograr este propósito”, agregó.

En la presentación del “Curso-Taller buscadores jurídicos especializados”, estuvo presente: Fernando Chagolla Cortes, secretario de Servicios Parlamentarios; Alejandro Estrada Salinas, secretario de Administración y Finanzas; Edelmira Mendoza Moreno, Secretaría de Trabajo y Conflictos del STASPLE; Estrella del Rocio López Maciel, Directora de la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia “Ministro Felipe Tena Ramírez”; y Simón Vaca Suárez, ponente.

La diputada local por Morena y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Emma Rivera Camacho, celebró la aprobación unánime de la reforma constitucional que reconoce a la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como lengua oficial y parte del patrimonio lingüístico de Michoacán, calificándola como un acto de justicia social y de profundo contenido humanista.

Emma Rivera subrayó que esta reforma, es resultado del trabajo responsable y comprometido de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside, la cual atendió a las personas sordas y sus organizaciones, que durante años han luchado por ser visibles y por ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

“Hoy el Congreso ha dado un paso histórico. Reconocer a la LSM en la Constitución del Estado significa visibilizar a una comunidad que ha sido marginada, pero también es comenzar a construir un Michoacán donde el derecho a la comunicación y a la inclusión sea una realidad para todas y todos”, expresó.

Durante el proceso legislativo, la Comisión realizó reuniones de trabajo con asociaciones de personas sordas y evidenció, a través de ejercicios sin intérprete, las enormes barreras que enfrentan en su vida cotidiana. A partir de esa experiencia, la diputada propuso además un punto de acuerdo para que el INEGI levante datos específicos sobre esta población, con el fin de diseñar políticas públicas con sustento técnico y enfoque inclusivo.

La diputada morenista reiteró que esta reforma no es un fin, sino el inicio de una ruta de trabajo para que la inclusión no quede en el discurso, sino que se materialice en educación, servicios públicos y espacios donde el pueblo sordo tenga presencia y participación activa.

“Como legisladora del movimiento de transformación, celebro este avance humanista que pone en el centro al pueblo. Este logro es de las personas sordas, de su lucha y de quienes creemos en una sociedad donde nadie se quede fuera. ¡Vamos por un Michoacán más justo, más digno y verdaderamente incluyente!”, concluyó.

Durante el proceso legislativo para la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el diputado Toño Mendoza presentó una reservá para corregir una contradicción legal.

Explicó que la antinomia jurídica —una contradicción entre dos disposiciones legales— detectada, fue relativa al mecanismo para la designación del presidente del Órgano de Administración del Poder Judicial.

Ante esta situación fue que el legislador presentó una reserva que fue aprobada por el Pleno, con el objetivo de corregir dicha contradicción.

Con esta modificación, explicó el legislador, “se clarifica el marco normativo y se establece un único procedimiento para la designación de dicho cargo, lo que otorga certeza jurídica y fortalece la institucionalidad del Poder Judicial”.

En este contexto el diputado Toño Mendoza reafirmó su compromiso “con la legalidad, la técnica legislativa y la consolidación de un sistema judicial sólido, transparente y al servicio del pueblo michoacano”.

“Es un avance significativo en la protección de los derechos de las personas mayores, y se perfila la aprobación en el Congreso del Estado de Michoacán de una reforma legal que tipifica como delito grave el uso indebido de las pensiones del Bienestar”, remarcó el legislador Hugo Rangel Vargas.

El diputado por el Partido del Trabajo informó que esta iniciativa es impulsada y acompañada también por la diputada Anabet Franco Carrizales, de Morena, y “cuenta ya con amplio respaldo legislativo y se espera que sea votada en la próxima sesión”.

La reforma plantea modificar el artículo 215 del Código Penal estatal para sancionar con entre 6 y 11 años de prisión, multas de hasta 100 UMAs y la reparación del daño, a quien, aprovechándose de una relación de confianza, disponga del recurso económico de personas adultas mayores o con discapacidad sin su consentimiento.

Además, propone adicionar un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 88 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de que los ayuntamientos brinden acompañamiento jurídico y asistencia legal a las víctimas de este tipo de violencia económica.

“Durante mis recorridos por los municipios de Michoacán, cuando tuve el honor de trabajar en la Secretaría del Bienestar, escuché decenas de casos como el de una señora en la Meseta Purépecha, a quien su propio nieto le quitaba la mitad de su pensión bajo el pretexto de ‘hacerle el favor’ de retirarla”, recordó el diputado Rangel Vargas. “Esa realidad, dolorosa y cotidiana, es la que queremos cambiar con esta reforma”, enfatizó.

De acuerdo con cifras del DIF municipal de Morelia, el número de denuncias por abuso económico hacia personas mayores se ha triplicado en los últimos dos años, pasando de cuatro a más de diez denuncias mensuales, muchas relacionadas con el uso indebido de tarjetas del Bienestar.

Este fenómeno, reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una forma de maltrato grave, tiene efectos devastadores en la alimentación, salud y dignidad de las personas mayores. “No más piquetes de ojos, ni pellizcos, proteger la pensión es defender la dignidad. La vejez no puede seguir siendo sinónimo de abandono ni de abuso”, sentenció el legislador.

Rangel Vargas reiteró que esta pensión, elevada ya a rango constitucional, no es un regalo ni un favor, sino un derecho adquirido por quienes han trabajado toda su vida. En Michoacán, más de 588 mil adultos mayores reciben este apoyo, que representa una inversión bimestral superior a 3 mil 650 millones de pesos. “No vamos a permitir que uno de los programas sociales más nobles de la Cuarta Transformación se convierta en botín de abusadores. Esta reforma es una respuesta contundente, el que robe a un adulto mayor, pagará las consecuencias. Así de claro”, concluyó.