Legislativo

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado podrá conocer y en su caso canalizar ante las diferentes instancias los casos de violencia contra las personas de la diversidad sexual, LGBT+, y, de las personas dedicadas a la actividad periodística o relacionadas con la libertad de expresión en el estado.

Lo anterior, luego de que el Pleno Legislativo votó a favor de la reforma al artículo 71 de la Ley Orgánica y de Procedimientos, mediante la cual otorga mayores atribuciones a dicha comisión, para que conozca y dictamine sobre asuntos relacionados con la promoción, defensa, ejercicio, protección de las personas dedicadas a la actividad periodística o relacionadas con la libertad de expresión.

De acuerdo con la propuesta elaborada por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, la de Derechos Humanos podrá proponer acciones a corto y mediano plazo para impulsar reformas legislativas, establecimiento de prioridades y una agenda estatal, fomentar el desarrollo de políticas, planes y programas para el fortalecimiento de los Derechos Humanos, así como de las personas de la diversidad sexual, LGBT+, y protección de las personas dedicadas a la actividad periodística o relacionadas con la libertad de expresión.

Entre sus nuevas atribuciones, también se encuentra el impulso de políticas públicas para el respeto, promoción, defensa, ejercicio, protección y preservación de los derechos humanos, así como de las personas de la diversidad sexual, LGBT+, y de las personas dedicadas a la actividad periodística.

Por otra parte, las y los diputados aprobaron reformar el artículo 53 Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, mediante la cual se determinó que las comisiones de dictamen podrán ser integradas hasta por cinco diputadas o diputados y por un mínimo de tres, respetando la pluralidad con la finalidad de otorgar mayor certeza jurídica a sus resoluciones, y evitar la falta del quórum necesario para dictaminar.

En el Dictamen se estableció que con la reforma se garantiza la pluralidad y por otro lado, “que con un mínimo de tres integrantes, la resolución que emitan se refleje de una mejor manera legislativa y así darle mayor certeza jurídica en dicha resolución, y para mayor abundancia exista el menor problema por lo que ve a la determinación del quórum necesario para dictaminar”.

En sesión ordinaria de este miércoles, el diputado Hugo Rangel presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, con el objetivo de incorporar la figura de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) al marco jurídico estatal.

Esta propuesta busca regular el uso de scooters, motopatines eléctricos y bicicletas asistidas, estableciendo como obligatoria su inscripción en el Registro Estatal Vehicular, así como la obtención de licencia de conducir y tarjeta de circulación por parte de quienes los operan.

La iniciativa parte de una realidad urgente, la movilidad es un derecho humano, pero no puede existir sin seguridad. El uso creciente de vehículos eléctricos personales ha generado nuevas formas de interacción en las vialidades, muchas veces sin reglas claras, generando conflictos con peatones, automovilistas y ciclistas.

“El derecho a movernos como queramos debe garantizarse, pero también debe ordenarse con responsabilidad. No podemos esperar a que ocurran accidentes para actuar”, señaló el legislador.

Ante el crecimiento urbano en diversas ciudades de Michoacán, la densificación de las zonas metropolitanas y la necesidad de contar con opciones de transporte más accesibles y sostenibles, los VEMEPE se han consolidado como una alternativa viable. No obstante, su proliferación sin regulación ha generado quejas ciudadanas y vacíos legales que ponen en riesgo tanto a los usuarios como a terceros. Por ello, la reforma plantea que estos vehículos sólo puedan circular si están debidamente registrados y si sus conductores cuentan con licencia, homologando así su estatus con el resto del parque vehicular del estado.

El espíritu de esta iniciativa es claro: propiciar una movilidad urbana sustentable que respete la vida, la integridad y el derecho de todas las personas a desplazarse con libertad y seguridad. “No estamos en contra de ninguna forma de transporte, estamos a favor de que todas convivan en condiciones de respeto, orden y legalidad”, enfatizó Hugo Rangel. La iniciativa también retoma compromisos internacionales asumidos por México en la Agenda 2030 de la ONU, particularmente los relacionados con la seguridad vial, la sostenibilidad y la inclusión.

Al reformar artículos de la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y, a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, el Pleno Legislativo estableció que el Gobierno del Estado deberá definir como uno de sus objetivos institucionales, vigilar, combatir y erradicar, tanto las barreras de acceso y permanencia en igualdad a los espacios laborales, así como la aún existente brecha salarial en función del género.

En el Dictamen propuesto por las comisiones unidas de Igualdad Sustantiva y de Género, así como del Trabajo y Previsión Social, se definieron reformas a los artículos 2°, 17, 35 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo; para definir la brecha salarial de género como la diferencia de retribución salarial por razones de género, respecto a la realización de un trabajo remunerado de igual valor.

También incluyeron en el marco jurídico el establecimiento de medidas tendientes a erradicar en todos los ámbitos de la vida profesional y laboral la brecha salarial de género; mandata revisar los sistemas fiscales para superar los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo o género y la brecha salarial de género; y a fomentar el acceso al trabajo de las personas que, debido a su sexo o género, están relegadas de puestos directivos.

Respecto a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó reformas al artículo 7, 11, y 40, donde se especifica que las autoridades están obligadas en ejercicio de sus atribuciones y funciones, a promover mecanismos y acciones tendientes a garantizar la igualdad salarial, entre hombres y mujeres.

Cabe destacar que el Dictamen las diputadas y diputados coincidieron en la necesidad de homologar la legislación con las recientes reformas a fin de garantizar la igualdad sustantiva y de género, específicamente en materia de brecha salarial, “ya que responden a los cambios económicos, sociales y culturales en favor de los derechos de las mujeres. Las iniciativas materia de estudio, tienen como objetivo erradicar la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres por realizar trabajos de igual valor”.

En su redacción, se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que la Política Nacional deberá considerar el establecimiento de medidas tendientes a erradicar en todos los ámbitos de la vida profesional y laboral, la brecha salarial de género, con el diseño, implementación, ejecución y evaluación de políticas públicas y medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo; así como la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres en los sectores público, privado y social.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un contexto libre de maltrato o violencia y a que se resguarde su integridad, señaló Teresita Herrera Maldonado, coordinadora de diputados del PAN, al presentar una reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán.

Tere Herrera explicó que con esta iniciativa se pretende visibilizar las diferentes formas de maltrato y violencia familiar, con la finalidad de construir entornos seguros para la infancia y proteger a las víctimas, así como recolectar datos e indicadores que permitan diseñar acciones más eficaces.

“Para el Partido Acción Nacional, la familia es eje y centro de la sociedad, cuando esta se rompe o fragmenta, las repercusiones son terribles. Por eso, esta iniciativa busca implementar acciones urgentes para visibilizar y en consecuencia, erradicar la violencia en contra de la infancia y contemplar legalmente lo que es maltrato y violencia familiar”, abundó.

La legisladora advirtió que de acuerdo con cifras de Aldeas Infantiles SOS México, el 63 por ciento de las niñas y niños han sufrido algún tipo de violencia; lo que obliga a actuar con urgencia para detener estas prácticas que lastiman a este sector.

“Tenemos presente que las madres, padres y tutores, son las y los encargados de brindar la educación y formación de sus hijas e hijos. Pero desde casa, en el hogar, es decir, en la familia, es donde se tiene que sembrar la cultura del diálogo, la protección, el amor, los valores, los límites, los acuerdos, los principios de respeto a la autoridad, lo cual a su vez se verá reflejado en su actuar social”.

Detalló que los niños expuestos a situaciones de violencia presentan mayores riesgos de desarrollar trastornos psicológicos, dificultades en el rendimiento escolar y problemas en sus relaciones interpersonales, además de repetir estos patrones en la edad adulta; por lo que apuntó que es urgente que el Estado adopte medidas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra los menores.

Esta iniciativa contempla visibilizar en la Ley cualquier tipo de violencia que se ejerce contra niñas, niños y adolescentes, como física, psicológica, sexual, negligencia en los cuidados alimenticios y la no protección en situaciones de peligro o abuso, afectación emocional y afectiva, laboral y económica, violencia institucional, dentro de escuelas, hospitales, centros de atención o instituciones por parte del personal responsable.

Finalmente, Herrera Maldonado enfatizó que esta reforma fomentará la creación de políticas públicas de protección, rutas de atención interinstitucional y protocolos de intervención adecuados para cada caso.

Presenta Fabiola Alanís reforma integral para mejorar seguridad de las mujeres
*Se establece la creación de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos de Género y se fortalecen órdenes de protección
*Adelantó que se requieren reformas para atención y sanción de la violencia política en razón de género

Morelia, Michoacán, a 2 de julio de 2025.- Armonizar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en Michoacán, conforme a las reformas constitucionales enviadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, garantizará que las mujeres michoacanas cuenten con servicios suficientes, adecuados, especializados e integrales para la atención y el acceso a la justicia, explicó la diputada Fabiola Alanís Sámano, al presentar la iniciativa ante el pleno del Congreso del Estado.

En sesión ordinaria de este miércoles, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena señaló que esta iniciativa de reforma integral de la ley obligará a un mejor funcionamiento de las instituciones, que contribuirá a mejorar la seguridad y la atención integral para quienes viven violencia en razón de género en Michoacán.

Cabe destacar que esta iniciativa consiste en el fortalecimiento de principios y en la mejora de los procesos de coordinación entre estado, municipios y concejos municipales, para desplegar las acciones encaminadas a garantizar el derecho de las mujeres, las jóvenes y las niñas a una vida libre de violencia.

Agregó que un elemento fundamental es la obligación de fortalecer y contar con los recursos suficientes para la creación de fiscalías especializadas en la atención a delitos de violencia de género, la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres y el sostenimiento de refugios especializados; además, se propuso armonizar el apartado referente a órdenes y medidas de protección, que serían operadas y monitoreadas por la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de otorgar protección inmediata a mujeres en situación de riesgo.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado adelantó que se requieren reformas adicionales para que las instituciones michoacanas respondan a las necesidades de las mujeres, principalmente, para que se elimine la concepción de que la violencia contra las mujeres es un asunto del ámbito privado; por lo que consideró necesario modificar diversos ordenamientos para alinearlos a las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Entre éstos, señaló la diputada Fabiola Alanís, se encuentran los procedimientos y las atribuciones de las instituciones encargadas de atender y sancionar la violencia política por razón de género, que aún es un pendiente por resolver en la entidad dentro de estructuras como la del Instituto Electoral de Michoacán y del propio Congreso del Estado.

El diputado Toño Carreño Sosa, presentó una iniciativa para que sea una obligación en todos los centros de trabajo públicos, la creación de lactarios.

En tribunal, el legislador por Movimiento Ciudadano consideró que los derechos humanos deben ser respetados desde el Estado y en todos los poderes públicos que representan.

Así, indicó, se propone reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, debido a que actualmente vivimos una contradicción profunda: el Estado reconoce el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijas e hijos, pero no les proporciona los espacios adecuados para hacerlo de manera digna, segura e higiénica.

Para la bancada naranja es muy importante, agregó Toño Carreño, que se les otorguen las condiciones completas a las madres que necesitan amamantar a sus pequeños, ya que deben garantizarse todos los medios para un adecuado desarrollo de las infancias.

«Sabemos por evidencia científica y por acuerdos internacionales que México ha ratificado, abundó el legislador, que la lactancia materna es clave para ese desarrollo. No es una recomendación médica: es un derecho humano de la infancia y de las madres”, remarcó.

El diputado lanzó el cuestionamiento de “¿cómo puede el Estado predicar con el ejemplo si ni siquiera cumple con las condiciones mínimas establecidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2021, que señala con claridad los criterios para la instalación de lactarios?”.

Entonces, dijo, este “es un problema estructural que afecta de manera particular a las mujeres trabajadoras del sector público, y que se agrava en comunidades marginadas, rurales o indígenas. Ahí donde ser madre, trabajadora y cuidadora es un triple esfuerzo que no cuenta con respaldo institucional”.

«En Michoacán, como en muchos otros estados, persiste un rezago en la implementación de políticas que reconozcan de manera integral los derechos reproductivos y laborales de las mujeres”, añadió.

Finalmente, Toño Carreño dijo que no se trata solo de justicia social; “invertir en lactarios no es un gasto: es una decisión estratégica que fortalece la administración pública, promueve la salud y garantiza derechos. Es una obligación moral, jurídica y constitucional; es verdaderamente legislar con perspectiva de género”.

En aras de abonar a la prevención de accidentes viales donde se vean involucrados transportistas, la diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), Diana Mariel Espinoza Mercado, presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán.

Tras resaltar que, en la entidad, se ha dejado de lado la atención y prevención, así como el control y vigilancia del transporte público, Espinoza Mercado refirió que se debe garantizar a los ciudadanos, el acceso a la movilidad con seguridad.

Por lo anterior, la propuesta presentada busca la reforma a la ley antes citada, en su fracción IV, y adicionar una fracción V Bis al artículo 46, para que, en coordinación con el Instituto del Transporte o sus similares, se implementen operativos de prevención.

“Esta disposición tiene como finalidad prevenir la operación de vehículos de servicio público por personas que puedan representar un riesgo por consumo de sustancias que alteren sus capacidades psicomotrices”, expresó.

Diana Espinoza señaló que, si bien existen normas que regulan el transporte público, “no se aplican controles efectivos ni sistemáticos sobre la salud y condiciones psicofísicas de los operadores”, lo que genera un vacío que pone en riesgo a usuarios, peatones y a los trabajadores del volante.

Resaltó que esta medida no busca sancionar, sino prevenir y proteger a los ciudadanos usuarios del transporte público en Michoacán, para garantizar el acceso a un servicio seguro y de calidad.

La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes, para su análisis y curso correspondiente.

“Ponderar la justicia social y la defensa de los derechos humanos de todas y todos los michoacanos, será una prioridad para elegir a quien deba ser el nuevo ombudsperson michoacano”, aseguró el Diputado del Distrito 14 de Uruapan Norte, Conrado Paz Torres.

Lo anterior, en el marco de las comparecencias de los aspirantes a la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos(CEDH), durante las cuales, Paz Torres, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, se comprometió a elegir un perfil con experiencia ,capacidad y humanismo que le permita servir con el mayor compromiso a esta noble institución.

El Diputado por Uruapan Norte, insistió en la urgencia de que Michoacán cuente con un ombudsperson que trabaje de la mano de la gente, que mantenga diálogo abierto con la sociedad civil organizada y que conozca la realidad que viven las y los michoacanos, particularmente la de aquellos que viven en las zonas más violentas y vulnerables de la entidad.

«Los desafíos que viven las y los michoacanos, demandan una Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que defienda a las personas frente a las injusticias; que denuncie las violaciones a los derechos que se cometen todos los días en la entidad, por lo que nosotros pediremos que quien asuma esta gran encomienda, innove y lidere un cambio profundo en la CEDH para que su labor se traduzca en una realidad más justa para todas y todos», aseguró.

Finalmente, Paz Torres hizo un reconocimiento a los 11 aspirantes que presentaron sus propuestas para dirigir los trabajos de la CEDH durante los próximos años, de quienes se reafirmó como un aliado “para la reconstrucción del sentido de justicia social y la protección de los derechos humanos de las y los michoacanos”.